El Laboratorio de Economía para la Educación (LEE) de la Universidad Javeriana analizó los posibles efectos del conflicto armado colombiano en la permanencia y rendimiento académico de estudiantes en territorios afectados históricamente por la guerra, en el periodo de 2015 a 2022.
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De acuerdo con los datos registrados por el LEE, después de analizar información proveniente del Ministerio de Educación, los resultados del puntaje global de las Pruebas Saber 11 y de la Unidad de Víctimas, se estimó que en el periodo referenciado, siete departamentos del país tuvieron una tasa promedio de estudiantes desplazados por el conflicto mayor o igual al 10%.
De esta manera, en el desglose por departamentos se evidenció que en Putumayo, en promedio el 22,2% de las personas en edad escolar se matriculó como víctima del conflicto.
Así mismo, en Guaviare el 21,5% de los estudiantes se registró en esta condición, seguido de Caquetá en donde el porcentaje fue de 16,1%. Por su parte, Chocó y Arauca obtuvieron el 15,5% cada uno, seguidos por Antioquia con 10,4% y Meta con 10%.
“Sin embargo, llama la atención el Chocó que registró un incremento importante al pasar del 5% al 20,5% la proporción de estudiantes víctimas del conflicto, asegura el LEE. Ahora bien, en materia de deserción estudiantil, el Laboratorio aseguró que Putumayo, Caquetá y Meta se encuentran dentro del top 7 con tasas de 6,4%, 6% y 4,8% respectivamente. Por esto, y en la misma línea, en seis de los siete departamentos analizados se evidenció un pico en la deserción durante el 2021, “lo que se correlaciona con el aumento de la tasa de alumnos desplazados en Chocó y Arauca”, mencionan.
En estos departamentos “la deserción promedio en 2022 fue de 5,35%, lo que representa 1,26 puntos porcentuales más que la de deserción promedio a nivel nacional”.
Por otra parte, se analizó la repitencia y aprobación escolar en territorios con más alumnos afectados por el desplazamiento.
En ese sentido el informe determinó que entre ese top 7 con mayor tasa se encuentran nuevamente los departamentos de Arauca (3,9%), Guaviare (3,6%) y Antioquia (3,6%).
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El LEE destaca que al igual con el tema de la deserción, en la repitencia se observa una curva creciente a partir del 2020. Por ejemplo, en el caso de Chocó, durante ese año, cuando subió la tasa de alumnos desplazados, la repitencia se incrementó en unos 5,4 puntos porcentuales (pp).
“En Arauca fue en 2021 cuando al subir su tasa de estudiantes desplazados la repitencia se incrementó un 1,5 pp. También está el caso de Guaviare, cuya tasa de alumnos desplazados aumentó 5,4 puntos y, paralelamente, la repitencia escolar subió 0,5 pp”, afirman.
En materia de desempeño y calidad académica, los indicadores también presentaron cambios de acuerdo con las dinámicas del conflicto, pues a través del análisis de las Pruebas Saber 11, Putumayo fue departamento más afectado con una reducción de 22,7 puntos porcentuales.
Así mismo, el indicador de Guaviare y Meta en el 2019 aumentó y a partir de 2020, “la mayoría de los territorios presentaron un leve incremento en ese puntaje”, manifiestan.
De acuerdo con el Laboratorio, la mayoría de los territorios analizados que registraron más afectaciones por eventos del conflicto armado, no son necesariamente donde más se matriculan estudiantes en condición de desplazamiento.
“Esto sugiere que los territorios focos de hechos victimizantes tienen efectos de expulsión muy fuertes y terminan siendo otros municipios los que reciben a dichas familias desplazadas”, explican.
Según los investigadores, la inestabilidad del entorno producida por el conflicto puede afectar el aprendizaje efectivo y el desarrollo académico de los estudiantes, “no solo porque se dificulta su asistencia a la institución educativa sino también por la escasez de recursos y la falta de profesionales capacitados en estas zonas”.
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Disidencias Farc.
EFE
Entre las sugerencias expuestas por el LEE se encuentra la necesidad de que el Gobierno Nacional y local, con base en las nuevas dinámicas del conflicto POS-FARC refuerce la implementación de programas de apoyo psicosocial con terapias individuales y grupales, así como también, actividades que fomenten la resiliencia y el bienestar económico.
Por otra parte, detallan que se debe fomentar la creación de redes de apoyo comunitario donde las víctimas puedan compartir sus experiencias, recibir apoyo mutuo y participar en actividades que promuevan la cohesión social.
Ahora bien, frente a los programas de reintegración recomiendan que se ayude a las victimas de desplazamiento a recuperarse emocionalmente, reconstruir sus vidas y reintegrarse de manera exitosa en sus nuevas comunidades.
“Por ejemplo, diferentes actores de la sociedad pueden unir esfuerzos para proporcionar apoyo económico a través de programas de empleo, capacitación vocacional y microcréditos para ayudar a los desplazados a generar ingresos y mejorar su situación económica”, argumenta el LEE.
Finalmente, destacan la necesidad de fortalecer las inversiones en infraestructura educativa, estrategias de nivelación educativa y acciones de seguimiento.
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DIANA K. RODRÍGUEZ T.
Periodista Portafolio