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Economía colombiana: Bloqueos dejan pérdidas en el agro por $3,6 billones | Economía

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Economía colombiana: Bloqueos dejan pérdidas en el agro por $3,6 billones | Economía

De acuerdo con un balance del Ministerio de Agricultura los bloqueos de carreteras en el último mes han dejado pérdidas en el sector agropecuario que ascienden a cerca de $3,6 billones.El panorama resulta alarmante, teniendo en cuenta que esta cifra es muy superior a las pérdidas registradas en todo el tiempo que lleva la emergencia por Covid 19”, explicó el ministro Rodolfo Zea.

(Lea: Las críticas al Comité del Paro por promover la ‘toma de Bogotá’)

La situación tiene en peligro 1,8 millones de empleos directos e indirectos en el sector agropecuario, poniendo en riesgo la estabilidad económica de 1,4 millones de familias campesinas y pérdidas billonarias para el agro colombiano”, señaló el ministro.

(Lea: Autoniza, uno de los concesionarios afectados por el paro nacional)

Además agregó que en abastecimiento, en mayo se puso en riesgo la seguridad alimentaria del país, pues en las 29 Centrales Mayoristas del país, se presentó la menor cantidad de alimentos que ingresaron a estos centros de abasto en los últimos tres años, con 447.478 toneladas. “Ni siquiera en el 2020 se registró esta disminución, a pesar de los aislamientos preventivos por la pandemia”, agregó.

(Lea: Paro nacional y una semana clave: qué pasará con las negociaciones)

Uno de los temas que más afecta los costos de los productores agrícolas y pecuarios tiene que ver con el valor de los agro insumos; en tal sentido, el jefe de la cartera agropecuaria indicó que en el último mes se han presentado grandes dificultades.

En caso de maíz, trigo, torta de soya y granos en general, se tienen represadas en el puerto de Buenaventura aproximadamente 378.375 toneladas, lo cual ha incidido en un aumento del precio de los alimentos balanceados en un 10%, solo durante el mes de mayo.

En cuanto a las exportaciones de productos de origen agropecuario, Zea Navarro destacó que en el mes de abril de 2021 se registró el valor más alto de la historia, las cuales alcanzaron los 3.105 millones de dólares con un crecimiento del 21% en comparación con el mismo período en 2020, pero a causa de los bloqueos, se proyecta que el crecimiento esperado en mayo se reduzca en más de 30%, lo que equivale a una caída cercana a los 196 millones de dólares, según datos del Ministerio de Comercio Industria y Turismo.

Las pérdidas que han tenido los productos exportables del sector agropecuario son preocupantes y afectan especialmente a subsectores como café, banano, aguacate, tilapia y azúcar, con un impacto total estimado que oscila en 121.012 toneladas y 226 millones de dólares”, dijo Zea.

El ministerio también calculó el impacto en las diversas cadenas productivas:

Arroz
Al sector arrocero, del que dependen cerca de 400 mil familias en todo el país, los bloqueos le han impedido movilizar aproximadamente 464.000 toneladas de arroz paddy seco que se encuentran represadas en la región del Casanare y el Ariari, generando escasez en el centro del país. Con ello está en riesgo la cosecha del segundo semestre 2021, estimada en 2,5 millones de toneladas de paddy verde y 375 mil empleos.

Café
El café colombiano ha tenido dificultades para llegar al Puerto de Buenaventura, que tiene en riesgo parte de la exportación y pérdida de clientes finales, afectando a los productores. La Federación Nacional de Cafeteros estima que durante el mes de mayo se dejaron de exportar alrededor de 700.000 sacos que equivalen a más de USD 190 millones de dólares que corresponden a más de $700.000 millones que no llegaran a los pequeño y medianos productores del sector.

Sector Lácteo
321.361 pequeños productores de leche y sus familias, han sido afectados por los bloqueos al no poder vender su producción de manera continua. Los departamentos más afectados son: Nariño, Cauca, Valle del Cauca, Cundinamarca y Boyacá. Se estima que al 4 de junio se han dejado de acopiar cerca de 47 millones de litros de leche, que ha dejado de llegarle a la mesa de los colombianos y que significan pérdidas a los campesinos de cerca de $50.000 millones.

