El Gobierno, los trabajadores y los empresarios alistan baterías para lo que será el cierre de año en materia laboral. Durante las últimas semanas del 2019, este grupo de funcionarios y directivos tendrá la tarea de resolver dos de los principales puntos que hay en la agenda económica.
El primero tiene que ver con las soluciones necesarias para reactivar el empleo en Colombia, que completa más de un año decreciendo. Por un lado, la CGT presentó tres iniciativas: reactivar los ferrocarriles nacionales, “que se puede hacer a través de asociaciones público – privadas, como las carreteras”, aseguró una fuente cercana al sindicato.
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En segundo lugar está revivir la Flota Mercante Grancolombiana. “No se justifica que el país teniendo acceso al Océano Pacífico y al Atlántico no tenga ni siquiera un bote. Esto aumenta la generación de empleo a nivel de puertos y refuerza el mercadeo internacional, aprovechando las bondades del TLC”, añadió. Y concluyó diciendo que propondrán que en el país exista de nuevo el programa Caminos Vecinales, que permitiría la reactivación del comercio campesino, que tendrá la posibilidad de sacar sus productos al mercado, sin intermediarios.
Por su parte, desde otra de las centrales obreras, las iniciativas girarán en torno a “unas medidas estructurales que tienen que ver con revisar los TLC para proteger la industria y el agro del país, que es la economía real que genera trabajo y con ello sustituir las importaciones de bienes y servicios que podemos atender”.
Y agregó que otros planes de choque estarían en dinamizar la construcción de vivienda para sectores populares, financiada y estructurada directamente por el Estado, así como la construcción de vías terciarias con la participación de las comunidad”.
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Estas propuestas, no obstante, solo se discutirían a partir del próximo 25 de noviembre, cuando sesionará la mesa técnica que conformó el Gobierno con empresarios, trabajadores y el Ministerio de Hacienda.
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Una semana después, comenzarán las deliberaciones sobre el aumento del salario mínimo para el 2020, que se basará en los datos que entreguen el Dane y Planeación Nacional sobre la inflación proyectada para el cierre de año y de la productividad, respectivamente.
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Para esto, según Acopi –gremio de las micro, pequeñas y medianas empresas–, dirigido por Rosmery Quintero, “se debe tener en cuenta para el incremento del próximo año, variables como la meta inflacionaria (3,6%) y crecimiento (3,6%), dado que de lo contrario el alza salarial se traduciría en un aumento en el precio de los productos y en últimas en una contracción de la demanda interna”.
De allí que su propuesta de incremento salarial para el 2020 sea de entre 4% y 4,6%, lo cual, en su concepto, sería lo correcto, ya que “un aumento más pronunciado ocasionaría una ralentización de la generación de nuevos puestos de trabajo, un aumento del desempleo en la población más joven y menos cualificada y un incremento consecuente al empleo informal”.