Redacción
La pandemia ha deteriorado el mercado laboral en Colombia; las mujeres y los jóvenes son dos de las poblaciones más afectadas por el desempleo, y es urgente tomar medidas al respecto. Aquí ofrecemos una alternativa para revertir esta crisis económica.
El desempleo en Colombia refleja una profunda crisis social. La tasa de desempleo es de 17 por ciento a nivel nacional y supera el 20 por ciento en 20 ciudades. Las mujeres y los jóvenes tienen tasas de desempleo de 22 y 28 por ciento, respectivamente. Ciudades como Neiva, Ibagué, Popayán, Cúcuta y Florencia llegaron a tener tasas superiores al 30 por ciento. Esta tragedia afecta a millones de colombianos y sus familias, que hoy están sin empleo digno, sin ingresos estables y sin oportunidades. Estas condiciones se traducen en más pobreza, mayor desigualdad y una masiva destrucción del capital social y humano.
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A diferencia de países donde la pandemia significó el fin de un episodio de expansión del empleo, en Colombia se consolidó el deterioro del mercado laboral. Tenemos tasas de desempleo por encima de 10 por ciento sistemáticamente. Además, recordemos que cerca de la mitad de los trabajadores son informales y esa misma proporción gana menos del salario mínimo.
Proponemos un programa de empleo de emergencia orientado por los siguientes criterios: (I) una respuesta agresiva al efecto dramático de la crisis actual, (II) una articulación institucional efectiva de los niveles nacional, regional y local, y (III) la atención de elementos críticos como la inequidad de género y el desempleo juvenil. Este programa construye bases para el desarrollo de una estrategia pragmática de largo plazo que integra: políticas de desarrollo productivo, reconocimiento a la diversidad y las capacidades regionales, nuevos marcos institucionales laborales y pensionales, y una economía que le da un papel protagónico a la construcción de una sociedad del conocimiento.
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El programa tiene dos líneas de acción. La principal consiste en la implementación de proyectos de empleo de emergencia.
Empleos de emergencia
Se pueden crear 1,4 millones de nuevos empleos mediante el desarrollo de 10.000 proyectos públicos de empleo de emergencia en dos años.
Una característica central del programa es el protagonismo de los municipios y departamentos, que tienen responsabilidades explícitas en el diseño, articulación y ejecución, y el Gobierno Nacional apoya el trabajo de las autoridades locales.
Las prioridades son: (I) generar empleo formal de mano de obra no calificada; (II) crear puestos de trabajo para mujeres, jóvenes, población afro e indígena. Los proyectos deben ser desarrollados en actividades que promuevan el desarrollo regional, la seguridad alimentaria del país, la inclusión social, la sostenibilidad ambiental y, en general, la construcción de capacidades regionales para la transformación social. Algunos ejemplos son:
– Servicios sociales y comunitarios (salud pública, protección de niños y adultos mayores o atención psicosocial).
– Construcción, reparación y mantenimiento de infraestructura local como escuelas, centros de salud, espacios públicos, parques, escenarios deportivos y culturales.
– Construcción y reparación de vivienda en proyectos vecinales.
– Reparación y mejoramiento de vías terciarias.
– Programas con impacto rural relacionados con la expansión de cultivos locales y comunitarios.
– Reforestación y protección de fuentes hídricas, protección de bosques, apoyo ecoturístico y restauración de ecosistemas.
– Programas de formación académica que mejoran las calificaciones laborales de la población.
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Cada proyecto tiene un presupuesto de hasta 3.000 millones de pesos y un periodo máximo de ejecución de un año. Por lo menos 80 por ciento del presupuesto es asignado a salarios. Son proyectos de alta intensidad laboral que pueden crear individualmente 140 puestos de trabajo: 100 empleos de tiempo completo (salario mínimo), 20 empleos de medio tiempo (medio salario mínimo) y 20 empleos para jóvenes profesionales (1,5 salarios mínimos).
La implementación de los 10.000 proyectos de empleo de emergencia puede crear un millón de empleos (salario mínimo), 200.000 empleos para jóvenes profesionales y 200.000 empleos de medio tiempo.
Selección de proyectos
El primer paso en el programa consiste en la asignación de los recursos a cada uno de los 32 departamentos y 23 ciudades y áreas metropolitanas. La asignación se hace en función del tamaño actual de su población desempleada.
Una vez asignados los recursos, las gobernaciones abren una convocatoria pública para que los municipios presenten sus proyectos, diseñados a nivel municipal y con una formulación que debe atender los objetivos del programa y las características técnicas de los proyectos.
Es crucial señalar que el diseño de los proyectos se hace a través de presupuestos participativos de emergencia, que aseguran la participación activa y responsable de las comunidades. Son ellas las que mejor conocen sus necesidades y las que pueden velar por el manejo transparente de los recursos. Estos presupuestos participativos cuentan con el respaldo administrativo de las gobernaciones y el Departamento Nacional de Planeación (DNP), en temas metodológicos y de estructuración financiera y contable.
