Redacción
Los grandes proyectos agroindustriales, mineros y energéticos, junto a la presencia consolidada de grupos armados en sus territorios, han puesto en riesgo la vida e integridad de las mujeres negras, afrocolombianas.
En una audiencia con comisionadas internacionales denunciaron situaciones que van desde la pérdida de la cultura hasta violaciones masivas y desplazamientos forzados.
En enero de este año, un grupo de mujeres negras afrocolombianas se encontraba recolectando conchas en el estero Aguacate, de Buenaventura (Valle del Cauca), una práctica ancestral con la que ellas han podido subsistir y que les ha garantizado independencia económica. En eso estaban, como siempre, cuando un grupo de siete hombres armados las rodearon. Reduciéndolas, las amarraron y las retuvieron durante cinco horas. En ese tiempo el mensaje que les dieron fue claro: si volvían al estero a “conchear”, las iban a matar o a desaparecer.
Ellas sabían que hablaban en serio. En Buenaventura los esteros se han convertido en lugares de desaparición forzada y en cementerios clandestinos. Tanto así que, el pasado 13 de abril, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, la Comisión de la Verdad y la Jurisdicción Especial para la Paz, junto a organizaciones e instituciones locales, firmaron un pacto para buscar allí a los desaparecidos. De hecho, en el estero San Antonio, el otro del distrito, la Unidad haría la primera búsqueda de personas desaparecidas en zonas de mar. Se calcula que solo en San Antonio habría más de mil desaparecidos por el conflicto armado.
Por esto, y porque los desaparecidos son también sus vecinos, amigos, esposos y familiares, las mujeres no volvieron a recolectar conchas, “despojadas de una práctica ancestral económica que les asegura independencia para solventar necesidades básicas”, dijo la lideresa bonaverense Danelly Estupiñán. Y a esto, complementó, se le agrega que las recolectoras se niegan a vender sus productos a las pesqueras, que quieren pagar los productos al precio que ellos quieran, es decir, a muy bajo precio.
Estupiñán habló de este caso para ejemplificar cómo es que las mujeres negras afrocolombianas del distrito están siendo afectadas por el conflicto que cada día cobra vidas en Buenaventura; por el desarrollo del principal puerto de Colombia que a ellas no les ha significado avances en su calidad de vida; y por el racismo estructural que permite que situaciones así sucedan sin que nadie se escandalice. Este relato lo hizo en medio de la audiencia “Desarrollo y racismo: realidades e impactos de la violencia contra las mujeres negras/afrodescendientes en nuestras diversas identidades”, que se realizó en Tumaco esta semana. En este encuentro, mujeres de distintos territorios aportaron sus testimonios ante tres expertas internacionales que fungieron como comisionadas y que, al final, manifestaron su profunda preocupación por las situaciones escandalosas que fueron denunciadas.
Intervención de la comisiona Gay Mcdouglas :”cuando uno escucha sus historias de violencia y racismo es un tema del presente.” pic.twitter.com/2EYv5KbXZB
— VigiaAfro (@VigiaAfro) April 19, 2021
Hubo historias de Cauca, Chocó, Antioquia y Nariño, y en todas se vio algo que Danelly Estupiñán llamó “el exterminio étnico”, que, dijo, se da por diferentes factores, como el empobrecimiento de las comunidades y el desplazamiento forzado, pero también por lo que eso trae: el debilitamiento de las prácticas ancestrales y de los valores culturales que han sostenido a las comunidades negras desde siempre: la ayuda mutua, el respeto a los mayores, el respeto por el dolor ajeno, la compasión y la confianza.
Ana Polonia Arará, integrante de la Asociación de Mujeres Afrodescendientes del Norte del Cauca (Asom), recuerda muy bien la época en la que en el municipio de Buenos Aires había esos valores. Fue hace varias décadas, todavía no habían aparecido en los paisajes de río las retroexcavadoras ni el mercurio en las aguas. Ana Polonia, o “Pola”, recuerda que las mujeres barequeras o tambadoras, es decir, mineras artesanales que sacaban oro de aluvión de las orillas del río, se iban juntas a trabajar. Cada una llevaba su batea y lo que pudieran llevar de sus casas para aportar a “la pucha”: una comida para todas. Vivían tranquilas, barequeaban en aguas limpias y también pescaban. “No había problema de actores armados, pero vivimos en un territorio rico y fueron puestos los ojos en nuestro territorio”, dijo.
Multinacionales y grupos al margen de la ley aparecieron en el panorama y la vida se les transformó. “No cogíamos riqueza, pero mitigábamos muchas de las necesidades familiares. Hoy prácticamente nos han quitado la cuchara de la boca. Ya no podemos ir al río porque tenemos pura contaminación. Llegaron las retroexcavadoras dañando el terreno y dejando unos huecos que son lodazales. Otros foráneos llegan al territorio fijándose en las riquezas. Trabajan con mercurio y con muchos químicos que han contaminado nuestras aguas. Hay muchas enfermedades en las mujeres”, dijo “Pola”. Eso, al tiempo que los actores armados, guerrillas, pero sobre todo paramilitares, se impusieron. Las mujeres negras fueron prácticamente esclavizadas. “Las negras solo sirven para la cama y la cocina”, recuerdan ellas que decían los armados, y así lo han documentado y entregado a la justicia transicional. Por ese y otros prejuicios racistas, las mujeres negras del norte del Cauca sufrieron violencias inenarrables.
