Redacción
Al igual que sucedió a finales de marzo pasado, cuando comenzó la cuarentena en Colombia, la incertidumbre se tomó los partidos políticos esta semana y nadie sabe qué pasará en el próximo semestre en el Congreso, el cual se debate entre las sesiones virtuales o presenciales.
Las dudas se originaron en la decisión de la Corte Constitucional de este jueves, que dejó sin efecto el artículo 12 del decreto 491, que habilitaba las reuniones de forma virtual o remota para las entidades y cuerpos colegiados del Estado.
Aunque en un principio se creyó que esta decisión implicaba la caída de las sesiones virtuales del Congreso, luego se aclaró que lo aprobado estaba a salvo y que el mensaje era que el Ejecutivo no podía intervenir en las acciones de las demás ramas del poder público.
El problema es que ahora el Congreso se debate entre si puede seguir sesionando de manera virtual o si tiene que hacerlo de forma presencial y cuáles serían las fórmulas para cada camino.
Desde principios de abril y luego de un intenso debate entre la legalidad o ilegalidad del mecanismo, el Congreso comenzó a funcionar remotamente, en medio de las dudas jurídicas de una buena parte de sus integrantes.
Unos dijeron que las decisiones que se tomaran en esas convocatorias carecerían de legalidad y que, incluso, sus curules estarían en peligro si avanzaban en esta forma de trabajo, la cual no está permitida –ni tampoco prohibida– en el reglamento del Legislativo.
Mientras tanto, los más entusiastas insistieron en que había todas las garantías legales para el trabajo virtual y que el Congreso tenía que comenzar a funcionar de inmediato.
Al final pesó más la presión de quienes querían reunirse de forma remota y el Congreso comenzó un nuevo ciclo, el cual se vio plagado de debates de control político en los que varios ministros del despacho pasaron horas y horas respondiendo las preguntas de los legisladores.
Algunas semanas antes de concluir las sesiones ordinarias, en junio pasado, el Senado no tuvo más opción que comenzar a votar proyectos de ley y de reforma constitucional y fue así como se aprobaron, entre otros, la cadena perpetua, en casos excepcionales, para violadores y asesinos de niños y la ley de pagos a plazos justos para pequeños y medianos empresarios.
Sin embargo, el jueves pasado la Corte Constitucional se pronunció sobre ese trabajo remoto y determinó tumbar el artículo que lo había permitido, incluido en un decreto de marzo pasado.
Dentro de los argumentos del alto tribunal estuvo que el Legislativo no debió haber esperado a que el Presidente habilitara el trabajo virtual para citar, lo que fue respaldado por varios sectores políticos.
En otras palabras, que el Congreso es autónomo en su funcionamiento y que debió, al igual que lo hicieron otras entidades y cuerpos colegiados del Estado, adecuar su reglamento a la realidad del aislamiento preventivo obligatorio y empezar sesiones.
Tras esta decisión, la pregunta ahora es qué va a pasar a partir del próximo 20 de julio, cuando comenzará el tercer año legislativo del actual Congreso, y si se puede seguir con la virtualidad.
Incertidumbre
Varios senadores, especialmente opositores al Gobierno Nacional, se pusieron del lado de las sesiones presenciales. El senador por ‘la U’ Roy Barreras, por ejemplo, aseguró que el Congreso está “silenciado” en la “farsa de la virtualidad” y exigió “presencialidad”.
La senadora por los ‘verdes’ Angélica Lozano afirmó que lo “razonable” sería que “cada partido determine un número de congresistas que asista al recinto y los demás sesionen virtualmente”, tesis que es apoyada por otros sectores opositores.
Pero del otro lado, la senadora por el Centro Democrático María del Rosario Guerra manifestó que, en últimas, serán las mesas directivas de Senado y Cámara las que determinen el mecanismo, pero que, “en este momento de pandemia, lo recomendable es continuar con sesiones virtuales para mitigar el riesgo”.
A la tesis de ella se suma un dato clave y es que, según conoció este diario, al menos la mitad de los senadores tienen más de 65 años y enfermedades preexistentes, lo que les impediría acudir al llamado presencial, si es que el Congreso así lo determina. Además, seis legisladores ya han reportado que son positivos para el covid-19.
EL TIEMPO indagó con varios senadores que manifestaron que no están dispuestos a correr este riesgo, no solo por la protección individual y de sus familias, sino porque han pasado por enfermedades como cáncer o diabetes y no quieren poner en peligro su recuperación.
Aunque los actuales presidentes de Senado y Cámara –Lidio García y Carlos Cuenca, respectivamente– tienen la responsabilidad de disponer la instalación del año legislativo, el próximo 20 de julio, y la elección de sus sucesores, el peso mayor recaerá en las nuevas cabezas de ambas corporaciones.
Por el momento, el debate no parece sencillo y será la primera prueba para quienes aspiran a dirigir los destinos de la institución que debe hacer el control político y legislar en momentos en que los colombianos necesitan respuestas para la dura crisis económica que se vive.
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