Este domingo, Colombia celebra 30 años de haber promulgado la Constitución política de 1991, una carta magna que significó cambios profundos para el país en materia económica, como por ejemplo la apertura del mercado, mayores herramientas para la independencia del Banco de la República y un camino para garantizar el bienestar social.
(Las instituciones que se crearon con la Constitución del 91).
Este diario conversó con siete expertos que dieron algunas pistas de los alcances de esta carta magna que le cambió la cara al país y ha significado un avance en términos económicos y posicionó a Colombia como un país más avanzado entre sus pares de la región.
Uno de los principales alcances en materia económica es la independencia del Banco de la República. Adolfo Meisel, excodirector del Banco de la República y quien también se ha encargado de hacerle seguimiento al impacto de la Constitución en el país, explicó que “antes del 91 Colombia tenía una inflación alta, de dos dígitos y era variable, mucho más que ahora. Además, es una entidad que no responde a los cambios de Gobierno, incluso los gerentes típicamente que hemos tenido han sido gerentes que han durado el período completo”.
(La tutela y los beneficios que trajo tras la Constitución del 91).
Para María del Pilar López Uribe, economista, historiadora y también profesora de la facultad de economía de la U. de los Andes, además de la independencia del Emisor, que ha llevado a que Colombia haya podido reducir la inflación a niveles de un país desarrollado, otro punto clave es que se ha podido garantizar una mayor calidad y cantidad de servicios que se le prestan a los usuarios. “Gran parte de las políticas de regulación en la provisión de los servicios públicos provienen de la Constitución”.
En ese último punto, Andrés Giraldo, director de la carrera de economía de la U. Javeriana, agrega que “la creación de superintendencias y comisiones de regulación elevaron a una posición más importante a los consumidores y obligaron a los sectores a verse regulados para no abusar de su posición dominante”.
Y es que en varios aspectos, no solo en lo económico, la Constitución Política también logró poner en el centro el bienestar social y dio muchas más herramientas para garantizar los derechos de los ciudadanos, lo que entre otras cosas también abrió la puerta para un mayor gasto público. Para Javier Mejía, PhD en economía y profesor asociado de la Universidad de Nueva York en Abu Dhabi, “la Constitución del 91, más que una visión contracíclica, tenía una visión garantista. Eso, no obstante, permitió fomentar lo que con frecuencia se conoce como estabilizadores automáticos, que básicamente son instrumentos en los que la inercia de gasto del Estado compensa la reducción en la actividad económica del sector privado. Y eso entonces sirve un montón durante las recesiones”, agregó.
Por eso es que, coinciden los expertos, la Constitución también dio herramientas para darle relevancia al gasto social para reducir la desigualdad y darle mejores condiciones de vida a los ciudadanos.
PARA REPENSAR
Ahora, como manifiesta el senador Iván Marulanda, quien hizo parte del equipo que diseñó el modelo económico de la Constitución de 1991, es momento de pensar qué caminos puede tomar el país, a través de los instrumentos de la carta, para reducir la desigualdad que persiste y que se ha agudizado por la pandemia.
“El gran logro de la Constitución es que no tuvo una posición dogmática en materia económica y que introdujo instrumentos democráticos para el manejo de la economía. Sin embargo, las políticas que se han implementado hasta el momento han llevado a una concentración de la riqueza y al aumento de la desigualdad. Es momento de cambiar eso”, apuntó.
Por eso, Juan Camilo Cárdenas, exdecano de la economía de la U. de los Andes, apuntó que “a la Constituyente le hizo más el ojo que la barriga. Se otorgaron más derechos que los que el sistema económico y fiscal en particular podían pagar. En ese sentido, la economía de mercado que la Constitución defendió no se complementa con una economía de bienestar basada en un sistema tributario que permitiera cumplirle a los ciudadanos esos derechos y reducir la inequidad”.
A su turno, la economista Cecilia López, quien hacía parte del Gobierno en el momento en el que se promulgó la Constitución Política, manifestó que “es momento de replantear el modelo porque estamos en una de las peores crisis económicas, con niveles altísimos de pobreza”, concluyó.