Cacao
Los bloqueos tienen represadas en el departamento de Arauca aproximadamente 1.200 toneladas de cacao, se estima que están perdiendo en promedio $9.000 millones de pesos.

Hortifrutícultura
Los bloqueos en las vías, en Huila han afectado a miles de campesinos que siembran frutas y hortalizas, impidiendo el transporte de aproximadamente 8.104 toneladas que no pudieron llegar a los consumidores colombianos y produjeron pérdidas a los campesinos huilenses.

Caña de Azúcar
Debido a los bloqueos en las carreteras del Cauca y Valle del Cauca y las amenazas contra los ingenios azucareros y los cultivadores de caña, se han puesto en riesgo 286.962 empleos. Más de 115.00 toneladas de azúcar, 14 millones de litros de alcohol y 27 millones de kilovatios de energía eléctrica se han dejado de producir por las amenazas que ha recibido este sector, si continúa trabajando. Las pérdidas económicas estimadas durante este mes de paro superan los $498.500 millones.

Sector Avícola
Por culpa de los bloqueos a la fecha hay más de mil productores afectados, especialmente en los departamentos Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Santander, Eje Cafetero, y Meta. A la fecha, hay más de 120 millones de aves en riesgo de muerte por falta de alimento. Hay más de 30.000 toneladas de pollo y 180 millones de huevos represados que no han llegado a la red de distribución y que están en riesgo de perderse.

Sector Porcicola
Pequeños y medianos porcicultores vienen presentando graves afectaciones, como el riesgo de muerte por falta de alimento de sus animales. Las regiones de mayor afectación son Valle del Cauca y Meta, en donde se tiene en riesgo un inventario de 3.750.000 cabezas, localizado en 5.700 predios que consumen 4.250 toneladas/día de alimento. Se encuentran 80.000 empleos en riesgo.

Sector Acuícola
Los bloqueos han puesto en riesgo cerca de 50.000 empleos, de los cuales, el 90% corresponde a pequeños acuicultores y de subsistencia. Ya se han perdido 3.200 empleos directos. No se ha permitido transportar cerca de 15.000 toneladas de pescado y no ha sido posible la siembra de 30 millones de alevinos. La producción que actualmente se encuentra represada en las fincas representa cerca de $70.000 millones, los cuales terminarían perdiéndolos los pequeños y medianos acuicultores.

Sector Cárnico Bovino
Por culpa de los bloqueos se ha presentado una disminución en el sacrificio de aproximadamente 211.000 cabezas de ganado equivalentes a aproximadamente 50.000 toneladas de carne en canal.

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Presidenta de Acolgen habla sobre subasta de contratos de largo plazo | Infraestructura | Economía

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Esperamos que la subasta de contratos de largo plazo sea exitosa y permita seguir diversificando nuestra matriz, cumpliendo con los compromisos de mitigación en el lucha contra el cambio climático y esperando que nuestras empresas tengan un rol protagónico en el concurso público del Ministerio de Minas y Energía“.

La afirmación es de Natalia Gutiérrez, presidenta ejecutiva de la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgen) y quien en diálogo con Portafolio subrayó que la electrificación y descarbonización que la transición energética requiere, implica necesariamente la penetración cada vez mayor de fuentes de generación de bajas emisiones, para todas las tecnologías, convencionales y no convencionales, como las pequeñas centrales hidroeléctricas (PCH).

¿Cuál es la expectativa por la próxima subasta de contratos de largo plazo?

Esperamos que la subasta sea exitosa y permita seguir diversificando nuestra matriz, cumpliendo con los compromisos de mitigación en el lucha contra el cambio climático y esperando que nuestras empresas tengan un rol protagónico en el concurso público. Un tema prioritario que está relacionado con este tema debe seguir siendo la entrada en operación de los proyectos que ya fueron contratados tanto en la subasta del 2019, como en el Cargo por Confiabilidad, siendo así herramientas efectivas dentro de la reactivación económica.

¿Cuál es la opinión con respecto a esta subasta?

Hay que revisar, para futuras oportunidades, si este mecanismo de subastas exclusivas es el más adecuado o si se sigue garantizando, como hasta ahora, la libre competencia entre tecnologías, ya que todas se encuentran en precios de mercado competitivos, lo que se puede traducir en beneficios para el consumidor final en eficiencia y en precios.

¿Es necesaria la entrada de más proyectos renovables a la matriz?

