Horas después de que la Corte Suprema ordenara la detención domiciliaria para el expresidente Álvaro Uribe, por la investigación que lleva de supuesta manipulación de testigos, la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, hizo una polémica propuesta en medio de la primera sesión del Senado después de esta decisión: una asamblea nacional constituyente para reformar la justicia.
(En contexto: Paloma Valencia propone una Constituyente para reformar la justicia)
Desde la Constitución de 1991, han sido varios los intentos para plantear una Consituyente, una herramienta que ven como una salida cuando no encuentran otra manera de tomar las decisiones que quieren.
En 2012, ya como expresidente colombiano, Álvaro Uribe, quien ya había oficializado su oposición al mandatario de ese entonces, Juan Manuel Santos, cuando aún Santos no había decidido si buscaría la reelección, Uribe, quien era el jefe del el partido de ‘la U’, propuso un Congreso unicameral; habló de una Constituyente, que algunos interpretaron como una forma para evitar la reelección de Santos.
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El actual senador afirmó en ese momento que respaldaba una Constituyente, no para buscar su reelección, sino para reformar la justicia.
«Un grupo de ciudadanos, que merece todo el respeto, ha propuesto una Constituyente. Una Constituyente, limitada en sus atribuciones a reformar la Justicia, dedicada a este propósito sin la interferencia de interés diferente, puede ser respuesta al clamor de la hora», precisó en 2012.
El uribismo y las Farc enarbolaron con fuerza durante todo el proceso de paz crear una constituyente, a pesar de que analistas coincidían en que eso sería abrir una caja de pandora.
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En 2015, a pesar de que Uribe señaló que la Constitución del 91, en términos generales, fue un buen logro, el máximo líder de la oposición propuso que se hiciera una Asamblea Nacional Constituyente para implementar los acuerdos a los que se llegara con las Farc.
«¿Entonces no ser mejor proponer una Constituyente? Una Constituyente limitada a los acuerdos de La Habana, de elección popular, que lo ratifique, lo reforme, les adicione, les quite». «
En 2016, tras el fracaso de la refrendación de los acuerdos de La Habana, donde ganó la campaña del ‘No’ al plebiscito, liderada por Álvaro Uribe, la Constituyente cobró vida. Este sector volvió a insistir en el asunto, para reformar la justicia.
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«Queremos aportar a un gran pacto nacional, nos parece fundamental que en nombre de la paz no se creen riesgos a los valores que la hacen posible», dijo Uribe al leer una declaración tras ganar el ‘No’.
Como resultado del Acuerdo, surgió la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el mecanismo de justicia transicional por medio del cual se investiga y juzga a los integrantes de las Farc, miembros de la Fuerza Pública y terceros que hayan participado en el Conflicto armado colombiano. Varios congresistas del uribismo, propusieron en 2019 convocar una Asamblea Nacional Constituyente para reformar a la justicia y, por consiguiente, a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
El presidente del Congreso, Ernesto Macías, señaló en ese momento: «Yo planteé eso de la Constituyente y hubo muchas críticas, propuse que se diera una constituyente para una Reforma a la Justicia y una Reforma Política, yo diría, Reforma a la Justicia incluida la JEP».
Y un año después, en 2020, cuando el expresidente Uribe fue enviado a detención domiciliaria esa propuesta volvió a surgir.
El abogado y politólogo, Fernando Cepeda Ulloa, asegura en ‘Razón Pública que hasta 2019 la Constitución de 1991 se ha modificado más de cuarenta veces, y señala que el procedimiento para convocar una Asamblea Nacional Constituyente es:
1. Una ley aprobada por la mayoría de los miembros de una y otra Cámara, para que el pueblo decida si convoca una Asamblea Constituyente.
2. Esta ley determina la competencia, el período de sesiones y la composición de la Asamblea.
3. Por lo menos, una tercera parte de los integrantes del censo electoral deberá aprobar la convocatoria (hoy, más de 12 millones de votantes).
4. Los integrantes serán elegidos por el voto directo de los ciudadanos.
5. Esta elección no podrá coincidir con otro acto electoral.
6. A partir de esta elección el Congreso no podrá ejercer su función de reformar la Constitución, y ello hasta cuando termine definitivamente el periodo de la Asamblea.
7. La Corte Constitucional controlará la constitucionalidad de la convocatoria solo por vicios de procedimiento.
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