En entrevista con EL TIEMPO, Andrés Stapper, director de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, habla sobre los avances de la reincorporción durante la pandemia y de la reinserción de más de once mil excombatientes a la vida civil.
Seguimos trabajando en todos los procesos de mitigación de efectos de salud y económica, así como en adelantar las tareas que nos permitan la virtualidad. En la atención a los Espacios y los retos que nos ha dejado la pandemia, hemos avanzado en diferentes acciones. Desde el comienzo, identificamos los efectos que nos podría dejar la pandemia y a medida que se han ido prolongando estas medidas, hemos hecho estudios de mercado para dotarlos con todas las medidas de higiene y hacer jornadas de desinfección de las áreas comunes.
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Hemos mantenido la contratación de víveres secos y frescos, también se mantienen las rentas mensuales y el ICBF ha dotado a 407 niños y niñas con canastas básicas al interior de los Espacios, son algunas de las medidas que se han adoptado.
Desde el comienzo de la emergencia, diseñamos protocolos para activar alertas inmediatas cuando tengamos síntomas o posibles contagios de los excombatientes, contamos con herramientas digitales en los procesos de asistencia técnica virtual.
Hemos tenido dos reportes positivos, que se han tratado con todas las medidas; con el Consejo Nacional de Reincorporación se creó una mesa específica para poder identificarlos y atenderlos, hemos hecho un tamizaje constante frente a los síntomas que puedan presentar para informarlo a los prestadores de salud.
Ahora estamos en un proceso para mejorar la potabilidad del agua, hicimos unos estudios para mejorar el mantenimiento y de pronto cambiar las plantas de tratamiento que se compraron, pero algunos espacios prefieren que el agua para el consumo no sea potabilizada ni tratada, prefieren usar el agua de los afluentes naturales o de los pozos de la zona.
Pero algunos espacios prefieren que el agua para el consumo no sea potabilizada ni tratada, prefieren usar el agua de los afluentes naturales o de los pozos de la
zona
También se ampliaron los canales de conectividad en Internet porque antes era una herramienta que facilitaba los procesos o se usaba para el ocio de las personas, pero ahora se volvió la herramienta fundamental para nuestros procesos de asistencia técnica virtual y para la formación académica, entonces contratamos planes de datos ilimitados para la accesibilidad en los Espacios.
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No hemos parado, hemos seguido aprobando proyectos productivos y hemos mantenido la asistencia técnica. Hay afectaciones que llegan a los proyectos, regiones donde han tenido que cerrar el comercio, no quiere decir que los proyectos hayan fracasado, sino que su ejecución puede ser retardada.
En Ituango, visitamos a la comunidad desde el primer trimestre del año pasado e informamos sobre la recomendación del Gobierno de trasladar ese Espacio, teniendo en cuenta las condiciones de seguridad del terreno, la accesibilidad y los puntos referentes a su reincorporación social y económica. Al principio, los líderes de la comunidad manifestaron su negativa, pero después, de manera conjunta con el Gobierno, comenzaron a identificar los predios.
En enero de este año, teniendo en cuenta los incidentes de seguridad, se tomó la decisión de trasladar esa zona a un predio que fuera ubicado por el Gobierno y por los excombatientes, para iniciar el traslado de la población.
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En Antioquia y en el ETCR de Ituango, a la fecha, no se ha documentado ninguna afectación contra la vida ni la integridad de los excombatientes o de sus familiares, esto al interior del ETCR. Hay unos factores de inestabilidad en el contexto territorial por parte de diferentes grupos armados que han afectado a más de once excombatientes y a sus familias en este municipio.
En cuanto al municipio de Mutatá, ya todo está dispuesto por parte de la Fuerza Pública y de la Policía para brindar las mismas garantías de seguridad que se dan en todos los ETCR; el Ejército va a disponer de un batallón para poder tener control y seguridad en este Espacio.
