El pasado 16 de enero, el Gobierno Nacional expidió el decreto 050 del Ministerio de Transporte donde congeló la subida anual en las tarifas de los peajes con la promesa de compensar ese diferencial a las distintas concesiones viales del país. Sin embargo, pasados cuatro meses desde la puesta en marcha, los empresarios siguen con dudas sobre el origen de los dineros para pagarles.
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En un primer momento, el Gobierno anunció que se haría mediante la adición presupuestal para este año, pero ante el Ministerio de Hacienda este pedido del Ministerio de Transporte nunca fue vinculado a la lista de recursos.
Incluso, preocupados por la situación Fedesarrollo realizó, para la Cámara Colombiana de Infraestructura (CCI), una investigación del centro de estudios económicos donde se advierte que el decreto podría generarle al Gobierno una contingencia fiscal de $13,8 billones al año 2040, valor estimado del déficit eventual de largo plazo a favor de las concesiones viales.
A esta presión, las voces de las concesiones viales se fueron sumando una a una y mostrando su preocupación.
Por su parte, Juan Carlos María, gerente general de la concesión Ruta al Sur, encargada de la vía 4G Santana-Mocoa-Neiva, señaló que sumada a la situación macroeconómica actual, el no realizar el incremento en las tarifas ya le está pasando factura al esquema financiero pues está castigando el flujo de caja.
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“El no subir los peajes tiene una afectación directa, son menos recursos. También las tasas de interés nos generan un costo mayor en el tema de la financiación a lo originalmente previsto. Indiscutiblemente, hay un impacto, que esa posición dentro del esquema del cierre financiero genera un cierto ruido, pero estamos confiados en que el Gobierno honre el mecanismo de compensación que está establecido en el contrato”, dicen.
Así mismo, otras concesiones señalaron que “representa un desbalance muy significativo entre ingresos y egresos, ya que todos los costos en los que incurre el concesionario se vieron incrementados por lo menos en 13% o 12% , y en muchos casos existen costos cuyo incremento fue sustancialmente mayor a la inflación como es el caso de insumos para la construcción, salario mínimo, entre otros”, señalan.
Incluso entre sus estimativos reconocieron que tomando un horizonte de tiempo de 25 años (promedio de tiempo faltante para los contratos de concesión), por cada $100.000 millones de recado actual se dejarían de percibir cerca de $500.000 millones en el tiempo anteriormente mencionado.
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Ante estas incógnitas, Lyda Esquivel, vicepresidenta de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) despejó las dudas y señaló que se está revisando con el Ministerio de Hacienda cómo se girarán los recursos a través del Fondo de Contingencia para mitigar los efectos del decreto.
“Estamos también revisando cada contrato para ver la cascada de riesgos para a través del Fondo de Contingencia y apropiar los recursos para mitigar el riesgo que adquirió la Nación” señala Esquivel.
A su vez, la funcionaria da un mensaje de tranquilidad a las concesiones, pues a partir del Fondo se darán los dineros que dejaron de percibir las concesiones.
“Este fondo va a soportar todos los pagos que tienen los concesionarios pendientes en este momento. Estamos trabajando para fondear los recursos y vamos a responderles a todos los concesionarios”, dice.
PAULA GALEANO BALAGUERA
Twitter: @Paula1GB