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Miles de venezolanos emprendieron su regreso a Colombia, donde empiezan a reactivarse distintos sectores de la economía tras el fin del confinamiento impuesto por la pandemia de la Covid-19. Un éxodo anticipado por el director de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa, durante su reciente visita a EL HERALDO en septiembre, cuando también anunció que cada migrante retornado traería consigo al resto de su núcleo familiar o vendría acompañado por dos o tres vecinos y amigos, tan o más desesperados que él por abandonar la cada vez más invivible Venezuela, epicentro de una de las peores crisis humanitarias del mundo.

Ni la amenaza de un contagio por coronavirus ni el cierre de frontera, ordenado desde mediados de marzo por el Gobierno nacional debido a la emergencia sanitaria, fueron obstáculo para el avance de los caminantes expuestos a todo tipo de abusos contra su integridad, especialmente las mujeres, al cruzar las trochas entre Cúcuta, en Norte de Santander, y San Antonio del Táchira y Ureña, y entre Paraguachón, corregimiento de Maicao, en La Guajira, y el estado Zulia, donde existen  al menos 180 pasos clandestinos.

Una migración pendular imparable movida por el hambre y la necesidad, presa fácil de las mafias criminales que controlan estos caminos clandestinos, por donde también circula gasolina de contrabando, armas y narcóticos, componentes todos de una ‘próspera’ economía ilegal de la que se lucran organizaciones delincuenciales de Colombia y Venezuela, y la misma Guardia Nacional del vecino país. Toda una multinacional del crimen forjada a expensas de la movilidad humana.

Ejército y Policía desplegaron, con centenares de sus hombres, la llamada “Operación Muralla”, pero sus esfuerzos para evitar la migración irregular y la comisión de delitos son insuficientes ante la extensión de una inhóspita frontera plagada de rutas ocultas. Es ingenuo pensar que esta es la solución para detener el éxodo desde Venezuela, donde no hay certezas sobre el manejo de la pandemia, más allá de los escuetos anuncios del régimen. Autoridades nacionales y de los territorios fronterizos se expresan inquietos frente a la vulnerabilidad sanitaria de los migrantes y el ingreso de delincuentes a los que es imposible identificar por la falta de registros biométricos.

Mientras Migración Colombia descarta la apertura de la frontera, organizaciones binacionales consideran que la única forma de regular el creciente flujo de personas es abrir los cruces formales, a pesar del evidente riesgo sanitario, como una forma de combatir la criminalidad que acecha a los emigrantes.

Sin la prometida ayuda internacional, que sigue sin materializarse, Colombia no está en capacidad de afrontar sola este desafío, a pesar de la buena voluntad del Gobierno que inició una jornada de nueva regularización y entrega del Permiso Especial de Permanencia (PEP). Barranquilla y Atlántico serán sede de un proyecto de inserción laboral para población vulnerable, tanto migrante como de acogida, con respaldo del sector privado y de Open Society, la red internacional de donaciones del magnate empresarial George Soros. Una apuesta por cambiar la visión asistencialista de ayuda al venezolano por un esquema de integración económica identificando sus competencias profesionales y brindándoles la posibilidad de formalización.

Como toda crisis, las desatadas por la Covid-19 dispararon la discriminación y la xenofobia contra los venezolanos en Colombia, cada vez más empobrecidos y vulnerables. 160 mil  de ellos, el 9,2% del total nacional, están en el Atlántico, donde es necesario hacer un esfuerzo adicional para entender que no están aquí por turismo, sino por supervivencia.

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