La ubicación de las antiguas Zonas Veredales fue lo que quedó pactado en el Acuerdo de Paz, los antiguos ETCR se crearon como una figura de carácter transitoria, figura que finalizó en agosto del año pasado, y con la Consejería para la Estabilización y la Presidencia hicimos un análisis a partir de las variables que se presentan en los 24 Espacios, que a la fecha albergan a cerca de 3 mil excombatientes.
Analizamos las variables de seguridad, el tema productivo, la reincorporación social y comunitaria, el acceso a servicios públicos y cómo se podrían llegar a comprar o adecuar tierras para los Excombatientes. En esa fase inicial, acordamos que trece de esos espacios permanecerían en sus territorios y en los otros once se recomendaba hacer un traslado hacia cualquier otra parte; la visión del Gobierno es poder tener un arraigo a la legalidad mediante el acceso a tierras, programas de vivienda y sistemas productivos de la población.
El compromiso que tiene el Gobierno es que se hagan una vez podamos terminar las construcciones de las casas, cuando los predios estén dotados con la infraestructura necesaria para que tengan conexión de servicios públicos, es un proceso que puede durar de un año a año y medio. Por el momento, con la contingencia, hasta ahora se están abriendo las fronteras, pero ya se están haciendo los avalúos de los predios para seguir con el proceso de compra.
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Cauca fue uno de los espacios en los que hicimos visitas técnicas con el CNR para hacer el traslado del ETCR en Monterredondo, donde viven quince excombatientes y sus familias, los demás están ubicados en municipios colindantes con Miranda y están adelantando procesos productivos. Desde este Espacio, hace unos 25 días nos llegó una carta de los líderes en la que solicitaban la reubicación, identificaron dos predios y con base en eso, se iniciarán las labores.
En Putumayo, está el ETCR La Carmelita, en Pradera, donde venimos trabajando con los liderazgos, estamos pendientes de la definición del lugar al que se quieran trasladar
En Putumayo, está el ETCR La Carmelita, en Pradera, donde venimos trabajando con los liderazgos, estamos pendientes de la definición del lugar al que se quieran trasladar. Se habían identificado unos predios con la Gobernación pasada, pero había problemas con la accesibilidad a aguas y a servicios públicos, pero ya estamos con los equipos para iniciar todos los procesos a mediados de agosto.
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Finalmente, en el Meta están los casos de Mesetas y de Vista hermosa, son espacios que se van a mantener en su territorio, pero están en predios baldíos y hemos establecido una ruta para legalizar y formalizar esos predios por parte de la Agencia Nacional de Tierras.
Conocimos de unas amenazas contra quince excombatientes en Uribe, que se ubicaban en la NAR El Diamante, donde realizaban un proceso productivo que apoyamos y aprobamos. Hemos tenido varias reuniones con ellos para gestionar la reubicación del proyecto productivo, y por ahora, los que no están con sus familias, se encuentran ubicados en otros ETCR de la región.
Ya identificamos varios predios que se pusieron a su disposición y vamos a tener reuniones de seguimiento para concurrir en el traslado. Mientras tanto, la Gobernación y la Policía han prestado la custodia a los bienes y a la infraestructura.
Tenemos muchos retos, llevamos un proceso de tres años que nos ha permitido tener una planificación, determinar las necesidades y saber cómo tenemos que avanzar para poder consolidar un proceso irreversible y darle certidumbre a la población de excombatientes, pero particularmente, en la política de Paz con Legalidad, el presidente Duque planteó tres retos.
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El primer reto es que el cien por ciento de los excombatientes tengan un proyecto productivo financiado por el Gobierno, a la fecha ya llevamos más de 4.500 excombatientes; el segundo es poder apalancar los programas de vivienda al interior y por fuera de los ETCR, hemos priorizado los Espacios teniendo en cuenta este reto de comprar las tierras, construir las viviendas y avanzar en dejar las figuras transitorias y volverlas permanentes; y el tercero es incorporar al cien por ciento de los niños, hijos de excombatientes, a la oferta pública que el Estado proporciona para su atención en salud, educación y brindarles oportunidades para poder construir un proyecto de vida con sus familias.
Andrea Carolina Tapia Godoy
Redacción Política