En esta administración se aseguraron recursos por cerca de $14.000 millones para culminar las obras inconclusas de dos planteles de educación en este municipio
Óscar Osorio Ospina
En el 2014, la comunidad de la institución educativa Sagrada Familia de Apía vivió uno de sus días más dolorosos: el desalojo del centenario colegio cuyo deterioro implicaba un inminente riesgo para docentes, estudiantes y administrativos.
Y comenzó allí un largo viacrucis que, por fin, está a punto de culminar después de pasar por varias dolorosas estaciones.
Con el desalojo hace diez años, quedó atrás una historia cercana a un siglo de un plantel que todas las familias apianas llevan en el corazón.
El colegio se comenzó a construir en 1913 en la carrera 7ª con calle 8 en 1913 en un predio donado a las Madres Vicentinas, las cuales contaron con la colaboración de los habitantes del municipio para culminar esta importante obra que se abrió en 1915. Se trata de una típica obra de la arquitectura antioqueña en tapia y bahareque, donde todos los espacios se desarrollan alrededor de un patio central.
Pero las fundadoras y la comunidad educativa de este plantel reservado para señoritas, estaban lejos de imaginar que el viacrucis comenzaría en el 2011 cuando la edificación fue declarada como bien de interés cultural a nivel departamental y en el 2012 fue integrada dentro de una zona de interés patrimonial del municipio.
Cuatro años después la infraestructura física de la Sagrada Familia fue declarada en estado crítico debido a la inestabilidad estructural derivada de la falta de una intervención en los años de uso y de refuerzo del edificio original. De ahí a la declaración de riesgo y el abandono del colegio, quedaba solo un paso.
Según el concepto emitido por el Comité Departamental de Gestión del Riesgo la parte de la sede construida en concreto no cumplía con los indicadores de sismorresistencia y debía ser evacuada, mientras que la otra parte, al ser en estilo colonial con bahareque y esterilla, debía protegerse por ser patrimonio arquitectónico.
En el 2014, directivos, docentes y estudiantes debieron dejar atrás los salones y corredores del plantel, para ubicarse de manera provisional en la Casa de la Cultura y en la sede de la Escuela Antonia Santos, donde se albergan por ahora sus 470 alumnos.
Obras inconclusas
Al inicio de la pandemia, se adjudicó la construcción de la nueva sede en la parte posterior del predio inicial de la Sagrada Familia (carrera 6ª con calle 8) al consorcio SBVA, que fue incumpliendo y aplazando la entrega argumentando la supuesta escasez de materiales y el encarecimiento de los mismos, lo que conllevó a la declaratoria de nulidad del contrato cuando las obras presentaban un avance de apenas el 20%.
Se trata del mismo contratista que por esa época estaba ejecutando las obras de construcción de una sede adicional para la institución educativa Santo Tomás de Aquino, contrato que también fue cancelado de manera anticipada por incumplimiento.
El Santo Tomás de Aquino es un plantel un poco más joven que la Sagrada Familia, fue fundado en 1948, su primer rector fue el profesor Enrique Alzate e inició clases en los grados de preparatorias, primero y segundo de bachillerato en 1950.
El plantel se vio envuelto en uno de los episodios más complejos en el último mes del 2011 cuando la Gobernación de Risaralda adjudicó al Consorcio Obrin un contrato por más de $4.100 millones para la construcción de la nueva sede del Hospital San Vicente de Paul, justo en un predio propiedad del Santo Tomás de Aquino donde funcionan los talleres del colegio. Obviamente la comunidad educativa se opuso a la ejecución de la obra, puesto que no estaba garantizada la nueva sede para los talleres. Y hasta ahora ni el Santo Tomás tiene nuevos talleres ni el hospital tiene nueva sede, aunque se está moviendo un proyecto para construir la nueva estructura en la ubicación actual del centro asistencial. Solo que ahora las obras valen algo más de $22.000 millones.
La resurrección
Gracias a las gestiones lideradas por el Gobernador de Risaralda, Juan Diego Patiño Ochoa, y el alcalde de Apía, Jorge Andrés Hoyos Henao, con el acompañamiento de Mónica Andrea Pérez, del Grupo de Apoyo al Ciudadano de la Contraloría General, los mejores días para estos dos planteles están por venir.
A través del Fondo de Financiamiento para la Infraestructura Educativa, FFIE, se aseguraron recursos por cerca de $14.000 millones para la conclusión de estos dos megacolegios.
En el caso de la Institución Educativa La Sagrada Familia, las obras se adjudicaron al Consorcio La Familia 2023 por un valor de $9.186 millones y un plazo de ejecución de un año, lo que permite vislumbrar que en abril del 2025 esta comunidad podrá ocupar el nuevo plantel.
En cuanto a la institución educativa Santo Tomás de Aquino, que actualmente cuenta con 731 alumnos, los trabajos serán adelantados por el contratista Innovación e Infraestructura SAS con una inversión de $4.704 millones y un plazo de ejecución de seis meses. Así que en septiembre el plantel recibirá estas instalaciones destinadas para aulas de los talleres.
En ambos casos, la interventoría estará a cargo de la firma Consorcio Interventores JEL.
Fin del calvario
“Estoy muy contento por la noticia del reinicio de obras dos colegios. Esa era una gran preocupación en el municipio dada la situación que estaban viviendo los colegios. Por eso clamamos a la Gobernación de Risaralda y hoy vemos con regocijo que van a comenzar las obras”, anotó el alcalde Jorge Andrés Hoyos.
Sobre este caso, la secretaria de Educación Departamental, Dora Ligia Agudelo Martínez, dijo que el balance de las gestiones en ese sentido ha sido muy positivo y explicó que en el caso del colegio Sagrada Familia el contratista está adelantando los trámites de las pólizas y en cuanto al colegio Santo Tomás de Aquino ya está lista el acta de inicio para darle curso a las obras.
Pero queda pendiente una tarea, tal como lo reconoce el alcalde Jorge Andrés Hoyos: se trata de la recuperación de la antigua sede de la Sagrada Familia sobre la cual pesa la declaratoria de bien de interés cultural. Sobre todo, porque hay un requerimiento judicial emanado por un despacho judicial de Pereira en respuesta a una querella instaurada por un grupo de ciudadanos para salvar esta vetusta edificación, que hoy permanece clausurada y sostenida por algunas guaduas.
Se requiere, tal como lo reconoce el alcalde, mejorar el techo y las culatas de la casona y darle sostenibilidad al edificio para destinarlo a actividades culturales, turísticas y gastronómicas, lo cual se propone ejecutar apelando al civismo y al amor por Apía, tanto de sus conciudadanos como de extranjeros.
Lo cierto es que al finalizar el viacrucis que ha vivido la Sagrada Familia y al recuperar la antigua sede, el alcalde de Apía ya no tendrá que cargar más con esta pesada cruz.
