Ese es el plazo que le entregó la Corte al Gobierno Nacional y a los ministerios de Salud, Vivienda, Ambiente, Agricultura y Hacienda, para que presenten un nuevo plan para cumplir con el auto 696 de 2022, que adoptó medidas cautelares para la protección de los derechos de la niñez Wayuu.
Para la Corte, los planes presentados hasta el momento no cumplen con la orden de crear una estrategia que garantice los derechos a la salud, el agua potable y la alimentación de los niños y niñas que habitan en los municipios de Maicao, Manaure y Uribía y en el distrito de Riohacha.
La Corte Constitucional aseguró que la sentencia T-302 de 2017, ha habido una “vulneración generalizada, masiva, desproporcionada e injustificada de derechos fundamentales de la niñez Wayuu, constituía un Estado de Cosas Inconstitucional -ECI-”. En ese sentido, el alto tribunal pronunció órdenes para que el Gobierno subsane la situación y garantice los derechos de los niños de gran parte del norte de La Guajira
Recientemente la Corte dijo que “hay condiciones que generan el desconocimiento de los derechos fundamentales tutelados a las y los niños Wayuu”. Por su parte, la Sala Especial de Seguimiento concluyó que el plan que había presentado el Gobierno de Iván Duque, no cumplió ni los objetivos ni los parámetros establecidos.
El máximo tribunal manifestó que “de las 83 acciones propuestas, únicamente, 44 fueron asociadas de manera explícita a un objetivo; no se advirtió que dicho plan hubiera formulado índices de goce efectivo de derechos, que permitan el seguimiento y valoración de las acciones que se llevarán a cabo”.
Por otra parte, la Corte insistió que, “se notó la ausencia de cronogramas, articulación entre las entidades y precisión respecto de cuáles de estas deberán cumplir las acciones; y (aunque en el actual Plan hay propuestas de asignación de cuantiosos recursos, ello, en sí mismo, no representa un indicador del cumplimiento de las obligaciones que tienen entidades del orden nacional y local con la población vulnerada”.
Asimismo, el Alto Tribunal ha mostrado su preocupación porque van ya casi cinco años después de la Sentencia, “las entidades estatales aún cuentan con funcionarios que desconocen todos los fundamentos que llevó a esa declaratoria y las obligaciones que de él se derivan”.