La electrificación y descarbonización que la transición energética requieren, implica necesariamente la penetración cada vez mayor de fuentes de generación de bajas emisiones para suplir los crecientes incrementos de demanda que provendrán de la electrificación del transporte y la electrificación de los usos industriales. No obstante, la penetración de nuevas tecnologías en el sistema debe ser armónica con el marco legal y regulatorio existente, manteniendo los principios de mercado sobre los cuales el sector se ha construido.

¿Cuáles son las observaciones frente a la subasta?

Los mecanismos administrados, centralizados y diferenciados por tecnología deben ser temporales, entendiendo que distorsionan y segmentan el mercado, por un lado, y que las tecnologías renovables no convencionales han alcanzado paridad de costos con las convencionales, por el otro. Además, estas subastas deben partir de esquemas de mercado con neutralidad tecnológica y participación voluntaria, especialmente para los usuarios regulados.

¿Está garantizada la confiabilidad del sistema en generación en el 2022?

Según el balance ENFICC vs Demanda anual publicado por la UPME, el país estaría cubierto con suficiente energía firme para el 2022. Se presentó un pequeño déficit en el 2021 al compararlo con las proyecciones del 2019 las cuales fueron actualizadas debido a la pandemia y no hubo necesidad de expandir el sistema gracias a la caída de demanda que se sufrió. De todas maneras, para poder asegurar que el país cuente con energía firme hasta el 2026 se deberá dar el impulso necesario para que los proyectos que hoy en día se encuentran en desarrollo puedan cumplir con sus fechas de entrada y así el país pueda estar seguro que la energía que necesitará estará allí disponible.

¿Las PCH garantizarían la confiabilidad del sistema?

Todas las tecnologías tienen atributos que aportar en la transición energética. Las PCH se caracterizan por brindarle al sistema un servicio eléctrico de cero emisiones, dada su condición de renovable. Y el marco regulatorio que se ha construido para apoyarlas, han permitido el aprovechamiento a baja escala de una de las ventajas estratégicas más grandes de nuestro país, la abundancia del recurso hídrico para generación de electricidad.

Viene el congreso del gremio, ¿cuál será el aporte al sector?

El sector eléctrico es un conjunto de actividades que en los últimos años han estado en el centro de innovaciones, no sólo tecnológicas, sino también de nuevos modelos de negocios y servicios. Adicionalmente, por el contexto sostenible y ambiental, local e internacional, y el aporte que desde la transición energética puede hacer la industria eléctrica, estamos sujetos también a discusiones de índole política.

ALFONSO LÓPEZ SUÁREZ
Periodista Portafolio

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Áreas que Colombia tiene para desarrollo petrolero | Gobierno | Economía

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Áreas que Colombia tiene para desarrollo petrolero | Gobierno | Economía

Una de las cartas con las que la nación se juega el futuro energético, para garantizar el autoabastecimiento de petróleo y gas, es la que busca fortalecer la reactivación de la operación hidrocarburífera del país, con la ‘Ronda Colombia 2021’.

El proceso, que es prácticamente el cuarto ciclo del Proceso Permanente de Asignación de Áreas (Ppaa), fue lanzado de manera oficial por el Ministerio de Minas y Energía (MME) y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).

Este proceso competitivo tiene la novedad del ofrecimiento de ocho áreas para evaluación técnica (TEA’s), de las cuales cuatro están ubicadas en el océano Pacífico, frente a las costas de los departamentos de Valle, Cauca y Nariño; tres más, en tierra, en el departamento del Chocó, en tanto que una más se localiza también en el mar, pero en el golfo de Urabá”, señaló Armando Zamora, presidente de la ANH.

La oferta se complementa con 20 áreas de exploración y producción (E&P), en zonas ya maduras para crudo liviano, gas natural y crudo pesado. Así del total de bloques que se pondrán en vitrina, hay 10 áreas con potencial de gas, y las 18 restantes, para petróleo.

Además, se ofrecerán otras cuatro áreas libres, las cuales serán nominadas por las empresas petroleras interesadas en desarrollarlas.

Desde agosto de 2018 a la fecha se han firmado 35 contratos de exploración y producción de hidrocarburos, luego de cinco años sin firmar un solo convenio en el país, lo que le da más impulso a esta reactivación petrolera que es importante además para la redinamización económica”, recalcó el viceministro de Minas, Miguel Lotero.

