Redacción
El año pasado el gobierno actuó con celeridad para evitar la propagación del virus, pero la severidad del confinamiento y su larga duración, además del colapso del precio del petróleo, golpearon fuertemente la actividad económica.
La situación se agravó ante las altas tasas de informalidad y de desempleo estructural y al limitado espacio fiscal con el que contaba el gobierno antes de la crisis. En nuestra opinión, estos últimos factores también serán un lastre para la recuperación económica.
Pasando a lo positivo, el mayor repunte que anticipamos para los precios del petróleo en 2021 y el elevado optimismo empresarial que prevalecía antes de la crisis, lo cual permitió que la economía colombiana fuera una de las pocas en la región que se estaba acelerando hasta antes de la pandemia, deberían darle apoyo importante a la recuperación. En consecuencia, estimamos que el PIB se habría contraído 7,5% en 2020 y que repuntará 5,5% en 2021.
Sin embargo, a pesar de que nuestro pronóstico para 2021 es mayor que el promedio de las encuestas, el elevado grado de holgura en la producción y en el mercado laboral, que persistirá todo este año, contribuirá a la ausencia de presiones inflacionarias derivadas de la demanda. Esperamos que la inflación anual se ubique por debajo de 1,5% en el primer trimestre, para luego aumentar gradualmente hacia 2,8% al cierre de año, por debajo de la meta del Banco de la República. La mayoría del aumento se dará por la disolución de los efectos relacionados con alivios en impuestos y precios que otorgó el gobierno en 2020.
Por lo tanto, esperamos que el Emisor mantenga su tasa de interés inalterada en 1,75% durante un periodo prolongado, probablemente durante todo 2021. El Banco de la República no ha descartado la posibilidad de nuevos recortes ya que las perspectivas siguen siendo muy inciertas y la inflación no es un limitante para una postura más laxa.
Sin embargo, creemos que el Banco está cada vez menos convencido de la efectividad de recortes adicionales de tasas y quiere ser cauteloso para tener espacio en caso de una recaída en el panorama económico que pudiera resultar de una nueva ola severa de contagios.
Las preocupaciones sobre el déficit en cuenta corriente y sus fuentes de financiamiento, especialmente los flujos de portafolio, pueden ser otra razón detrás de la mayor cautela del Emisor, pero son menos relevantes que en el pasado ante las mejores perspectivas de aquellos indicadores que afectan las cuentas externas.
De hecho, anticipamos que el peso colombiano será uno de los principales beneficiarios en la región del buen desempeño futuro de dichos indicadores, principalmente los precios del petróleo, lo cual también dará margen al Banco para mantener su tasa de interés estable por más tiempo. Esperamos que el dólar en Colombia cierre este año en 3.375 pesos.
El principal desafío que enfrentará Colombia este año estará en el frente fiscal. El gobierno activó una cláusula para suspender la regla fiscal hasta 2021 con el fin de abordar la crisis del Covid, por lo que el déficit fiscal aumentó a 9% del PIB en 2020 y cerrará en 7,5% en 2021.
Las autoridades pretenden volver a la meta de la regla fiscal de 2,5% del PIB en 2022 y a la de largo plazo de 1%, con el fin de reducir la deuda pública de 66% del PIB este año, a un nivel inferior a 50% en 10 años. Sin embargo, creemos que es poco probable poder cumplir con estas sendas fiscales en los próximos años.
Estas cifras dependen de supuestos muy optimistas, especialmente el de un ajuste fiscal estructural cercano a 2% del PIB después de 2021. Un ajuste de esa magnitud, que es indispensable para cumplir con las metas fiscales propuestas, será tremendamente retador, por no decir imposible.
Políticamente hablando, creemos que esta administración cuenta con apoyo parlamentario limitado para impulsar una gran reforma que aumente los ingresos, un año antes de las elecciones legislativas y presidenciales. Además, seguramente seguirá habiendo gran presión política para mantener una porción significativa del apoyo monetario a la población de menores ingresos durante los próximos dos años.
Creemos que una eventual reforma tributaria podría consistir en: i) eliminar exenciones del impuesto sobre la renta corporativa; ii) aumentar el impuesto sobre los dividendos; iii) gravar las pensiones altas; iv) ampliar la base del impuesto sobre la renta personal; v) aumentar las tasas de tributación para individuos de ingresos y patrimonios altos; vi) nuevos impuestos verdes; vii) medidas adicionales para incentivar la formalización; y viii) revertir algunos recortes de impuestos corporativos de la reforma de 2019, aunque esto es menos factible. Sin embargo, estas medidas no alcanzarían a incrementar el recaudo en más de 1%-1,3% del PIB en el corto plazo. Ampliar la base impositiva del IVA sí lo podría incrementar significativamente (las exenciones y las tasas diferenciales del IVA cuestan 7% del PIB), pero vemos poco probable que esta iniciativa tenga apoyo en el Congreso, como fue el caso en 2018 cuando el gobierno tenía mayor capital político.
En consecuencia, creemos que las metas fiscales aumentarán a niveles de 2% del PIB en el mediano plazo, frente a los vigentes de 1%, al igual que la de 2022, y vemos probable una reforma a la regla fiscal para ajustarla a una senda de consolidación fiscal más realista.
Ante un panorama fiscal tan complejo, el gobierno terminará concentrando sus esfuerzos en estabilizar el nivel de la deuda pública por debajo de 60% del PIB en el mediano plazo. Dicho esto, es factible que Colombia pierda el grado de inversión por parte de al menos una de las tres principales agencias calificadoras antes de finalizar el año.
Sin embargo, no anticipamos que dicha medida tenga un fuerte impacto en la prima de riesgo país, en las tasas de los bonos gubernamentales o en el peso colombiano, ya que, según nuestros análisis, estos indicadores ya han incorporado la posibilidad de pérdida del grado de inversión hace tiempo.
Andrés Pardo Amézquita
Jefe de Estrategia Macroeconómica para América Latina, XP Investments.
