Redacción
Este martes la Procuraduría envió un informe al Congreso en el que llamó la atención al Gobierno sobre la forma «desarticulada con la que se avanza en la implementación del Acuerdo de Paz, que ahonda los desafíos y rezagos en el cumplimiento de los compromisos asumidos».
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No obstante el Ministerio Público reconoció importantes avances, identificó una limitada participación de la ciudadanía, enfoques diferenciales poco desarrollados y problemas de planeación, programación y destinación de recursos financieros.
Emilio Archila, Consejero Presidencial para la Estabilización y la Consolidación habló con EL TIEMPO sobre los principales hallazgos de este documento.
La Procuraduría advirtió que a marzo de 2020 se ha cumplido con el 60% de los compromisos previstos en el Plan Marco de Implementación -PMI-, que tenía como plazo de ejecución un periodo entre 2017 y 2019. ¿Cuáles son las causas de que solo se haya cumplido este porcentaje?
Lo más importante a este respecto es que los indicadores que no están formulados no miden el avance en terreno ni todo el proceso hay dar para llegar al reporte. De esos debe consultarse también el reporte mensual de la Consejería.
Ahora, sobre los indicadores, antes que llegáramos al gobierno ya se había decidido que de los 507 indicadores del Plan Marco de Implementación, 98 indicadores a cargo de entidades de Gobierno debían cumplirse entre 2017 y 2019. Sin embargo, muy poquiticos de estos tenían ficha aprobada y menos un plan para poder cumplir. De esta manera, en 2 años hemos tenido que hacer lo que se debió hacer en 4.
Además, gracias a nuestros avances ya 73 de estos indicadores tiene ficha aprobada en Sistema de Información Integrado lo que representa el 82,02 %. Nos faltan 20 indicadores en que estamos trabajando, ya que hay las dificultades de asociar los compromisos del Acuerdo Final y del Plan Marco de Implementación en objetivos medibles y cuantificables que requieren la modificación de los indicadores.
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Tenemos la certeza que tendremos la aprobación de la ficha técnica por parte del Departamento Nacional de Planeación para poder reportar los avances antes que termine el año.
Gracias a nuestros avances ya 73 de estos indicadores tiene ficha aprobada en Sistema de Información Integrado lo que representa el 82,02 %
En cuanto a la sustitución de cultivos ilícitos, cerca del 52% de quienes manifestaron su voluntad de avanzar en este propósito no ingresaron al programa. ¿Qué falta para seguir avanzando?
Plata. Antes de que llegáramos se hicieron ofrecimientos a muchas personas sin haber tenido ninguna contemplación con que luego habría que cumplir. El programa con las familias que firmaron acuerdos individuales tiene un costo que supera 7 veces los recursos que nos dejaron. Obviamente, siendo un gobierno responsable no vamos a asumir compromisos concretos sin antes haberle cumplido a las que ya están.
Hemos hecho mucho para apoyar a las familias que se encuentran dentro del Programa Nacional de Sustitución de cultivos ilícitos (PNIS). Se avanzó en lograr que 16.121 hectáreas de coca hayan sido sustituidas voluntariamente por las familias y con asistencia de la Fuerza Pública.
También avanzamos en que 74.255 familias reciban pagos por concepto de asistencia alimentaria inmediata, 60.877 familias reciban insumos y herramientas por concepto de auto sostenimiento y seguridad alimentaria y 61.769 familias reciban el servicio de asistencia técnica integral. Hemos invertido en esta administración en los diferentes componentes del programa $881.521 millones, unos USD $232 millones. El resultado es un éxito. Si no fuera por esos esfuerzos, no habríamos logrado que casi todas esas familias sigan firmes en su decisión de pasar a la legalidad.
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Antes de que llegáramos se hicieron ofrecimientos a muchas personas sin haber tenido ninguna contemplación con que luego habría que cumplir
En esta administración, se han invertido en sustitución de coca más de 747 mil millones de pesos. La pandemia no ha frenado ni los pagos ni la entrega de insumos a campesinos.
Consejería presidencial para al estabilización y la cosnolidación
En cuanto al presupuesto y financiación, la Procuraduría advirtió que solo el 5% de los proyectos concentró el 60% de los recursos del presupuesto general destinado a la implementación del acuerdo. ¿Cuál es el plan de inversión para la paz para el resto de la implementación?
