Redacción
La inclusión financiera en Colombia ha tenido una tendencia favorable en los últimos años. En efecto, el número de adultos que tenía por lo menos un producto financiero subió de 21,1 a 31,0 millones entre 2015 y 2020. De esta manera, el 85,9% de la población adulta colombiana cumplía esta condición al cierre del primer semestre de 2020.
En relación con estos resultados, el Microscopio Global, la evaluación sobre el entorno en políticas de inclusión financiera elaborado por la Unidad de Inteligencia de The Economist, realizó una medición del entorno normativo para la inclusión financiera en 55 países.
El resultado no pudo ser mejor, ya que el país registró el primer puesto en la medición de 2019 (repitiendo lo logrado el año anterior). El establecimiento de un espacio para testear el funcionamiento de productos y servicios innovadores, el cual es monitoreado por parte de la Superintendencia Financiera (laArenera); el Decreto 2443 de 2018 que permitió la inversión en empresas tipo Fintech por parte de los establecimientos financieros y el Decreto 1357 de 2018 para reglamentar el Crowdfunding, fueron algunos elementos resaltados.
Aspectos adicionales como el apoyo gubernamental a la inclusión financiera y el diseño de estrategias adecuadas para la protección al consumidor financiero, contribuyeron a explicar esta buena calificación.
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Pese al desempeño favorable que alcanzó Colombia en este reporte, también se encontraron aspectos por mejorar. En efecto, condiciones normativas como la reglamentación de la ciber-seguridad, la infraestructura de pagos y la conectividad digital no contaron con la mejor calificación.
En relación con lo anterior, el Gobierno Nacional ha tenido en cuenta recientemente aquellos aspectos que requieren mejoría. Por una parte, el Decreto 1234 de 2020, expedido por la Unidad de Regulación Financiera, da espacio para fortalecer el esquema actual de la laArenera y promover una mayor innovación financiera que aporte a la inclusión de más personas. Además, a finales del año pasado se publicó por parte de esta misma entidad un borrador de Decreto que busca modernizar la normatividad del sistema de pagos de bajo valor, el cual debería contribuir a la dinamización de la infraestructura de pagos electrónicos en el país.
¿Por qué es importante prestar atención a este tipo de reportes? En primer lugar, resultan una buena herramienta para monitorear si las políticas públicas para la inclusión financiera se encuentran bien direccionadas y se pueden detectar las áreas que requieren acciones de mejoramiento. Además, permite ver la realidad de otros países y replicar casos los casos de éxito derivados de buenas prácticas internacionales.
AGENDA FUTURA
Precisamente para continuar por esa senda, el Ministerio de Hacienda, la Unidad de Regulación Financiera y la Superintendencia Financiera publicaron recientemente la “Política pública para el desarrollo del sistema financiero y del mercado de capitales para 2020-2025”. Dicha estrategia apunta a garantizar una mejor canalización de los recursos de ahorro e inversión en la economía, fomentar los pagos electrónicos y la digitalización de las transacciones, continuar el fortalecimiento del marco institucional y generar herramientas que consoliden la estabilidad y seguridad del sector.
Complementando esto, en los últimos días el Departamento Nacional de Planeación emitió el documento CONPES 4005 que dio los lineamientos para la formulación de la política pública de inclusión educación financiera a nivel nacional para los próximos años. Allí se estructura un plan de acción que involucra a diferentes entidades del Gobierno Nacional.
Sin duda los buenos resultados en inclusión financiera están relacionados con el diseño de estas hojas de ruta, las cuales buscan, entre otros aspectos, ampliar la capacidad de la infraestructura de pagos y la banca digital en el país, aspectos que todavía tienen espacio de mejora si tenemos como referencia las buenas prácticas internacionales.
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Un asunto que no se puede perder del radar será la expedición, en las próximas semanas, del Decreto que modifica las normas aplicables a los sistemas de pagos de bajo valor. Una prueba más de la construcción de un entorno favorable para la inclusión financiera.
Álvaro Parga
Especialista en Inclusión Financiera
Banca de las Oportunidades
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