El acuerdo de Escazú, un convenio internacional de corte ambiental al que Colombia decidió apostarle hace un año, hoy se está convirtiendo en una papa caliente, no solo para el Gobierno, sino también para el Congreso -que lo estudia actualmente- y para los gremios económicos del país.
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Y es tan álgido el tema que, a pesar de que su ratificación en el Legislativo tiene mensaje de urgencia, su discusión y aprobación se está empantanando, ya que si es avalado por el Congreso, se le sumaría no una, sino varias arandelas al ya engorroso trámite de una licencia ambiental para proyectos mineros, petroleros y de infraestructura.
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Uno de los ponentes del proyecto, el senador Antonio Sanguino (Partido Verde), aseguró que “estamos ante un plan tortuga para que el trámite se dilate lo que más puedan y, finalmente, se archive”. La discusión del proyecto ha sido aplazada cuatro veces en las Comisiones Segundas de Senado y Cámara, y hoy tampoco se revisará.
“El presidente Duque cumplió una parte del compromiso, que era firmar el acuerdo y radicar el proyecto de ratificación con mensaje de urgencia, pero la otra mitad de la tarea no la ha hecho el Gobierno, que es hacerlo aprobar, y eso empieza por comprometer a su propia bancada para que no lo hagan quedar mal”, dijo el senador, quien asegura que se ha sentido un fuerte ‘lobby’ de varios sectores.
El Acuerdo de Escazú, firmado por Colombia en diciembre de 2019 y presentado al Legislativo para su ratificación el pasado 21 de julio, es un convenio internacional que se basa en el acceso a la información y a la justicia, así como la participación pública en asuntos ambientales en la región.
RESISTENCIA GREMIAL
Entre las voces que han mostrado su rechazo con el citado acuerdo ambiental están los gremios económicos del país.
El pasado 10 de septiembre, el Consejo Gremial Nacional (CGN) envió al presidente de la República, Iván Duque, una carta firmada por su dirigente Sandra Forero, y a la cual tuvo acceso Portafolio. En ella los gremios solicitaron “que se evalúe adelantar las gestiones para que no se ratifique este acuerdo por parte del Congreso”.
En la misiva, avalada por 29 gremios, los dirigentes sectoriales argumentaron que el país ya cuenta con suficientes mecanismos de participación ciudadana, de protección ambiental y de acceso a la información, y que si no se dan las claridades correspondientes, se pueden “establecer limitaciones en proyectos generadores de empleo y de desarrollo social, necesarios para el progreso del país”.
El Consejo Gremial propuso al Gobierno Nacional y al Congreso de la República “afinar” los medios existentes en lo que respecta a trámites de licenciamiento ambiental.
Entre las críticas puntuales está el principio de precaución, transversal al funcionamiento del acuerdo, establecido por la Corte Constitucional como medida excepcional, pero que podría revivir el debate sobre los límites de la gestión ambiental de proyectos.
Otra observación, según el CGN, es que implicaría acogerse al control de instituciones internacionales para dirimir conflictos en materia ambiental, y sostuvieron que no es conveniente cederles la resolución a otras instancias judiciales.
“Si bien (el acuerdo) responde a unos principios esenciales sobre los cuales estamos, en términos generales, podrían generar inquietudes en su interpretación, lo que a nuestro juicio impone un estudio más amplio y participativo para disipar cualquier duda que pueda traer su eventual aprobación y posterior reglamentación”, subraya la misiva.
RAZONES DE FONDO
Para los gremios, el contenido del Acuerdo de Escazú, si bien se presenta con buenas intenciones, consideran que trae riesgos en materia de inversión. Así se establece en un documento de trabajo desarrollado por los voceros de los distintos sectores económicos, y al cual también tuvo acceso este diario.
En el citado documento, recalcan que la legitimidad que se otorgaría a organizaciones internacionales para intervenir en temas del orden nacional, implican un “alto riesgo” para el sector productivo “con la información confidencial que se maneja, a su vez que una inseguridad jurídica puede generar disminución de la inversión extranjera”.
Según los gremios, la ratificación del citado pacto impone asumir aspectos que entrarían en oposición, o eventuales conflictos normativos, lo que generaría en el país una duplicidad de disposiciones que, en efecto, pueda conllevar a una inseguridad jurídica que terminará en litigios ambientales prolongados dada la interpretación de algunos artículos del acuerdo frente a la normatividad existente.
“Vemos que el tratado de Escazú tiene muy buenas intenciones, ya que fomenta la participación de las comunidades en los proyectos del sector. Sin embargo, Colombia debe avanzar primero en ordenar institucionalmente los mecanismos existentes de participación en los territorios antes de embarcarnos en nuevas normativas que impactan la inversión y la seguridad jurídica”, señaló Orlando Cabrales, presidente de la Asociación Colombiana de Gas Natural (Naturgas).
En el mismo sentido, Germán Espinosa, director ejecutivo de la Cámara Colombiana de Petróleo, Gas y Energía (Campetrol), reiteró que “el fortalecimiento de nuestras propias instituciones ambientales y canales internos de información debe ser primordial, siendo además uno de los caminos para lograr una mayor estabilidad jurídica para los inversionistas y, por ende, ser más competitivos en la región en esta etapa de reactivación”.
Incluso, el documento va más allá y subraya que podrían afectar “la estabilidad de lo ya constituido e implementado”, no solamente para el caso de los cultivos genéticamente modificados en el sector agrícola, sino para otros sectores como el minero o el petrolero, claves para la reactivación económica del país.
Al consultar con voceros de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) y la Asociación Colombiana de Minería (ACM), sobre las implicaciones del acuerdo en su sector, indicaron que por el momento no se iban a manifestar sobre el tema.
Finalmente, los gremios subrayan que con la ratificación del Acuerdo de Escazú, se presentaría una “pérdida de soberanía y autonomía en la construcción de políticas y decisiones ambientales”.
PAÍSES QUE LO RATIFICARON
Según la Cepal, en Latinoamérica, el Acuerdo de Escazú ha sido firmado por 24 países de los cuales solo nueve lo han ratificado: Antigua y Barbuda, Bolivia, Ecuador, Guyana, Nicaragua, Panamá, San Vicente y las Granadinas, Saint Kitts y Nevis, y Uruguay. Se necesita el aval de 11 naciones para que entre en vigor. La ausencia destacada es Chile, uno de sus impulsores que no lo firmó. Perú tampoco lo ratificó. Costa Rica, sigue estudiando si lo avala.
Laura Lucía Becerra Elejalde
Alfonso López Suárez