Por su parte, Diego Mesa, ministro de Minas y Energía, recalcó que, “en casi tres años el Gobierno Nacional a través del PPAA ha ofertado 67 bloques para E&P de petróleo y gas natural, lo que contribuirá al aumento de las reservas de hidrocarburos y mejorar la autosuficiencia energética de Colombia”.

Se atraerán al país inversiones adicionales y se generarán nuevas oportunidades de empleo para seguir cerrando brechas en las regiones

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Del total de los bloques que son ofertados por la ANH, cinco están en costa afuera (offshore) y 23 en áreas continentales (onshore), ubicadas en nueve cuencas: cuatro comerciales (Valle Inferior del Magdalena, Valle Medio del Magdalena, Valle Superior del Magdalena y Llanos) y cinco fronteras (Urabá, Sinú – San Jacinto, Chocó Continental, Chocó Offshore y Tumaco Offshore), es decir, que han sido poco exploradas anteriormente.

Como país gozamos de condiciones contractuales atractivas, una prospectividad prometedora y un nuevo mapa de tierras con áreas predefinidas para que las compañías nominen sus propios bloques, sumado a una gran oferta por parte de la ANH”, recalcó Zamora.

El funcionario subrayó que, “además, contamos con un moderno modelo de asignación de áreas que busca incentivar la perforación exploratoria como camino para aumentar las reservas e incrementar la producción”.

Las condiciones están dadas para que los inversionistas aprovechen este amplio portafolio de oportunidades que ofrece la Ronda Colombia 2021

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Así mismo, en el concurso público se implementará nuevamente la tecnología blockchain en las audiencias para la postulación de ofertas y contraofertas, teniendo en cuenta el éxito que tuvo en el piloto ejecutado en el tercer ciclo. “Esta herramienta brindará mayor transparencia y confiabilidad en el proceso”, dijo Zamora.

Las áreas E&P que está ofreciendo la ANH cuentan con información disponible de sísmica y aspectos técnicos, sociales y ambientales. Además, para cada una de ellas se está adelantado un Procedimiento de Coordinación y Concurrencia Nación-Territorio con el fin de facilitar un relacionamiento claro e informado entre autoridades, comunidades y empresas operadoras.

Esperamos que en la minuta definitiva se den señales importantes que agilicen los nuevos proyectos y permitan viabilizar nuevas inversiones. Colombia tiene un potencial muy grande de gas natural que podría incluso darnos reservas por más de 100 años. Pero para lograr aprovechar esa gran prospectividad se necesita apoyar e incentivar a la industria para ampliar la frontera de hidrocarburos costa afuera, y en yacimientos convencionales y no convencionales (YNC)”, indicó Andrés Sarmiento, presidente (e) de la Asociación Colombiana de Gas Natural (Naturgas).

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Cinco aspectos principales de la nueva Ley de Vivienda y Hábitat, por Juan Manuel González | Gobierno | Economía

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Cinco aspectos principales de la nueva Ley de Vivienda y Hábitat, por Juan Manuel González | Gobierno | Economía

Con la reciente expedición de la Ley 2079 de 2021, mejor conocida como Ley de Vivienda y Hábitat, Colombia reconoce la política pública de hábitat y vivienda como una política de Estado y da un salto significativo hacia la construcción de ciudades más ordenadas y la ejecución de una política habitacional que garantice el derecho a una vivienda y hábitat dignos para los colombianos tanto en el ámbito rural como urbano.

La Ley tiene cinco aspectos centrales que cabe destacar. En primer lugar, como ya se dijo, que consagra principios fundamentales al elevar a política de Estado la política pública de vivienda y hábitat. Esto va a cambiar la participación del gobierno nacional y de los gobiernos departamentales, distritales y municipales no solo en su reglamentación, sino en la creación de políticas de gobierno y planes de desarrollo a nivel territorial. Al convertirse en política de Estado, la vivienda deja de ser un asunto de oportunidad política para establecerse como una obligación en todo el desarrollo legislativo y administrativo que conlleva.

