En el Gobierno se manejaba la posibilidad de que el exviceministro de Defensa, Ricardo Díaz Torres, estaba preparando una declaración con información delicada en contra de varios funcionarios y empresarios allegados a la Casa de Nariño.
Desde mediados del mes de junio, momento en el cual el presidente Gustavo Petro aceptó la renuncia del exfuncionario, Díaz no dejó ocultar su molestia, advirtiendo que sacaría a la luz varios sucesos que lo mantenían distanciado del ministro de Defensa, Iván Velásquez, así como del mismo Gobierno.
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Según cuenta, le habrían incumplido con una supuesta oferta de ser nombrado jefe de la cartera y asegura que fue presionado e, incluso, ofertado con sobornos para sellar negocios que eran del interés personas cercanas a la presidencia.
La Fiscalía General de la Nación anunció recientemente que establecerá contacto con el ahora exviceministro para declarar «para que concrete los hechos de su conocimiento y aporte las pruebas que respalden lo denunciado«.
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Así las cosas, no se quita de la mesa la posibilidad de que los empresarios y funcionarios públicos mencionados en sus declaraciones.
Una de las personas mencionadas es el propio ministro Iván Velásquez, quien, debido a su cargo, podría ser llamado por un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia para que de su versión de los hechos.
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Díaz asegura que le dijo a Velásquez sobre las presiones que venía recibiendo para la compra de tres helicópteros que serían para hacer soporte logístico para el transporte para el presidente, esto en reemplazo de la flota de UH-1N.
«Le dije que me habían abordado y me habían ofrecido un dinero para la compra de unos helicópteros, como eso no se había dado, entonces habrían dicho que había que desprestigiar mi nombre«, dijo Díaz, en declaraciones para la revista ‘Semana’. También agregó que el monto de dinero que le ofrecieron para cerrar el negocio fueron 700 millones de pesos.
Iván Velásquez, ministro de Defensa
Ministerio de Defensa
Desde el Ministerio de Defensa que, hasta el momento, Velásquez no hará pronunciamiento sobre este caso.
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De igual manera, se ha pronunciado Juan Fernández, asesor en temas empresariales y de negocios de la presidencia de la República y exmarido de Ángela Benedetti, hermana de Armando Benedetti.
Sobre este funcionario, Díaz asegura que, durante una reunión en Residencias Tequendama, lo abordó en el baño: «Me dijo: ‘general, el asunto es de los helicópteros, la primera dama tiene interés en que se adquieran (…) Le dije que era una actividad que es responsabilidad de la Fuerza Aérea«.
Según el exviceministro, en septiembre del 2022, un coronel retirado, al cual identificó como Eduardo Mejía, ya lo habría abordado para hablar del mismo tema. Asegura que le dijo que «trabajaba en conjunto con el señor Camilo Benedetti, hermano del entonces embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, y con Camilo Torres Méndez«.
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Díaz agrega que Mejía que manifestó que los 700 millones de pesos estaban disponibles para que la cartera procediera a decidir por la compra de los helicópteros.
Adicionalmente, mencionó que una persona muy cercana a Gustavo Petro también mostró su interés en el tema: «Me dijo que la primera dama (Verónica Alcocer) tenía un interés particular en que esos helicópteros fueran adquiridos por el Ministerio de Defensa«.
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Camilo Benedetti es un empresario que ya había sido mencionado en negocios con el Ejército Nacional. En 2022, fungía como representante de la firma Force Improvemen LLC Florida en Colombia, la cual aparece en uniones temporales firmando contratos con esta sección de las Fuerzas Armadas para la compra de implementos militares.
Según bases de datos estadounidenses, Benedetti aparece como una persona con el aval de esa firma y, en Colombia, como socio y director de la misma. De hecho, en un acta expedida el 15 de julio del 2021, convocó a una junta ordinaria para prorrogar la representación legal en el país.
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EL TIEMPO se comunicó con el representante legal de la empresa estadounidense, Leonel Romero Mosquera, quien manifestó que Camilo Benedetti no se encontraba en su despacho.
Edificio donde está la sede de la empresa Force, en Miami
Google Maps
También se está indagando por la identidad plena del oficial retirado que le habría ofrecido los 700 millones de pesos, es decir, el que el exviceministro nombró como el coronel (r.) Eduardo Mejía.
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Camilo Torres Méndez, otro de los mencionados por Díaz, es un empresario del sector seguridad, quien también está relacionado a contratos con la empresa Force.
Según dijo a la Unidad Investigativa de EL TIEMPO una de las asistentes de la compañía, si bien no conoce a Eduardo Mejía, Torres sí trabaja con Force actualmente. El periódico ya envió mensajes para que entregue su versión de las declaraciones de lo dicho por el exviceministro.
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Además del caso de los helicópteros, Díaz señala que iban a armar un plan en su contra, acusándolo de haber recibido 4.000 millones de pesos para la adjudicación de un millonario contrato de compra de baterías antiaéreas por 101 millones de dólares.
EL TIEMPO reveló el caso desde abril dicho caso que llevó a la empresa francesa Nexter Systems (compañía especializada en defensa terrestre, artillería, municiones, armas y robótica) a asegurar que hubo irregularidades en la adjudicación de ese contrato a la empresa israelí Elbit Systems Land Ltda.
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No obstante, fuentes del Ministerio de Defensa dicen que el caso al que se refiere el exviceministro es a otra compra de un sistema antiaérea Barak y no al caso que hace mención la empresa francesa.
Nexter, bajo el argumento de que ellos encabezaron la lista de elegibilidad para la adquisición de baterías por 30 millones de dólares, demandó al Ministerio. No obstante, en diciembre de 2022, dicho contrato se les entregó a los israelíes, por 101 millones de dólares.
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Así las cosas, la Fiscalía definirá en los próximos días a quien más va a buscar para declarar, con el objetivo de establecer si hay mérito para abrir una investigación formal.
PORTAFOLIO
*Con información de EL TIEMPO – UNIDAD INVESTIGATIVA
