El control territorial de zonas estratégicas para el manejo y operación de los cultivos de coca ha revivido la lucha de organizaciones ilegales armadas en cuatro zonas del Caribe colombiano, situación que se pensó había sido superada tras los acuerdos de paz entre el Gobierno y la guerrilla de las Farc en el 2016.
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Las alarmas están prendidas en zonas sur de los departamentos de Córdoba, Cesar y Bolívar y de la Sierra Nevada de Santa Marta, en donde se desarrolla una competencia criminal entre diversos actores ilegales, que volvieron a sembrar el terror entre campesinos y habitantes de estos lugares apartados de las ciudades capitales y sumidos en el olvido y el abandono estatal.
Se trata de regiones estratégicas no sólo en términos de movilidad, sino también para el desarrollo de economías ilícitas, especialmente la siembra de hoja de coca, el procesamiento de clorhidrato de cocaína, su acopio y traslado a los puntos exportación.
Un negocio redondo que mueve millones de pesos y que está generando desplazamientos y muertes violentas de líderes sociales y labriegos que están en medio de guerra.
La advertencia es del Observatorio de Dinámicas del Conflicto Armado en el Caribe Colombiano, de la Universidad del Norte, que maneja el investigador Luis Fernando Trejos Roseros y Reynell Badillo Sarmiento, quienes presentaron un documento en el que entregan detalles de la presencia de los actores armados en la región.
“La desmovilización de la otrora guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (Farc-EP) en el 2016 no significó para el Caribe colombiano el fin de la violencia armada”, subrayan los investigadores en la presentación del documento.
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El informe destaca que hoy en el Caribe colombiano permanecen activos cuatro focos de conflictividad armada. Estos son: los sures de Córdoba, Cesar, Bolívar y la Sierra Nevada de Santa Marta. Cada uno de estos con características particulares.
Trejos, conocedor y estudioso y una de las voces autorizadas en el Caribe sobre el tema de la violencia en el territorio nacional y de los actores que la generan, explica que en el sur de Córdoba se desarrolla una competencia criminal entre el las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, Los Caparros y una disidencia del frente 18 de las desmovilizadas Farc, “que ha producido una grave afectación humanitaria a las comunidades que habitan los territorios disputados”.
En esta zona del Caribe hay cinco municipios que son los que están siendo golpeados con más fuerza por este fenómeno como quiera que aquí se encuentran en lo que Trejos denomina el ‘clúster de la cocaína’. Aquí hay territorio para la siembra, hay procesamiento y también hay costas para la exportación. “De allí que la presencia esté presente en altos niveles de violencia porque tres organizaciones armadas se disputan el control de ese territorio”, agrega Trejos.
Otras de los territorios donde se vive un conflicto armado es en el sur del Cesar. Aquí convergen las rutas que unen el sur de Bolívar, el Magdalena medio y el Catatumbo (zonas de siembra de hoja de coca y procesamiento de clorhidrato de cocaína) con el centro del Cesar.
Los investigadores precisan que esta zona es un corredor de traslado de clorhidrato de cocaína hasta los puntos exportación en el Caribe colombiano y de traslado de insumos químicos hasta los sitios de procesamiento. Aquí hacen presencia el Eln (frente Camilo Torres Restrepo y compañía Capitán Francisco), el Epl (frente Elisenio Torres Villalba) y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia.
La tercera zona que señala el observatorio como área de conflictiva es el sur de Bolívar, en donde los investigadores aseguran que existe una ‘paz mafiosa’ entre las Agc y el Eln, lo que ha disminuido las afectaciones producidas por el conflicto armado. “No obstante, se mantiene el enfrentamiento entre el Estado y los grupos armados, lo que genera ocasionalmente combates y acciones de la fuerza pública”, manifiesta Trejos.
Y por último se encuentra la vertiente norte de la Sierra Nevada de Santa Marta, donde se encuentran las ciudades de Ciénaga, Santa Marta y Dibulla, en donde hay presencia de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (antiguos Pachencas) y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, lo que para Trejos ha configurado una competencia criminal por el control de un territorio con poca presencia estatal y una privilegiada posición geográfica, con amplias y poco habitadas costas en el mar Caribe y su relativa cercanía de las bahías de Gaira, Santa Marta y Taganga, las puntas de Castillete, Betín y Brava y los cabos de La Aguja, San Agustín y San Juan de Guía, y la Ciénaga Grande, “la han convertido en un espacio atractivo para el narcotráfico y la extorsión sobre la agroindustria, el comercio y la actividad turística”, señala.
El estudio sobre la realidad que se está viviendo estas zonas, algunas muy apartadas de los cascos urbanos, también muestra el comportamiento de estos grupos armados durante la emergencia sanitaria decretada desde marzo pasado en todo el territorio nacional por la pandemia del coronavirus.
Trejos indica que por el covid-19 estas organizaciones criminales han reforzado en las áreas bajo su control el aislamiento obligatorio promovido por el Gobierno Nacional como una medida para prevenir los contagios.
En este caso puntual, enfatiza Trejos, los grupos armados organizados saben que no pueden ir contra las medidas oficiales porque no cuentan con los recursos médicos para atender eventuales brotes que se presenten en sus territorios, sino que además, un brote significaría atención mediática y presencia institucional a la que no podrían oponerse por los altos costos sociales y de seguridad que esto les produciría, “de ahí su afán, en algunas subregiones, por hacer cumplir el confinamiento decretado por el Gobierno Nacional a pesar del costo económico que les representa la aplicación de dicha medida”.
El resurgimiento de estas organizaciones criminales ya comienza a sembrar en estos pueblos del norte de Colombia luto, dolor y miedo. Solo en el primer semestre, los investigadores de la Universidad del Norte pudieron evidenciar los asesinatos de defensores de derechos humanos en el sur de Bolívar (2 casos), Cesar (2 miembros de Juntas de Acción Comunal), sur de Córdoba (5) y en el Magdalena (1 en la Sierra Nevada).
En las zonas donde se presentaron estas muertes violentas hay presencia de actores armados ilegales (Eln, Agc, Acsn y Los Caparros) y rentas ilícitas, especialmente siembra, procesamiento o exportación de clorhidrato de cocaína.
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Todos los asesinatos ocurrieron en zonas rurales con ausencia o débil presencia de institucionalidad estatal, “y en solo un caso la autoría fue asumida públicamente por un actor armado ilegal (las Acsn en el departamento del Magdalena)”, explican los investigadores, para concluir que el perfil de las víctimas corresponde a miembros de Juntas de Acción Comunal, reclamantes de tierras, y campesinos firmantes de acuerdos de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos.
Muchos de estos campesinos pensaron que con la firma del tratado de paz, por fin la violencia armada se había ido de sus territorios, y ahora podrían vivir en paz, recuperar sus vidas y las tierras que les fueron arrebatas. Pero la realidad que hoy se vive allá es otra.
Leonardo Herrera Delgans
Corresponsal de EL TIEMPO Barranquilla
@leoher70