El gobierno británico superó un desafío legal a su controvertida política de comenzar a deportar a los solicitantes de asilo a Ruanda cuando el Tribunal Superior desestimó los intentos de los activistas de obtener una orden judicial y dijo que el primer vuelo podría partir la próxima semana.
Organizaciones benéficas y un sindicato lanzaron un desafío a principios de esta semana contra el plan del gobierno de enviar solicitantes de asilo a la nación del este de África.
El juez Jonathan Swift se negó el viernes a bloquear la expulsión de los solicitantes de asilo iraquíes y sirios y negó una orden judicial para prohibir el primer vuelo a Ruanda el martes.
“Existe un interés público material en que la ministra del Interior (Priti Patel) pueda implementar decisiones de inmigración”, dijo Swift.
Dijo que algunos de los riesgos que enfrentan los solicitantes de asilo deportados descritos por las organizaciones benéficas eran pequeños y “en el ámbito de la especulación”.
La decisión es una victoria para el primer ministro Boris Johnson cuatro días después de haber enfrentado la amenaza de ser destituido por algunos de sus legisladores.
Ha dicho que el plan socavaría las redes de contrabando de personas y detendría el flujo de migrantes que arriesgan sus vidas al cruzar el Canal de la Mancha en pequeñas embarcaciones desde Europa.
Pero el fallo del viernes es solo una victoria inicial y parcial porque el tribunal autorizó a los grupos de derechos humanos a apelar la decisión ante el Tribunal de Apelación, y se han presentado apelaciones legales individuales contra el gobierno.
El Tribunal Superior también escuchará una revisión judicial antes de finales de julio, lo que podría bloquear los planes del gobierno.
Johnson dio la bienvenida a la decisión de la corte. “No podemos permitir que los traficantes de personas pongan vidas en riesgo y nuestra asociación líder en el mundo ayudará a romper el modelo de negocios de estos criminales despiadados”, dijo.
Gran Bretaña y Ruanda llegaron a un acuerdo en abril para que el país africano aceptara a los deportados.
TRAVESÍAS EN BARCO PEQUEÑO
El plan del gobierno ha provocado la protesta de grupos de derechos humanos, legisladores de la oposición y algunos miembros del Partido Conservador de Johnson.
Rose Hudson-Wilkin, líder de alto rango en la Iglesia de Inglaterra con sede en Dover, donde llegaron muchos de los inmigrantes, dijo que se sentía “profundamente avergonzada” por la decisión de la corte. “Se siente inhumano”, dijo.
Alrededor de 30 solicitantes de asilo han sido seleccionados para su expulsión.
Durante la audiencia del viernes, el gobierno acordó abandonar la deportación inmediata de al menos otras cinco personas.
Durante la audiencia, Raza Hussain, el abogado de Care4Calais, Detention Action y el Sindicato de Servicios Públicos y Comerciales (PCS), que representa a los funcionarios del Ministerio del Interior de Gran Bretaña, dijo que el esquema era inseguro e irracional.
Hussain dijo que el gobierno había hecho afirmaciones «engañosas e inexactas» de que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados le había dado luz verde y que estaba actuando con falsas garantías sobre la capacidad de Ruanda para ofrecer protección a los solicitantes de asilo y procesar sus solicitudes.
El abogado del gobierno Mathew Gullick dijo que las críticas y preocupaciones eran retrospectivas y no reflejaban cómo se trataría a los migrantes. Había un “importante interés público” en disuadir la inmigración ilegal, dijo.
El año pasado, más de 28 000 inmigrantes y refugiados cruzaron desde Europa continental a Gran Bretaña.
En noviembre, 27 personas se ahogaron en el Canal cuando su pequeño bote de goma se desinfló, y muchas otras tuvieron que ser rescatadas de la estrecha vía marítima, una de las rutas marítimas más transitadas del mundo.
Bajo el esquema del gobierno, cualquiera que haya llegado ilegalmente a Gran Bretaña desde el 1 de enero podría ser reubicado en Ruanda.
El gobierno espera que el plan desaliente los cruces del Canal, aunque más de 3.500 personas han llegado a Gran Bretaña en pequeñas embarcaciones desde mediados de abril, cuando se dio a conocer el plan de Ruanda, según cifras del gobierno.
Israel intentó previamente un esquema similar para enviar solicitantes de asilo a Ruanda.
Pero en 2018, la Corte Suprema de Israel bloqueó la política, diciendo que no era compatible con la convención de refugiados de las Naciones Unidas.