Redacción
Ni la amenaza de un contagio por coronavirus ni el cierre de frontera, ordenado desde mediados de marzo por el Gobierno nacional debido a la emergencia sanitaria, fueron obstáculo para el avance de los caminantes expuestos a todo tipo de abusos contra su integridad, especialmente las mujeres, al cruzar las trochas entre Cúcuta, en Norte de Santander, y San Antonio del Táchira y Ureña, y entre Paraguachón, corregimiento de Maicao, en La Guajira, y el estado Zulia, donde existen al menos 180 pasos clandestinos.
Una migración pendular imparable movida por el hambre y la necesidad, presa fácil de las mafias criminales que controlan estos caminos clandestinos, por donde también circula gasolina de contrabando, armas y narcóticos, componentes todos de una ‘próspera’ economía ilegal de la que se lucran organizaciones delincuenciales de Colombia y Venezuela, y la misma Guardia Nacional del vecino país. Toda una multinacional del crimen forjada a expensas de la movilidad humana.
Ejército y Policía desplegaron, con centenares de sus hombres, la llamada “Operación Muralla”, pero sus esfuerzos para evitar la migración irregular y la comisión de delitos son insuficientes ante la extensión de una inhóspita frontera plagada de rutas ocultas. Es ingenuo pensar que esta es la solución para detener el éxodo desde Venezuela, donde no hay certezas sobre el manejo de la pandemia, más allá de los escuetos anuncios del régimen. Autoridades nacionales y de los territorios fronterizos se expresan inquietos frente a la vulnerabilidad sanitaria de los migrantes y el ingreso de delincuentes a los que es imposible identificar por la falta de registros biométricos.
Mientras Migración Colombia descarta la apertura de la frontera, organizaciones binacionales consideran que la única forma de regular el creciente flujo de personas es abrir los cruces formales, a pesar del evidente riesgo sanitario, como una forma de combatir la criminalidad que acecha a los emigrantes.
Sin la prometida ayuda internacional, que sigue sin materializarse, Colombia no está en capacidad de afrontar sola este desafío, a pesar de la buena voluntad del Gobierno que inició una jornada de nueva regularización y entrega del Permiso Especial de Permanencia (PEP). Barranquilla y Atlántico serán sede de un proyecto de inserción laboral para población vulnerable, tanto migrante como de acogida, con respaldo del sector privado y de Open Society, la red internacional de donaciones del magnate empresarial George Soros. Una apuesta por cambiar la visión asistencialista de ayuda al venezolano por un esquema de integración económica identificando sus competencias profesionales y brindándoles la posibilidad de formalización.
Como toda crisis, las desatadas por la Covid-19 dispararon la discriminación y la xenofobia contra los venezolanos en Colombia, cada vez más empobrecidos y vulnerables. 160 mil de ellos, el 9,2% del total nacional, están en el Atlántico, donde es necesario hacer un esfuerzo adicional para entender que no están aquí por turismo, sino por supervivencia.
