Empresarios ven golpeada operatividad por la inseguridad | Finanzas | Economía

A las preocupaciones de los empresarios por la inflación, los altos costos de los insumos y el aumento de las tasas de interés se suma un flagelo que los tiene en alerta: la inseguridad.

Los atracos a establecimientos comerciales y restaurantes, las extorsiones, el sicariato y los secuestros son algunos de los delitos que han alterado la operación de los negocios en Colombia.

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Gremios y empresarios hacen llamados urgentes a las autoridades para que actúen, al tiempo que advierten desde ya el impacto para la economía de esta situación, de persistir en campos y ciudades del país.

Justo este martes, el Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga, expidió el documento ‘Acciones urgentes frente al acelerado aumento de la violencia y la inseguridad en el país’. Al analizar diferentes aristas de la situación de orden público y la política de ‘Paz Total’ del actual Gobierno, también aborda el aumento de la violencia contra el aparato productivo.

“Es clave avanzar en la estructuración de un diálogo sobre seguridad con los actores del sector privado que se oriente a cerrar espacios al crimen y la violencia, así como, definir su participación y aportes para la estabilidad territorial”, expresó.

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Y agregó que “los riesgos de parálisis de varios sectores económicos, resultado del deterioro progresivo de las condiciones de seguridad de la infraestructura estratégica, amenazan no sólo la viabilidad de la actividad económica empresarial en varias regiones del país, sino también, las expectativas de desarrollo territorial del Gobierno…”.

Bruce Mac Master, el presidente de la Andi, el gremio de los empresarios, también se ha pronunciado al respecto. En un trino, la semana pasada indicó que: “La inseguridad en las ciudades está desbordada. En Bogotá todos los días oímos más y más casos increíbles”.

Y agregó que “por favor no usemos las estadísticas para negar la realidad, o la discusión sinsentido de si es realidad o percepción. El hecho real es que los ciudadanos nos sentimos vulnerables y la preocupación es creciente”.

Un sector que ha sentido con fuerza la acción de la delincuencia es el de los restaurantes. Guillermo Gómez, director ejecutivo de Acodrés, expresa que por estos días las denuncias de sus afiliados giran en torno a “robos de maquinaria y equipo y de contadores de servicios públicos, así como casos de robo de pertenencias a clientes y sicariato. Los casos más críticos los reportan de Bogotá, Cartagena, Cúcuta y Barranquilla”.

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Y añadió: “sería muy útil evaluar que la logística de redes de cuidado tengan financiamiento de los fondos de seguridad. El alto componente de percepción de la seguridad llama a los alcaldes como jefes de policía a ejercer acciones focalizadas que dejen ver la incidencia en la problemática, mediante consejos de seguridad frecuentes que permitan la acción y el seguimiento”, explicó.

En ciudades como Bogotá y Barranquilla, los comerciantes, incluso los tenderos, se han declarado víctimas de la delincuencia.

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En barrios de la capital, los empresarios de este sector han sido víctimas de las acciones violentas de la delincuencia que los amenaza y extorsiona.

Fenalco Bogotá está próxima a presentar una nueva consulta a sus afiliados sobre el panorama, pero la más reciente, de abril, es preocupante. El 64% de los comerciantes asegura no sentirse seguro en la zona o localidad donde trabaja y el 57% tampoco se siente seguro en la localidad donde vive. El 30,7% de los encuestados fueron víctimas de robo. El 5,6% fue víctima de extorsión.

Las pequeñas y medianas empresas no escapan a las crisis. Según el sondeo de seguridad empresarial en las mipymes del 2022 de Acopi, 32,4% de los encuestados sufrieron robos, extorsiones y violaciones de la propiedad privada, entre otros. El 48,1% de los casos corresponde a hurtos. Siguen las extorsiones (37%), el abuso de confianza (33,3%), la falsificación de documentos privados (20,3%) y el robo de vehículos (16,6%), entre otros.

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La inseguridad territorial en Colombia tiene en amenaza también al sector agricultor. En los últimos meses, el número de invasiones, secuestros y asesinatos a productores, empresarios y pertenecientes al sector cañero del país ha venido en aumento.

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De acuerdo con Claudia Calero, presidenta de Asocaña, gremio que reúne a los trece ingenios más importantes del país, estas situaciones de inseguridad, especialmente en el Valle y Cauca, afectan los derechos de la población y la productividad. Así, la líder gremial denuncia la intimidación por parte de grupos armados en las zonas rurales. Como salida, sugiere la necesidad de incrementar los esfuerzos en la seguridad rural, fortalecer la inteligencia e investigación criminal y promover la denuncia ciudadana.

