Redacción
Luego de más de dos meses desde que se retiró la primera reforma tributaria en el Congreso, este martes el presidente de Iván Duque y el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo presentaron el grueso de lo que sería la iniciativa, llamada de Inversión social, y que sería radicada ante el Legislativo el próximo 20 de julio. Y, como lo habían anticipado, el 69% del recaudo será por impuestos a empresas.
(Reforma tributaria 2.0 no tocará IVA, pensiones, ni la base gravable).
Como ya lo había delineado el ministro de Hacienda en días pasados, el recaudo total de la tributaria sería de $15,2 billones, de los cuales aproximadamente $10,5 billones provienen de beneficios que se habían incluido en la pasada tributaria del 2019 y que fueron eliminados de forma permanente.
Según presentó el ministro de Hacienda, el descuento de ICA queda en 50% y la tarifa del impuesto de renta subirá a 35%, pero se mantendrán los beneficios que se incluían en la Ley de crecimiento pasada, como la de contratación de jóvenes, Economía Naranja, renta exenta de 0% para el sector agroindustrial y las inversiones en hoteles y parques.
(Banca apoya la reforma aunque considera que sobretasa es antitécnica).
De hecho, durante la presentación de la iniciativa, Bruce Mac Master, presidente de la Andi y Julián Domínguez, presidente del Consejo Gremial expresaron su respaldo al Gobierno para adelantar esa iniciativa, que acudiría en una mayor medida a las empresas.
“Será importante que este proceso salga rápido y que sea un proceso limpio, simple ojalá. Esta no es una tributaria de las normales, entendemos que va a atender unos puntos en particular, mantener esa simpleza y la grandeza que está detrás y atender este país que nos ha tocado luchar a esta generación y tendremos que salir fortalecidos y cada vez más unidos”, manifestó Mac Master.
De igual manera, Andrés Sarmiento Grisales, presidente (e) de Naturgas, manifestó que “reconocemos la importancia de este proyecto para la inversión social en el país. Esperamos que el Gobierno logre sacar adelante una propuesta que genere consensos e incentive la solidaridad industrial sin debilitar a las empresas. Vemos con buenos ojos que no se aumenten impuestos a los servicios públicos, que se siga protegiendo los subsidios para las familias más necesitadas, y que haya un plan concreto de austeridad en gastos públicos y control de la evasión”.
Precisamente, con los impuestos a las empresas, el Gobierno lograría recaudar el grueso de la iniciativa y el resto vendría del recorte en los gastos públicos y lucha contra la evasión de tributos, con los que recaudaría al menos $4,6 billones.
Otra de las pistas clave que se dieron a conocer durante la presentación es una sobretasa financiera temporal de 3 puntos porcentuales hasta 2025. Con eso, lograría recaudar $392.000 millones.
(Que el 0,01% más rico pague más impuestos sería insuficiente).
Asimismo, plantearon recaudar otros $300.000 millones en 2021 y $460.000 millones en 2022 con la normalización tributaria. Este punto se refiere puntualmente a una herramienta para regularizar los capitales de los colombianos en el exterior. “En el año 2021 se realizaría un anticipo del pago del 50%, que se terminaría de pagar en el año 2022”, explicó el Minhacienda.
¿EN QUÉ SE USARÁN LOS RECURSOS?
Ahora bien, con una foto más clara de los principales ingresos que va a conseguir el Gobierno a través de la iniciativa, el plan del Ministerio de Hacienda es utilizar parte de esos recursos, al menos unos $7,8 billones, en ayudas para los más vulnerables.
Según Restrepo, la ampliación de Ingreso Solidario permitiría que más de 731.000 colombianos en pobreza extrema, que hoy en día no reciben ningún beneficio del Estado, lo empiecen a hacer por primera vez. Con esto, el programa llegaría a un total de 3,3 millones de hogares.
Las cuentas del Minhacienda apuntan a que en 2021 este programa costará $2,1 billones y en 2022 otros $6,6 billones. Según los cálculos del Gobierno, la iniciativa estaría beneficiando a 3,3 millones hogares y buscarían reducir la pobreza a niveles previos a la pandemia, que pase de 42,5% y 34,2%.
De igual manera, anunciaron que mantendrán el Programa de Apoyo al Empleo Formal (Paef) por este año y también se ampliará a las personas naturales que tengan desde dos empleados. Esta iniciativa ayudará a mantener 400.000 empleos y le valdrá al Gobierno $1,1 billones.
A ese combo de ayudas se suman unos incentivos para la creación de empleo para jóvenes y mujeres, así como a las personas que hayan perdido sus puestos de trabajo. Estas iniciativas valdrían $236.000 millones para 2021 y $573.000 millones para 2022.
El resto de los recursos, aunque no detallaron en las presentaciones, serían asignados a pagar la deuda y otras obligaciones que tiene el país. En ese punto, detallaron que ante las solicitudes de las principales ciudades se financiará hasta el 50% del déficit operacional de los Sistemas Integrados de Transporte Masivo.
LO QUE SE VIENE
Aunque, según ha insistido el Gobierno, esta iniciativa fue presentada a partir de los consensos que logró con el Congreso, los empresarios, jóvenes y representantes regionales, lo que han llamado la atención los analistas es que esta será una medida transitoria que solucione los problemas urgentes, y no los de mediano y largo plazo. Incluso, en el Marco Fiscal de Mediano Plazo, el Minhacienda reconoce la necesidad de una próxima reforma tributaria que solucione otros problemas de fondo.
Para Sergio Olarte, economista principal de Scotiabank Colpatria, “en general vemos que esta propuesta, si bien es positiva, no alcanza para lanzar un mensaje contundente a las calificadoras de riesgo para que volvamos a tener grado de inversión prontamente. El próximo Gobierno, definitivamente, tendrá que pensar en hacer otra reforma tributaria para hacer una consolidación de las cuentas fiscales”.
EL RESPALDO DE LOS BANCOS
Pese a que en días pasados Asobancaria había manifestado su rechazo de una sobretasa a los bancos, luego de darse a conocer las intenciones del Ejecutivo apoyó al Gobierno.
Según el gremio, aunque ve que una sobretasa al sector financiero en la reforma tributaria es antitécnica, no se opondrá a ella pues tiene el ánimo de contribuir a la superación de este momento crítico e histórico.
Asimismo, apuntó que la caída del recaudo y el esfuerzo fiscal adicional que está haciendo el Gobierno para afrontar la emergencia desatada por la pandemia del covid-19, “convoca a todos los estamentos de la sociedad y la economía a plantear fórmulas y propuestas para sanear las finanzas de la Nación”.
