Redacción
«En cuanto a las investigaciones disciplinarias recientemente abiertas y que son de interés de vallecaucanos y caleños, puedo decir que se está avanzando probatoriamente en los casos, con el fin de entregar a la administración entrante un buen balance en las etapas procesales”.
Así responde el procurador general de la Nación, Fernando Carrillo, a la pregunta de qué están haciendo los entes de control ante las denuncias de posibles sobrecostos en los que habría incurrido la Alcaldía de Cali con motivo de la Feria virtual, el alumbrado navideño y la remodelación de la Plazoleta Jairo Varela.
A pocos días de dejar el cargo que ocupó cuatro años, el jefe del Ministerio Público también asegura que la suya “no ha sido una Procuraduría arrodillada, sino crítica, a la hora de defender los derechos de la gente”.
Y le recomienda a su sucesora, Margarita Cabello, que “una Procuraduría que se haga la de la vista gorda frente a las acciones disciplinables del Gobierno sería la muerte de una institución que va a cumplir dos siglos de existencia”.
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El alcalde Jorge Iván Ospina ha sido muy cuestionado por los costos de la Feria de Cali virtual y del alumbrado navideño. ¿Qué ha hecho la Procuraduría al respecto?
La Procuraduría General de la Nación, cuando tuvo conocimiento que se ejecutarían los contratos de alumbrado navideño y feria virtual de Cali, priorizó las acciones preventivas en curso y dispuso el apoyo de la Dirección de Investigaciones Especiales, que será la encargada de hacer un estudio técnico y determinar si efectivamente hay sobrecostos en los diferentes rubros destinados al desarrollo de esos dos contratos interadministrativos por más de $21 mil millones. Una vez tengamos el diagnóstico del personal idóneo, se decidirá si la acción preventiva se cierra y pasa a proceso con incidencia disciplinaria. Los resultados se conocerán una vez esa Dirección presente el informe técnico que permitirá al funcionario competente decidir sobre las acciones legales a que haya lugar. El apoyo técnico cuenta con un término legal de comisión, que en estas dos acciones preventivas no podrá ser inferior a quince días.
¿Y qué les dice a los caleños que aseguran que el Alcalde está incurriendo en sobrecostos en obras como la remodelación de la Plazoleta Jairo Varela sin que los entes de control eviten el despilfarro?
Todas las denuncias presentadas por las veedurías ciudadanas y los medios de comunicación son asumidas con seriedad en la entidad por cada funcionario competente. Frente a las acciones específicas por sobrecostos en la remodelación de la plazoleta Jairo Varela, se inició una indagación disciplinaria preliminar a partir de una denuncia remitida por la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, que apunta a esclarecer la situación fáctica y jurídica que se denuncia y así determinar si hay funcionarios involucrados en el manejo irregular de recursos públicos para este proyecto tan importante para los caleños y en el que se invierten $2.826.439.297.
Con ocasión de la pandemia se anunciaron investigaciones a funcionarios del orden regional y local por el manejo de recursos. ¿Qué resultados arrojaron?
Iniciamos 2951 procesos, de los cuales se han resuelto 1188. Los procesos activos a nivel nacional son 1763, de los cuales en 19 ya se ha proferido decisión definitiva. Los departamentos con mayor número de investigaciones son Cundinamarca, Antioquia, Tolima, Santander y Boyacá. Ya contamos con cinco fallos sancionatorios en firme, entre los que se encuentran los de las gobernaciones de Quindío y Arauca y las alcaldía de Armenia y Anapoima.
Y específicamente sobre la Gobernación del Valle y la Alcaldía de Cali, ¿qué nos puede decir al respecto?
Las investigaciones contra la Administración del Departamento las entregaremos con 9 procesos activos: 3 en estudio preliminar, 5 en investigación disciplinaria y 1 para fallo. De las investigaciones contra funcionarios de la actual Administración Municipal de Cali puedo informarle que se tienen 231 procesos activos: 25 en estudio preliminar, 138 en indagación preliminar, 44 en investigación disciplinaria, 10 en evaluación de la indagación preliminar, 1 para proferir fallo, 8 en pruebas de descargos, 4 para resolver recurso de apelación y 1 para resolver revocatoria directa. Por tratarse de procesos disciplinarios que gozan de reserva sumaria, es lo que puedo informar.
¿Pero podría mencionar cuáles son los casos más relevantes?
Todas las investigaciones son de importancia para la Procuraduría. No es mi competencia fijar prioridades de procesos que están en manos de funcionarios que disponen de autonomía. En cuanto a las investigaciones disciplinarias recientemente abiertas y que son de interés de vallecaucanos y caleños, puedo decir que se está avanzando probatoriamente en los casos, con el fin de entregar a la administración entrante un buen balance en las etapas procesales.
¿Después de cuatro años a su cargo, qué le cambiaría a la Procuraduría para hacerla más eficiente?