Según datos de Jorge Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), en lo corrido del año han sido asesinados cuatro trabajadores de la caña, se han reportado 59 casos de hurto y 16 bloqueos en las vías de esa región. Por otra parte, destaca que las invasiones de tierras desde el 2014 suman más de 5.000 hectáreas que han significado la pérdida de 6.000 empleos en el sector agropecuario.

También detalla problemas en Huila con el sector piscícola, por robos y violencia. En el bajo Cauca, Meta, Tolima, Casanare, Córdoba y Cesar continúan las denuncias de la actividad arrocera por delitos como extorsión, boleteo, robo de vehículos y maquinaria. “Como se lo hemos manifestado al ministro de Defensa – Jorge Iván Velásquez- en varias oportunidades, la gente tiene miedo. En el campo se reclama la presencia efectiva de la fuerza pública, las operaciones ofensivas contra los criminales y la efectividad de la rama judicial”, afirma.

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Por otra parte, el presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie, le explicó a Portafolio que la inseguridad territorial desestimula la inversión agrícola. “Uno está empezando a ver como empresarios, ganaderos, incluso, medianos productores ya tienen miedo de ir a las fincas y eso tiene un quiebre a nivel de productividad y de ingresos”, apuntó.

Las concesiones viales también están afectadas por la inseguridad. Ejemplo de ello es lo que pasa en la 5G Troncal Magdalena 2. Según Andrea Medina, gerente de la concesión Autopista de Río Grande, ahora ven en peligro la integridad física de algunos de sus colaboradores y luchan contra el robo de maquinaria.

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“Hemos sufrido el hurto de tres vehículos de operación, los autos que recorren la vía 24/7 cumpliendo con la función de garantizar que los usuarios puedan andar de manera segura. En dos de esos casos hemos tenido el secuestro de más de 12 horas de los conductores. Había trabajos que teníamos que ejecutar de manera nocturna, pero como no tenemos garantías, no las podemos ejecutar y esos trabajos se van a ir atrasando”, dijo.

Sobre secuestro, un caso aún más crítico ocurrió el pasado 7 de julio, donde 19 obreros del proyecto Transversal del Catatumbo fueron raptados ‘por hombres armados no identificados’, cuando trabajaban en ‘la pavimentación del tramo Las Mercedes–La Floresta’, que comunica a ese municipio y otros de la región de Ocaña.

Los transportadores de carga enfrentan dificultades. “Hay un constante riesgo de la integridad de los conductores que sufren accidentes o varadas en ruta, los cuales son saqueados por vándalos desalmados que solo les interesa apoderarse de las mercancías e incluso de las partes del vehículo, haciendo caso omiso al estado de salud del conductor. Por ejemplo, el pasado 27 de enero, saquearon tres tractomulas en carreteras del departamento del Cesar, otra situación similar se dio el pasado 31 de enero, cuando una tractomula que estaba varada fue saqueada por una turba enardecida”, señaló Nidia Hernández, de Colfecar.

Uno de los sectores que ha enfrentado mayor violencia contra sus operaciones es el minero energético. Juan Camilo Nariño, presidente de la Asociación Nacional de Minería (ACM), explicó que si bien es una situación que se viene experimentando desde años atrás, en 2023 los casos se han incrementado.

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“Solicitamos la inmediata intervención del Gobierno, del Ministerio de Minas y Energía, de la Fiscalía, Procuraduría, Defensoría del Puedo, para que esto no vuelva a suceder. No es posible que después de las advertencias del gobernador de Antioquia, de esta asociación y sobre todo de la compañía, vuelvan a suceder actos terroristas en ese entorno”, aseveró Nariño.

Los petroleros también han enfrentado estas situaciones. Las razones de orden público han llevado a que algunas compañías suspendan o entren en trámite de cancelación los contratos, por cuenta de las dificultades para ejecutar las labores exploratorias. En su momento, la Asociación Colombiana de Petróleo (ACP) expresó que “la conflictividad social se ha exacerbado y hay un incremento en lo corrido del actual Gobierno en materia de bloqueos”.

Jackson Ariza, director de Riesgos de Andiseg, el gremio de las empresas de la seguridad privada, dice que han reforzado estrategias para combatir a la delincuencia.

“Se han fortalecido los esquemas de seguridad y se han adquirido sistemas y tecnología que apoya la gestión, tales como cámaras de reconocimiento facial, monitoreo de espacios desde salas conectadas con la Policía Nacional, uso de drones para vigilar grandes espacios”, comentó.

Igualmente, dijo, se ha acudido al uso de comunicaciones más eficientes, al cambio de rutinas, a los escoltas de material de alto costo, a los horarios diferentes para operación y abastecimiento, a la capacitación permanente al personal de seguridad en riesgo público y al fortalecimiento de los frentes de seguridad empresariales.

PORTAFOLIO