El presidente de Túnez despidió a 57 jueces el miércoles, acusándolos de corrupción y de proteger a los terroristas en una purga del poder judicial que se produce cuando busca rehacer el sistema político después de consolidar el gobierno de un solo hombre.
En un discurso televisado, el presidente Kais Saied dijo que había “dado oportunidad tras oportunidad y advertencia tras advertencia al poder judicial para que se purificara”. Horas después el diario oficial publicó un decreto anunciando los despidos.
Entre los despedidos estaba Youssef Bouzaker, el exjefe del Consejo Judicial Supremo cuyos miembros Saied reemplazó este año cuando tomó el control del poder judicial.
El consejo había actuado como el principal garante de la independencia judicial desde la revolución de Túnez de 2011 que introdujo la democracia y los cambios de Saied provocaron acusaciones de que estaba interfiriendo en el proceso judicial.
Otro juez destacado en la lista de los despedidos fue Bachir Akremi, a quien algunos activistas políticos acusan de estar demasiado cerca del partido islamista Ennahda y de paralizar los procesos en su contra. Tanto Ennahda como Akremi lo niegan.
El verano pasado, Saied destituyó al gobierno y tomó el poder ejecutivo en un movimiento que sus enemigos llamaron un golpe de estado antes de anular la constitución de 2014 para gobernar por decreto y destituir al parlamento electo.
Él dice que sus movimientos fueron necesarios para salvar a Túnez de la crisis y su intervención inicialmente pareció tener un amplio apoyo público después de años de estancamiento económico, parálisis política y corrupción.
Saied, quien también reemplazó a la comisión electoral independiente, también dijo que presentará una nueva constitución este mes que someterá a referéndum el próximo mes.
Sin embargo, casi todos los partidos políticos de Túnez han rechazado la medida junto con el poderoso sindicato UGTT.
Mientras tanto, con la economía de Túnez en quiebra y con las finanzas públicas en crisis, Saied enfrenta la perspectiva de una creciente ira popular por la alta inflación y el desempleo, y la disminución de los servicios públicos.
La UGTT dijo esta semana que los trabajadores del sector público irían a la huelga el 16 de junio, lo que representa el mayor desafío directo a la postura política de Saied hasta el momento.