Elda Alomía tenía todo preparado para la auspiciada llegada de los entrevistadores del censo 2018. Tenía listos sobre la mesa del comedor los documentos de identificación de sus hijos, certificados del Sisbén, e incluso había preparado una limonada para refrescar la tarde de los funcionarios que la iban a entrevistar. Pero nada salió como esperaba.
La mujer bonaverense expresó que los encuestadores ni siquiera le hicieron la obligatoria pregunta de autorreconocimiento étnico que ayudaría a identificar cuánta población afro, indígena, raizal o gitana existe en el país. Según denunciaron varias organizaciones afrocolombianas, la categoría que buscaba indagar a las personas “si de acuerdo con su cultura, pueblo o rasgos físicos” es o se identificaba con alguna de estas etnias, habría sido ignorada más de la cuenta por los encuestadores.
Lo más preocupante –recalcó la Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas (CNOA)– es que estas irregularidades habrían influido en los resultados finales del censo 2018 y serían responsables del “genocidio estadístico” que impide “una verdadera transformación de las comunidades étnicas y por ende ratifican el racismo estructural que afecta a la población negra, afrocolombiana, raizal y palenquera”.
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De acuerdo con datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (Dane), en Colombia solo 2’982.224 personas se reconocen como afrodescendientes. La cifra evidencia una reducción del 30 por ciento en comparación con los datos del censo del 2005, cuando se contabilizaron 4’311.757 afros.
“Estas cifras no nos representan ni las aceptamos, y son resultado de una institucionalidad que hizo caso omiso a las constantes alertas realizadas por las organizaciones étnicas afrodescendientes e indígenas”, denunció la CNOA y alertó que las estadísticas ponen “en riesgo la vida y supervivencia de la población” afro debido a que imposibilitan la construcción de “propuestas de política pública y presupuestal que garanticen el desarrollo y la protección” de estas comunidades.
La preocupación de estas organizaciones se fundamenta en que desde hace varias décadas los datos demográficos, sociales y económicos que son recolectados en el censo sirven como base para la toma de decisiones y la construcción de políticas públicas acordes con las necesidades del país.
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En este orden de ideas, las cifras del Dane que señalan que solo el 30,6 por ciento de la población afrocolombiana se encuentra en situación de pobreza multidimensional, 11 puntos por encima del promedio nacional, también carecerían de exactitud. Además, quedarían en duda los datos que revelan que en Cali, el centro urbano con mayor población afro de Colombia, las personas que se autorreconocen como parte de estas comunidades se redujeron en un 52 por ciento.
Para Ariel Rosebel Palacios, miembro del equipo técnico nacional de la CNOA, el reclamo de esta organización se debe a que “estamos hablando de un sector de la población que es el históricamente marginado, con un peso significativo en los datos de pobreza multidimensional que tendría que reportar el Estado en acuerdos internacionales en materia de derechos humanos y económicos, como el de la Ocde. Entonces, al desaparecer un segmento de la población también desaparece la obligación de atender los problemas profundos que tiene en materia de desigualdades sociales”.
Estas cifras no nos representan ni las aceptamos, y son resultado de una institucionalidad que hizo caso omiso a las constantes alertas realizadas
Hace semanas, el director del Dane, Juan Daniel Oviedo, reconoció que varias de las irregularidades identificadas en los resultados se deberían a que hubo una omisión censal “importante”.
En un documento oficial conocido por EL TIEMPO, la entidad aceptó que tuvieron “dificultad para cubrir algunas zonas urbanas y rurales por temas de seguridad o por la negativa de los residentes a ser censados”. Además, aceptaron que hubo inconvenientes en la capacitación y en la contratación de personal afro para la aplicación de los cuestionarios, y que, en consecuencia, los “censistas no formularon la pregunta y marcaron la opción 6” en el cuestionario, es decir, señalaron que los encuestados no hacían parte de ningún grupo étnico.
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El reconocimiento de estas irregularidades les estaría dando la razón a los líderes de organizaciones de afrocolombianos que denunciaron que muchos encuestadores no recibieron una capacitación para la aplicación de la pregunta de autorreconocimiento étnico, motivo por el cual habrían optado por omitir esta categoría cuando no observaban, de acuerdo con su criterio, personas con rasgos fenotípicos “negros”.
Sin embargo, durante la presentación de los resultados, Oviedo señaló que la reducción del número de la población afro caracterizada en el país también se debería a que en los “contextos urbanos las personas no quisieron ejercer su derecho de autorreconocimiento”.
Pareciera que el Dane intenta buscar un ‘chivo expiatorio’, ‘el autorreconocimiento’
Carlos Viáfara, magíster en demografía e investigador del Grupo de Estudios Étnico-Raciales de la Universidad del Valle, asegura que el argumento del Dane pierde validez si se tiene en cuenta que “con una omisión censal tan grande es muy difícil saber si hubo una reducción en el autorreconocimiento de esta población”.
El experto denunció que “pareciera que el Dane intenta buscar un ‘chivo expiatorio’, ‘el autorreconocimiento’, para culparlo de la reducción. Sin embargo, no tiene técnicamente cómo demostrarlo, no existe ninguna metodología con lo cual puedan validar esa hipótesis”.
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La defensora de derechos humanos y líder de comunidades negras Yolima Banguero indicó que la mala aplicación de las encuestas por parte del instituto “sí influyó negativamente porque los procesos de formación no respondieron lo suficientemente a la rigurosidad necesaria para esta tarea”, y agregó que fue un desacierto “emplear gente externa a la zonas rurales donde habita población negra, que llegan con una serie de prejuicios que en muchas ocasiones limitan el ejercicio censal”.
Las cifras de autorreconocimiento fueron mucho menores a las esperadas por organizaciones y académicos que calculaban que la población afro del país oscilaría entre el 15 y 20 por ciento, y no en el 9,34 por ciento (4,6 millones de personas) que estimó el Dane tras cruzar los resultados del censo 2018 con los de la encuesta de Calidad de Vida del mismo año.
No hay evidencia, al menos en América Latina, de que este se reduzca de manera estrepitosa de un censo a otro
Asimismo, el investigador Viáfara agrega: “No hay evidencia, al menos en América Latina, de que este se reduzca de manera estrepitosa de un censo a otro; más bien los resultados apuntan a que se ha incrementado debido a la presencia del multiculturalismo”.
Por su parte, la CNOA alertó al Estado colombiano y a las organizaciones de la sociedad civil “que las cifras dadas por el Dane no deben ser usadas o tenidas en cuenta como referente de la situación estadística de la población negra, afrocolombiana, raizal y palenquera, ya que estas no representan la realidad cuantitativa de nuestra población”.
JULIÁN VIVAS
Redacción Nación