En segundo lugar, introduce elementos fundamentales para mejorar la financiación de vivienda urbana y establece cambios en las reglas del financiamiento hipotecario, por ejemplo, ampliando el plazo de 30 años para el pago de créditos. Lo propio ocurre con la posibilidad de vender inmuebles que hubieran sido subsidiados y con las tasas que debe cobrar el Fondo Nacional del Ahorro, entre otros aspectos. Estas herramientas de financiación van a permitir armonizar la posterior reglamentación en función del anhelo principal de miles de colombianos, que es el de poder adquirir vivienda en condiciones mucho más favorables. De paso, se avanza en el objetivo de reducir el déficit habitacional cuantitativo y cualitativo en el país mediante el aumento de subsidios, y la financiación a la demanda y la promoción de la oferta y el suelo urbanizable.

Un tercer aspecto a destacar, es el aporte que hace en cuanto a normas para la ordenación del territorio con criterio técnico y seguridad jurídica. En este sentido, la es una ley de avanzada. Esta seguridad jurídica cobija a los servidores públicos pero también a los propietarios de la tierra, desarrolladores e inversionistas, y desde luego, a los compradores de vivienda. Brinda seguridad jurídica al definir, por ejemplo, los límites entre acción y actuación urbanística, estableciendo por fin, qué derechos se derivan de una y otra en cuanto a las potestades que se tienen para expedir las normas urbanísticas de uso y aprovechamiento del suelo (acción urbanística); y asimismo, la capacidad que tiene el Estado de otorgar permisos y licencias (actuación urbanística). Aporta enorme claridad sobre dónde están los derechos consolidados y dónde las expectativas de derecho. Los jueces que resuelvan conflictos en estas materias también tendrán esa misma claridad a la hora de proferir sus fallos.

Juan Manuel González, socio fundador de Pinilla, González & Prieto Abogados.

Archivo particular

Sumado a lo anterior, vale señalar que la nueva Ley apuesta por un ordenamiento del territorio en el que predominen los criterios técnicos y no los intereses políticos de los gobernantes de turno.

En cuarto lugar, representa un avance en cuanto a los instrumentos de financiación del desarrollo urbano. Con ella se incorpora a la legislación colombiana el anhelo de aplicar la plusvalía en la ejecución de obras de carga general al interior de los suelos que hubieren generado la participación en dicha plusvalía. Aunque la figura ya estaba en la legislación colombiana, ganó mucha más claridad. Todo esto facilitará que, a través de las herramientas de gestión y actuación, se puedan ejecutar los recursos obtenidos por plusvalía en la infraestructura matriz de servicios públicos, sistemas de transporte público masivo, infraestructura de malla vial o equipamientos, entre otros.

Aquí cabe decir que la Ley aporta reglas muy importantes para la financiación de infraestructura de servicios públicos domiciliarios a través de vehículos jurídicos como el fideicomiso, que permite atraer inversión de distintos sectores. Esta inversión puede ser recuperada a través del mecanismo fiduciario según las reglas que para ello establezcan fideicomitentes, beneficiarios y promotores.

Por último, incorpora normas generales que permiten reglamentar la participación ciudadana en las acciones urbanísticas y en especial en los planes de ordenamiento territorial, POT. En este sentido, quiere dar un salto hacia un modelo mucho más leal de participación democrática en el ordenamiento del territorio, permitiendo que los ciudadanos se involucren mucho más en la formulación y adopción de los POT. Porque quien aporta en la construcción de un POT se apropia de él y se vuelve su defensor. Lo conoce y sabe lo que representa en términos de calidad de vida para su comunidad.

Asimismo, adopta elementos de espacio público que, aunque tímidos en algunos aspectos, resuelven problemas históricos del desarrollo urbanístico del país como es la no exigencia de protocolización de escritura pública de transferencia del dominio de las áreas de cesión antes del inicio de las ventas.

En suma, la nueva Ley de Vivienda y Hábitat amerita un estudio profundo que permita su adecuada reglamentación e implementación en aras del propósito fundamental de facilitar el acceso a la vivienda de más colombianos en condiciones dignas de equidad, transparencia y enfoque diferencial, teniendo en cuenta las particularidades de los territorios y sus poblaciones; y por otra parte, aportar mayor seguridad jurídica y certeza técnica al ordenamiento del territorio estimulando la inversión en este importante renglón de la economía nacional.

JUAN MANUEL GONZÁLEZ
Socio fundador de Pinilla, González & Prieto Abogados

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