En el PND 2018-2010 “Pacto por Colombia, Pacto por la equidad” calculó que para el cuatrienio, los recursos para la paz serán del orden de 37,1 billones de pesos (9,27 billones al año en promedio). Este cálculo se llama Plan Plurianual de Inversiones para la Paz e incluye las fuentes de financiación Presupuesto General de la Nación, Obras por Impuestos, Sistema General de Participaciones, Sistema General de Regalías, cooperación internacional, recursos de las entidades y recursos privados. De hecho, el PND definió más recursos de los que corresponde por periodo al Marco Fiscal de Mediano Plazo de 2017.
Hemos hecho una ejecución mayor que la prevista. De acuerdo al informe que se presentó al Congreso, solo en 2019 se ejecutaron más recursos que los definidos por el Plan Plurianual, es decir, $11,12 billones para el cumplimiento del Plan Marco de Implementación. Esto es, el 29% de los $37,1 billones previstos en el cuatrienio en el PPI Paz a valor presente, y es 16% superior a lo que se esperaba en promedio anual.
Con respecto a 2020, según la ley de presupuesto presentada al Congreso de la República, se presupuestaron $9,8 billones de pesos del Presupuesto General de la Nación para dar cumplimiento al Plan Marco de Implementación, de los cuales $2,4 billones son recursos de inversión, y $7,4 billones de funcionamiento.
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Para 2021 se espera contar con un presupuesto de 10,7 billones según el Anexo de Gasto Construcción de Paz 2021 del proyecto de Ley de Presupuesto, de los cuales $5,7 billones de inversión $5 billones son de funcionamiento, también incluyendo recursos del Sistema General de Participaciones. Esto representa un aumento del 9,18% en el presupuesto destinado para el cumplimiento del Plan Marco de Implementación.
En cuanto a la implementación de los PDET, el OCAD Paz administra cuatro fuentes de financiación entre las cuales está la Asignación para la Paz. Estos recursos de asignación para la paz equivalen al 7% del total de las regalías del país y de acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo se destina exclusivamente para los PDET.
En el período del presidente Iván Duque, en el OCAD Paz se han aprobado $ 2,6 billones de pesos en 411 proyectos. Para municipios PDET, se han aprobado 217 proyectos por $1,7 billones de pesos. Con el objetivo de acelerar la implementación de los PDET y apoyar en la reactivación económica del país, en el Congreso de la República se aprobó el mecanismo de adelanto de recursos equivalente al 70% de la proyección anual de los siguientes ocho años de la Asignación para la Paz. Se espera que estos recursos asciendan a $4.5 billones de pesos y que la aprobación de los mismos se pueda hacer este año.
El programa con las familias que firmaron acuerdos individuales tiene un costo que supera 7 veces los recursos que nos dejaron
Respecto a la ejecución de la Reforma Rural Integral y el cumplimiento de las metas establecidas en materia de acceso a la tierra, la Procuraduría encontró que solo han sido adjudicadas 8.230 hectáreas y el objetivo es entregar 3 millones en 2027.¿Cómo se logrará esta meta que tiene un gran retraso?
La idea de que hay un gran atraso es un prejuzgamiento no objetivo. Por lo anterior, aclaramos la errada información que allí se publica.
Se previó que, en un término de 12 años, contados a partir de la implementación del mismo, deberá disponerse 3 millones de hectáreas para población campesina del país. Esos 12 años implican la intervención de cuatro gobiernos. Antes de que llegáramos, el Fondo ingresó las primeras 226.830 hectáreas (en 21 meses de gobierno). En lo que va del gobierno del presidente Duque, se han ingresado al fondo otras 792.004 hectáreas.
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Eso significa que ya suman más de 1 millón de hectáreas ingresadas al Fondo (1´018.835), que corresponden a un aporte del 78% sobre el avance total de hectáreas ingresadas al Fondo. A la fecha, hemos entregado 32.469 hectáreas, en beneficio de 3.672 familias.
Pero esto no termina aquí, la labor la tienen aún, parte de este gobierno y los dos próximos gobiernos. Al gobierno Duque le quedan dos años más para continuar ingresando tierras al Fondo. Labor que cumplimos con compromiso para lograr una paz con legalidad. Lo mismo corresponderá a los gobiernos de las vigencias (2022-2022 y 2026- 2030).
De los 12 años aún quedan 8 y medio, en los que al final, esos cuatro gobiernos debieron cumplir con la labor de ingresar 3 millones de hectáreas, caracterizarlas, titularlas y entregarlas a familias campesinas que, previamente hayan diligenciado el formulario de inscripción como sujetos de ordenamiento y luego de la evaluación del mismo, hayan sido aceptados y notificados para ser beneficiarios de adjudicación o de la asignación de derechos de uso sobre la tierra.
LUISA MERCADO
REDACCIÓN POLÍTICA
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