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Asimismo, se promueve la vinculación de jóvenes profesionales a este proceso. Se permite así que pongan su formación educativa al servicio de sus municipios y departamentos y que empiecen a participar desde temprano en las tareas de gestión pública que necesitan sus comunidades.
La selección de los proyectos financiables estará luego a cargo de las gobernaciones de los departamentos. Estas clasificarán los proyectos presentados por los municipios de acuerdo con los criterios de priorización. La gobernación debe hacer la selección de manera totalmente pública y con el apoyo de un comité técnico en el que participan las universidades, las cámaras de comercio y asociaciones ciudadanas que ayudan a garantizar la transparencia.
La transparencia en todo este proceso es fundamental: las gobernaciones harán seguimiento permanente a la ejecución con el apoyo del DNP. Todos los proyectos deben integrar un componente de lucha contra la corrupción con diferentes tipos de controles y mecanismos para compartir información sobre el programa. Los reportes de gestión deben ser públicos y se debe crear una plataforma en la que cada comunidad y cualquier ciudadano puedan hacerles seguimiento a los proyectos de cualquier municipio del país. Buena administración comunitaria aumenta la eficacia y el impacto social de los proyectos y les quita espacio a los corruptos.
El diseño de los proyectos se hace a través de presupuestos participativos de emergencia, que aseguran la participación activa y responsable de las comunidades
Empleos privados
Esta propuesta incluye una segunda línea de acción, de generación de empleo en el sector privado. Esta línea consiste en subsidios y créditos asignados a las empresas, a través de una convocatoria competitiva que prioriza: (I) micro y pymes, (II) la recontratación de trabajadores que perdieron su puesto de trabajo entre marzo y septiembre de 2020 y (III) la contratación de mujeres y jóvenes. Esta línea puede apoyar la generación de cerca de dos millones de empleos, y puede optimizar y focalizar el apoyo a los trabajadores y las empresas más afectados por la pérdida de puestos de trabajo. Sabemos, por ejemplo, que las empresas con menos de 10 empleados explican casi el 70 por ciento de las pérdidas de empleo del mes de agosto.
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Financiación
El programa es ambicioso, y tiene que serlo para estar a la altura del desafío que la sociedad colombiana enfrenta. El valor máximo para sus dos líneas de acción es de 50 billones de pesos (5 por ciento del PIB), con dos fases de 25 billones de pesos cada una.
Los recursos públicos del programa ‘Empleo de emergencia ya’ serían cubiertos por una adquisición directa de TES al Gobierno por el Banco de la República o a través de préstamos internacionales. En este momento, la prioridad macroeconómica y la mejor inversión es el empleo. Las condiciones actuales permiten la activación de instrumentos menos convencionales de política monetaria y fiscal.
En el mediano plazo, se tendrá que tramitar en el Congreso de la República una política tributaria basada en más impuestos progresivos, eliminación de exenciones tributarias ineficientes y fortalecimiento de capacidades para contrarrestar la evasión y elusión de impuestos.
De ninguna manera la financiación del programa de empleo de emergencia puede resultar de sacrificios del gasto social que ya está en marcha.
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Ideas sensatas y confiables
El programa ‘Empleo de emergencia ya’ (www.compromisociudadano.com) puede revertir los efectos de la crisis del desempleo e iniciar planes de más largo plazo para combatir la pobreza y la desigualdad con empleo digno.
Este programa ayuda a recuperar la confianza nacional, en medio del malestar que vive Colombia, a través de ideas sensatas y mecanismos participativos en la construcción ciudadana de los proyectos.
En esta tarea convocamos a los jóvenes, afectados seriamente por la crisis; ellos son la primera línea de despidos de las empresas; miles de jóvenes profesionales no encuentran un trabajo en el que puedan desarrollar sus capacidades (quedan en la informalidad y en actividades para las que no fueron preparados).
El programa que estamos presentando hoy se sintoniza con el programa ‘Estudiantes primero’, que presentamos hace tres meses y que parte de la premisa de que el mejor empleo para una persona joven es estudiar.
Por último, con este programa damos un paso importante al construir capacidades locales para la reactivación económica y la recuperación del tejido social en Colombia. Podemos construir un futuro con esperanza.
SERGIO FAJARDO, GONZALO HERNÁNDEZ, JOSÉ ANTONIO OCAMPO, MAURICIO OLIVERA, MARIANA FAJARDO Y GERMÁN BARRAGÁN** Sergio Fajardo, profesor y político de Compromiso Ciudadano. Gonzalo Hernández, profesor asociado de Economía y director de Investigación de la Universidad Javeriana. José Antonio Ocampo, profesor de la Universidad de Columbia. Mauricio Olivera, ex- viceministro de Empleo y Pensiones. Mariana Fajardo, bióloga, Compromiso Ciudadano. Germán Barragán, gerente de Educación y Empleo de la Fundación Corona
