Redacción
WASHINGTON— La Casa Blanca dijo que hará cumplir enérgicamente la prohibición del gobierno de comprar cualquier producto o servicio de entidades que utilicen tecnología que contenga componentes fabricados por empresas chinas, ya que las disposiciones de una ley aprobada en 2018 entrarán en vigor en agosto.
La administración de Trump cree que la sólida aplicación de la nueva norma es fundamental para combatir las amenazas a la seguridad nacional y a la propiedad intelectual que plantean los proveedores de tecnología china, entre ellos Huawei y ZTE Corporation, según un alto funcionario de la administración.
Esto ocurre cuando el director del FBI, Christopher Wray, criticó públicamente al Partido Comunista Chino por sus continuos ciberataques y otras acciones hostiles. Tales ataques generalmente implican el uso de tecnologías de las empresas con sede en China.
Hablando en el evento del Instituto Hudson el 7 de julio, Wray dijo que el FBI está abriendo un nuevo caso de contrainteligencia relacionado con China cada 10 horas.
“La mayor amenaza a largo plazo para la información y la propiedad intelectual de nuestro país, y para nuestra vitalidad económica, es la amenaza de contrainteligencia y espionaje económico de China”, dijo.
El 13 de agosto de 2018, el presidente Trump firmó la Ley de Autorización de Defensa Nacional (NDAA, por sus siglas en inglés) de 2019, que fue aprobada por el Congreso con un apoyo abrumadoramente bipartidista.
La sección 889 de la NDAA tiene dos prohibiciones para las adquisiciones del gobierno federal.
La subsección A, que entró en vigor en agosto del año pasado, prohíbe a los organismos federales adquirir equipo de telecomunicaciones, equipo de vigilancia por video y servicios de las cinco empresas identificadas con sede en China: Huawei, ZTE Corporation, Hytera Communications, Hangzhou Hikvision y Dahua Technology Company.
Estas compañías no pueden garantizar su independencia del régimen comunista chino, que hace mucho tiempo choca con naciones libres como Estados Unidos.
La subsección B, que entrará en vigor el 13 de agosto, es mucho más amplia. Prohíbe al gobierno federal contratar a cualquier compañía que dependa de los productos, equipos o servicios de estas cinco compañías listadas en el acta, a menos que obtengan una exención.
La prohibición del uso de tecnología china se aplica ampliamente al uso de un contratista en cualquier lugar dentro de la empresa, incluyendo sus filiales, y no se limita a los productos o servicios utilizados en el contexto de los contratos gubernamentales.
Muchas empresas estadounidenses se verán afectadas, ya que el cumplimiento será un reto para ellas cuando entre en vigor la subsección B. Las empresas afirman que la amplitud de la ley y la complejidad de las cadenas de suministro del gobierno, complicarán que los contratistas cumplan con la fecha límite de agosto.
Las reglas finales fueron desarrolladas por la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB, por sus siglas en inglés).
“El peligro que nuestra nación enfrenta de adversarios extranjeros como China que buscan infiltrarse en nuestros sistemas, es grande”, declaró Russ Vought, director en funciones de la OMB en un correo electrónico.
Dijo que al implementar completamente la prohibición en las compras federales, “la administración Trump está manteniendo fuerte a nuestro gobierno contra redes nefastas como Huawei”.
La plena aplicación de la prohibición por parte de la administración, significa que todos los organismos federales que deseen solicitar una exención deberán realizar un análisis de seguridad nacional de sus operaciones. Esto aseguraría que se cumpla la intención de la ley de proteger la infraestructura y las redes de comunicaciones de Estados Unidos de agentes extranjeros hostiles y que la legislación tenga fuerza. El estatuto aprobado por el Congreso, no exigía explícitamente que se realice un análisis de seguridad nacional.
Al exigir la completa exclusión de estas compañías chinas de las compras del gobierno federal, la administración Trump pretende evitar la interferencia extranjera en la tecnología y las redes estadounidenses.
La prohibición da esencialmente un ultimátum a las empresas, obligándolas a elegir entre el gobierno estadounidense y las empresas chinas.
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