LONDRES (AP) — Los opositores al plan del gobierno británico de deportar inmigrantes a Ruanda se preparan para una audiencia en la corte de apelaciones el lunes en medio de la reacción política tras los informes de que el príncipe Carlos describió en privado la política como “espantosa”.
Una coalición de grupos que incluye a defensores de los derechos de los inmigrantes y sindicatos de empleados públicos solicitará al Tribunal de Apelaciones de Londres que revoque un fallo de un tribunal inferior que permite que el primer vuelo de deportación se lleve a cabo según lo programado el martes.
El gobierno conservador del primer ministro Boris Johnson anunció en abril planes para enviar algunos inmigrantes indocumentados a Ruanda, donde se procesarían sus solicitudes de asilo en la nación del este de África. Si tiene éxito, esos inmigrantes se quedarían en Ruanda. Gran Bretaña pagó a Ruanda 120 millones de libras (158 millones de dólares) por adelantado y hará pagos adicionales en función del número de personas deportadas.
El programa tiene como objetivo disuadir a los inmigrantes de arriesgar sus vidas cruzando el Canal de la Mancha en pequeñas embarcaciones después de un aumento en este tipo de viajes en los últimos dos años. Pero los grupos de derechos humanos dicen que la política es ilegal, inhumana y solo aumentará los riesgos para los migrantes.
El debate llenó los medios de comunicación británicos durante el fin de semana después de que el Times de Londres informara que una persona no identificada había escuchado al príncipe Carlos expresar su oposición a la política “varias veces” en conversaciones privadas.
“Dijo que piensa que todo el enfoque del gobierno es espantoso”, dijo la fuente citada por el periódico.
La oficina de Charles, Clarence House, se negó a comentar sobre “conversaciones privadas anónimas”, pero enfatizó que el príncipe sigue siendo “políticamente neutral”.
Los comentarios de Charles son problemáticos porque él es el heredero al trono y se supone que el monarca británico debe permanecer por encima de la refriega política.
Las conversaciones informadas plantean preocupaciones sobre si Charles puede ser un monarca neutral después de toda una vida de hablar sobre temas que van desde el plástico del océano hasta la preservación arquitectónica. Charles, de 73 años, ha asumido un papel cada vez más central en los últimos meses debido a que los problemas de salud han limitado las actividades de la reina Isabel II, su madre de 96 años.
Los comentarios desataron una tormenta de fuego en los periódicos británicos, con el Daily Express advirtiendo al Príncipe de Gales: «¡Manténgase alejado de la política Charles!» The Mail on Sunday dijo: “No daremos marcha atrás en Ruanda, Charles”.
El gobierno de Johnson no da señales de cambiar de rumbo.
El secretario de Irlanda del Norte, Brandon Lewis, quien representó al gobierno en los programas de televisión de los domingos por la mañana de Gran Bretaña, ofreció una fuerte defensa del plan, diciendo que el gobierno británico quiere cambiar el modelo comercial de los traficantes de personas.
“La realidad es que esta es una política que va a cumplir, para garantizar que la esclavitud moderna y estos traficantes de personas sepan que sus métodos criminales serán desmantelados”, dijo a Sky News.
Más de 28.500 personas ingresaron a Gran Bretaña en botes pequeños el año pasado, frente a las 1.843 en 2019, según estadísticas del gobierno. El riesgo de tales cruces quedó claro el 24 de noviembre, cuando 27 personas murieron después de que su bote inflable se hundiera en las aguas entre Gran Bretaña y Francia.
El Ministerio del Interior, la agencia que supervisa el control fronterizo, lanzó su propia defensa de la política el domingo, publicando comentarios de un portavoz del gobierno de Ruanda en las redes sociales.
“Se trata de proteger y garantizar el bienestar y el desarrollo tanto de los inmigrantes como de los ruandeses en Ruanda”, dijo la portavoz de Ruanda, Yolande Makolo.
Un juez del Tribunal Superior de Londres rechazó el viernes una solicitud de los opositores al plan de bloquear los vuelos de asilo de Ruanda de Gran Bretaña hasta que el tribunal haya tomado una decisión sobre si el programa es ilegal. La decisión permite que los vuelos comiencen incluso cuando avanza el desafío legal más amplio.
Ese fallo ha sido apelado ante el Tribunal de Apelaciones, que conocerá la petición el lunes.
El abogado del gobierno Mathew Gullick dijo el viernes que 37 personas estaban originalmente programadas para estar a bordo del vuelo del martes, pero seis tenían sus órdenes de deportación canceladas. El gobierno todavía tiene la intención de operar el vuelo, dijo.
El gobierno no ha proporcionado detalles de los seleccionados para la deportación, pero los grupos de refugiados dicen que incluyen personas que huyen de Siria y Afganistán.
Ruanda ya alberga a decenas de miles de refugiados. La competencia por la tierra y los recursos contribuyó a las tensiones étnicas y políticas que culminaron en el genocidio de Ruanda en 1994, en el que murieron más de 800.000 tutsis étnicos y hutus moderados que intentaron protegerlos.
El gobierno del presidente Paul Kagame ha logrado un progreso económico significativo desde el genocidio, pero los críticos dicen que ha sido a costa de una fuerte represión política.
La agencia de refugiados de las Naciones Unidas se ha opuesto a los planes de Gran Bretaña, diciendo que es un esfuerzo por exportar las obligaciones legales del país de brindar asilo a quienes buscan un refugio seguro.
“Las personas que huyen de la guerra, el conflicto y la persecución merecen compasión y empatía”, dijo Gillian Triggs, alta comisionada adjunta para la protección de ACNUR. “No deben comercializarse como productos básicos y transferirse al extranjero para su procesamiento”.
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