Aún así, han intentado contarlas. A veces, como en otro de los testimonios presentados en la audiencia, la seguridad impide tener información exacta. En una comunidad afrocolombiana, en 2014, un grupo armado paramilitar ingresó una noche para cobrarle a la gente que hubiera “ayudado” a la guerrilla de las Farc, que antes habían pasado por ahí pidiendo cosas de servicio.
“Una noche sacaron a toda la gente de las casas. Luego cogieron a las mujeres y las violaron frente a sus parejas y su comunidad, que por ser ayudantes de las Farc. Eso generó el desplazamiento total de la comunidad. Eso fue en 2014. Lógicamente estas mujeres no volvieron más. Varias se fueron fuera del país. Una quedó embarazada por esta violación y estaba en el asunto de si abortaba o no, por el tema religioso, pero ella tampoco quería al niño. Fueron siete mujeres. Estaba el asunto de qué hacer. A todas las dejó su pareja. Se quedaron solas. Los maridos las dejaron. Y un asunto de culpa, como si ellas hubieran sido responsables del hecho. La que quedó embarazada a lo último decidió abortar e igual se sentía culpable”. Ese fue el testimonio que una persona cuya identidad fue protegida narró en un video.
Sin embargo, en otros testimonios quedó claro que la afectación por el conflicto armado también va por cuenta de la militarización de los territorios por parte del Estado. Por eso uno de los llamados que hizo Rosa Celorio, Vicedecana de Derecho Internacional y profesora de Derecho para George Washington University Law School, y quien fungió como comisionada en la audiencia, fue llamar al Estado “para cumplir con sus obligaciones de derecho internacional”.
“Para nosotras el conflicto armado continúa y nos ha quedado muy claro que las mujeres afro son uno de los grupos más afectados”, agregó Celorio, que estuvo acompañada por la abogada estadounidense Gay McDougall, estudiosa de los derechos humanos y la discriminación racial; y por la también abogada Madeleine Rees, activista y secretaria general de la Liga Internacional de Mujeres para la Paz y la Libertad.
“Es claro que la promesa del Acuerdo (de paz) y el proceso de justicia transicional en Colombia no están adecuadamente reflejando sus realidades. Las vemos muy excluidas y en muchos sentidos tenemos mucha preocupación sobre, no solamente la sanción a los perpetradores, el acceso a la justicia, sino también en temas de reparaciones, que deben venir después del conflicto armado”, dijo Celorio en nombre de sus compañeras. “Para nosotras, un proceso de justicia transicional que comprende de forma integral las realidades de las mujeres afro, tiene que tomar en consideración factores como la intersección tan profunda de distintas formas de discriminación que enfrentan las mujeres afro, y la conexión de esa discriminación con formas de violencias basadas en su sexo y género”.
Además, expresaron que les preocupaban también las amenazas a la autonomía económica y el impacto del capitalismo, la actividad corporativa y actividades económicas y el hecho de que no se vean rendiciones de cuentas, acceso a la justicia ni regulación de las actividades empresariales. Finalmente, llamaron al Estado a que, cuando lleve a cabo actuaciones destinadas a las mujeres afros, las tenga en cuenta. “Deseamos que los territorios ya no sean campos de batalla, guerra, pobreza, violencia y racismo para las mujeres afrocolombianas”.
En esa línea llegó la declaración de las autoridades de territorios colectivos y ancestrales, en voz de Clemencia Carabalí, lideresa del norte del Cauca y Premio Nacional a la Defensa de los Derechos Humanos (2019). “Declaramos que las Mujeres negras seguimos en resistencia por nuestra permanencia y el desarrollo de nuestras culturas, en nuestros territorios ancestrales, colectivos y tradicionales”. Asimismo, demandaron la necesidad de que el “Estado Colombiano reconozca el daño desproporcional e irreparable que han sufrido las mujeres, víctimas de la violencia sociopolítica y conflicto armado y que se garantice el derecho a la reparación con garantías de no repetición”.
Al final, la exigencia de las mujeres afrocolombianas es que el Estado deje de empobrecerlas, tal como lo definieron las bonaverenses: “pobreza no es la escasez de recursos para satisfacer las necesidades básicas de los seres humanos. La pobreza es el impedimento violento para poder gozar efectivamente del derecho al territorio como principal garante de vida digna (…) A las mujeres negras, al igual que al pueblo negro nos han impedido gozar nuestros derechos étnicos territoriales. Sometiéndonos al destierro, el desplazamiento, el despojo en todas sus dimensiones, represando así nuestro derecho a ser mujeres negras, condenándonos a la miseria provocada, tras el control señorial de nuestras vidas”.
Verdad y Memoria Por: Beatriz Valdés Correa /@beatrijelena – El Espectador
