El petróleo tiene un importante peso en las cuentas nacionales. En términos de la exportación, este representó 25,4% del total visto durante 2021, el sector le aporta 3,3% al PIB y este año las inversiones serían las más altas desde 2014 con US$4.000 millones. Se trata de un sector fundamental en términos económicos.
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Por esto, los anuncios del nuevo gobierno de que no se firmarán nuevos contratos de exploración y producción de crudo han generado alertas. De acuerdo con el último informe de la ANH, en petróleo el país cuenta con reservas probadas de 7,6 años, a corte de 2021. Es decir, más o menos hasta 2028. Ahora bien, durante el gobierno pasado se firmaron más de 170 nuevos contratos que permitirían ampliar el horizonte de las reservas.
Sin embargo, un estudio de Fedesarrollo, elaborado por Astrid Martínez, muestra que un escenario de baja exploración también tendría importantes impactos en varias de las cuentas del Estado, como el déficit fiscal, la balanza comercial y la deuda bruta.
Precisamente, con respecto al primer punto, los análisis de la doctora en economía, señalan que la senda planteada en el Marco Fiscal de Mediano Plazo tendría una relación negativa de 1 punto porcentual completo, pasando de 3% proyectado a 4%.
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Martínez señaló que el déficit de la balanza comercial, por ejemplo, se incrementaría de forma importante hacia 2030 a 3,7% frente a unas condiciones actuales (status quo) que harían que este balance fuera de -3,2% para este mismo año. Este es un tema que ya había presentado el mismo ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, que dijo en julio que “hay que seguir exportando petróleo, porque si no el problema de balanza de pagos se vuelve inmanejable”.
Sin embargo, si el país no continúa la senda de exploración, eventualmente, la producción empezará a ser suficiente solo para cubrir la demanda local y seguiría cayendo con el tiempo, explicó Francisco José Lloreda, presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo, ACP.
En el caso de la deuda, la autora del artículo explicó que esta debe empezar a bajar, después del alza dada en pandemia. En un escenario de status quo en cuanto a la exploración y producción de crudo, esta empezaría a descender, como lo plantea el Marco Fiscal de Mediano Plazo. Sin embargo, Martínez explicó que en el otro escenario propuesto (baja exploración) esta empezaría a aumentar. “Esto significaría un aumento en los costos financieros para obtener recursos de financiamiento”, señaló.
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A 2030, el estudio proyecta que como porcentaje del PIB pasaría a ser 66,2%, distante de la meta del Mfmp. La razón es que los ingresos a las cuentas fiscales del gobierno empezarían a caer, con lo que la relación entre deuda y PIB se ampliaría.
Los efectos también se verían en otros campos. Por ejemplo, el análisis de Martínez, señala que la tasa de cambio tendría un comportamiento al alza. “Sin adiciones sustanciales de reservas por nuevos descubrimientos de petróleo, la tasa de cambio sufriría una mayor depreciación desde 2023, y entre 2026 y 2028, la devaluación sería mayor”, dice el estudio.
A 2030, la TRM llegaría a $4.935, una diferencia considerable, teniendo en cuenta que manteniendo el status quo, esta misma sería de $4,276.
De acuerdo con voces del sector hay una serie de mensajes que están poniendo en riesgo la exploración. Si bien están firmados una serie de contratos, la reforma tributaria, como ha sido planteada, afectaría la viabilidad financiera de los proyectos, explicó Lloreda. Con esto, las empresas cumplirían con las responsabilidades mínimas exigidas, lo que llevaría a un escenario de baja exploración.
Martínez concluye que decisiones que lleven a una baja exploración tendrán bajo impacto durante este gobierno, sin embargo, a mediano y largo plazo empezarán a hacerse más tangibles.
Entre 2026 y 2030, señaló que si bien la demanda de las refinerías sería atendida, la producción caería, afectando las exportaciones y por ende los ingresos fiscales de la Nación. Explicó que si bien las regalías no hacen parte de las cuentas centrales, también se verían afectadas, dado que a 2028 su reducción podría oscilar entre 16,9% y 35%.
En el caso de departamentos como Arauca, Meta y Casanare, alrededor de un tercio de sus ingresos se verían comprometidos, dado que proviene de estos recursos.
Entre 2022 y 2030, la reducción en este ámbito sería de casi la mitad, pasando de $7.063 millones e iría en una descendente hasta llegar a $3.702 millones en 2030. Esta reducción afecta “los recursos de entidades territoriales, el ahorro y la inversión en ciencia y tecnología”, señala el análisis.
Lloreda explica que la industria busca aportar a la Nación. Sin embargo, plantean una serie de soluciones, que en el caso de la reforma tributaria, contribuyan a viabilizar los proyectos petroleros.
De esta forma, otros impactos relacionados como empleo, desarrollo regional y competitividad de los sectores de la economía que usan derivados del petróleo y que en un caso de importación verían encarecidos sus costos.
Daniela Morales Soler
PORTAFOLIO