Un tribunal ciudadano emitió una orden de arresto simbólica contra el presidente chino, Xi Jinping, después de emitir un veredicto no vinculante de que cometió crímenes de agresión contra Taiwán, crímenes contra la humanidad en el Tíbet y genocidio contra los uigures en Xinjiang.
El Tribunal de los Ciudadanos del Mundo —un “tribunal popular” dedicado a los derechos humanos universales y con sede en La Haya, Países Bajos— emitió la orden de arresto el 12 de julio después de cuatro días de audiencias, que incluyeron testimonios de testigos expertos y relatos de víctimas.
Entre los miembros del Tribunal de China se encontraban Stephen Rapp, ex embajador de Estados Unidos en misión especial para cuestiones de crímenes de guerra; Zak Yacoob, un juez retirado que sirvió en el Tribunal Constitucional de Sudáfrica; y Bhavani Fonseka, abogado constitucional y de derechos humanos y activista en Sri Lanka.
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Los expertos y testigos detallaron abusos generalizados de los derechos humanos en el Tíbet y Xinjiang, incluida vigilancia intrusiva, represión, tortura y restricciones a la libertad de expresión y movimiento, así como lo que describieron como esfuerzos para erradicar sus identidades culturales y religiosas distintivas.
Algunos testigos fueron sobrevivientes de los campos de detención masiva en Xinjiang, donde se produjeron torturas y esterilizaciones forzadas de mujeres uigures.
Aunque el organismo no oficial no tiene poderes legales, sus procedimientos pusieron de relieve la difícil situación de las partes afectadas y proporcionaron un modelo para el procesamiento en tribunales internacionales o nacionales bajo el principio de jurisdicción universal.
El tribunal afirmó que “obtuvo suficientes bases legales” para el arresto de Xi por los cargos que se le imputan y pidió a la comunidad internacional que apoye su decisión, aunque no está claro cómo reaccionarán los gobiernos.
“Las conclusiones centrales del tribunal son de gran importancia y revelan el alcance de los abusos de los derechos humanos cometidos por el Estado chino”, dijo un informe por JURIST, una organización de noticias sin fines de lucro que destaca cuestiones relacionadas con el estado de derecho en todo el mundo.
No hubo respuesta inmediata del gobierno chino.
Los ex prisioneros hablan
Ex prisioneros políticos tibetanos, incluidos Dhondup Wangchen y Tenpa Dhargye, relataron la tortura que sufrieron en las cárceles chinas y el impacto de las políticas represivas de China en el Tíbet.
El cineasta tibetano y activista de derechos humanos Jigme Gyatso, también conocido como Golog Jigme, que ha sido encarcelado por las autoridades chinas en al menos tres ocasiones, destacó los esfuerzos de Xi Jinping para erradicar por completo el uso de la lengua y la cultura tibetanas.
También describió lo que dijo era la tortura sistemática y la persecución de prisioneros políticos después de su liberación y el control coercitivo de los movimientos de los tibetanos en el gran Tíbet.
Gulbahar Haitiwaji, un ex detenido uigur de un campo de internamiento que ahora vive en Francia, testificó ante el tribunal sobre haber sido encadenado a camas y torturado en Xinjiang.
Ella dijo a Radio Free Asia que sintió una inmensa emoción cuando la llamaron a testificar, viéndolo como una oportunidad crucial para hablar en nombre de los cientos de miles de uigures que soportaron los campos de concentración de China.
“En aquel entonces, cuando estaba en el campamento, me preguntaba a menudo si había justicia en el mundo capaz de castigar a los responsables del sufrimiento de nuestro pueblo”, dijo.
El gobierno chino intentó disuadir a algunos uigures de prestar testimonio en La Haya.
Abdurehim Gheni, Un activista uigur que ahora vive en los Países Bajos, dijo que la policía china lo contactó a través de Telegram, una aplicación de comunicación estilo WeChat prohibida en China, tan solo dos días antes de que estuviera programado que compareciera ante el tribunal.
La policía también hizo que su hermano dejara mensajes de voz diciéndole que no asistiera a la audiencia, dijo.
Gheni contó que su hermano le dijo: “No hagas nada contra el gobierno. Si regresas aquí, el gobierno será indulgente contigo. También podemos ir allí a verte”.
El tribunal informó que enfrentó intentos de cerrarlo bajo la forma de una falsa orden de cese y desistimiento, y dijo que un espía disfrazado de voluntario legal provocó que el personal y otros voluntarios renunciaran, informó JURIST.
‘Primer paso significativo’
Abduweli Ayup, activista e investigador de los derechos de los uigures radicado en Noruega, que también testificó ante el Tribunal de China, dijo que el veredicto tiene una importancia significativa para los uigures.
“Es el primer paso significativo para detener el genocidio uigur”, afirmó. “El tribunal ha completado la acusación contra el autor y ha dictado sentencia. El veredicto implica al criminal, Xi Jinping. Debe ser arrestado y castigado”, afirmó.
En diciembre de 2021, un tribunal uigur independiente y no vinculante de Londres concluyó que China cometió genocidio contra los uigures en Xinjiang y que Xi Jinping compartía la responsabilidad principal de las atrocidades.
Aunque el panel no tenía respaldo estatal ni poder para sancionar a China, su conclusión se sumó al creciente conjunto de pruebas en ese momento de que la persecución de los uigures por parte de Beijing constituía un crimen contra la humanidad que merecía una respuesta internacional.
En febrero de 2023, el Tribunal de Ciudadanos del Mundo emitió una acusación contra el presidente ruso, Vladimir Putin, por el crimen de agresión en Ucrania y pidió su arresto.
Un mes después, la Corte Penal Internacional emitió una orden de arresto contra Putin y contra Maria Lvova-Belova, comisionada rusa para los derechos del niño, por presuntos crímenes de guerra que implicaban acusaciones de que Rusia había secuestrado por la fuerza a niños ucranianos.
Información adicional de RFA Mandarin. Traducido por RFA Uyghur y RFA Tibetan. Editado por Roseanne Gerin y Joshua Lipes.