Con el déficit de ética pública y la tolerancia que existe en Colombia a esa epidemia de corrupción, seguiría fortaleciendo la acción preventiva para que el referente en el país sea la ética y la probidad privada y pública. Trabajaría por cambiar la distorsión que aún queda en algunos sectores de que la Procuraduría es una máquina de hacer favores políticos, resaltando la misión que enaltece esta entidad, como es la defensa del interés público. Son 190 años de historia como referente moral y de allí que creamos grupos élites dedicados a las investigaciones contra carteles como los de la salud, que se apropiaban de los recursos de los colombianos y a quienes aplicamos toda la rigurosidad de la ley disciplinaria.
Es cierto que dice que las investigaciones de la Procuraduría son mediadas por las inclinaciones políticas de los titulares de la entidad..
Una de mis grandes apuestas fue que esta entidad no se convirtiera en un instrumento de persecución política ni de pago de favores, sino que, por el contrario, la independencia fuera nuestra mayor fortaleza. No es gratis que, a pocos días de terminar mi periodo, tenga opositores por haber ejercido con fuerza la independencia funcional frente a los intereses políticos de diferente origen.
Puedo decir con certeza que en mi gestión se ejerció cada una de las funciones con transparencia, ecuanimidad y justicia. Siempre insistí a mis funcionarios que el que quisiera hacer política desde el Ministerio Público se largara de la entidad. No he tenido ni tengo deudas políticas con nadie, pues ni siquiera pertenezco a un partido político y, por supuesto, representé a todos los colombianos.
Pero algunos aseguran que le faltó contundencia en sus reclamos al Gobierno Nacional por actuaciones frente a la pandemia que fueron calificadas como excesos…
Las actuaciones de la Procuraduría en este período han sido transparentes y contundentes, sin propósito político alguno. En los decretos de emergencia económica, la Procuraduría intervino en el control de constitucionalidad ejercido por la Corte, manifestando en cada caso, desde el punto de vista estrictamente jurídico, nuestra opinión sobre la exequibilidad o no de los mismos, que fue acogida en gran parte por la Corte Constitucional.
En relación con las actuaciones del Gobierno que requirieron de nuestra acción preventiva, disciplinaria o de intervención, esta se dio examinando la legalidad de los proyectos para enfrentar la emergencia y, cuando se apartaron de la Constitución, actuamos de manera inmediata y contundente, como en el caso de actos de concentración de poder del Ejecutivo, la llegada de las vacunas o el préstamo de Avianca, donde el Gobierno ha manifestado abiertamente la incomodidad que le genera la opinión del Ministerio Público. En esa y otras ocasiones hemos demostrado que esta no ha sido una Procuraduría arrodillada, sino crítica, a la hora de defender los derechos de la gente.
¿Y qué opina del cuestionamiento a su sucesora que, dicen, será una Procuradora ‘de bolsillo’ del Gobierno?
Cada cuatro años está establecida la elección del Jefe del Ministerio Público y la misma está sometida a unas dinámicas en el Legislativo que están expuestas a la opinión pública. La Procuradora creo que tiene muy claro que la base de la garantía del éxito de su gestión es su independencia. Una Procuraduría que se haga la de la vista gorda frente a las acciones disciplinables del Gobierno sería la muerte de una institución que va a cumplir dos siglos de existencia.
El año pasado ocurrieron 66 masacres en el país. ¿Qué hizo la Procuraduría al respecto?
La Procuraduría ha expresado duras críticas al manejo gubernamental de la seguridad en los territorios por las omisiones en materia de orden público territorial, pues resulta insuficiente presentarse en el lugar de la masacre, hacer anuncios y luego devolverse para Bogotá. La clave de una seguridad que funcione es prevenir esos hechos. Hemos insistido que a las zonas que fueron controladas por la guerrilla no solo debe llegar la Fuerza Pública, deben ser copadas con una sustancial oferta social en materia de salud, educación, apoyo al emprendimiento y oportunidades de trabajo. Otro de los factores claves para evitar la ocurrencia de las masacres es la implementación de puntos claves del Acuerdo de Paz como la Reforma Rural Integral y los Planes de Desarrollo con Enfoque Étnico y Territorial, Pdet, sobre los cuales se evidencian retrasos en su implementación.
Sin embargo, reconociendo que no todo han sido problemas, el seguimiento del Ministerio Público tiene mucho que ver con los avances en dichas materias… Con ocasión de la masacre de los jóvenes en Samaniego, Nariño, la Procuraduría advirtió, tal como ya lo había hecho antes, que el Estado debía salir del confinamiento y copar los territorios abandonados por las extintas Farc. Respecto de este episodio, cabe recordar que se abrió indagación preliminar por la eventual desatención de las alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo acerca de la situación de este municipio, ya que se habían advertido las amenazas que se cernían sobre la población civil por parte de los grupos armados con influencia en la zona. De allí que el Ministerio Público ha enfatizado en la fortaleza que representa para la prevención de este tipo de hechos el Sistema de Alertas Tempranas y le ha insistido a los gobiernos Nacional y locales que dicho instrumento resulta vital a la hora de neutralizar las agresiones de los grupos armados contra la población civil, y ha iniciado investigaciones por omisiones de las autoridades en este aspecto.
A propósito del Acuerdo de Paz, ¿cree que la JEP logrará cumplir el objeto para el que fue creada?
No hay que olvidar que la JEP constituye una justicia especial que no está por encima de la Constitución Política, es creada y regulada por la misma y, de esta forma, es necesario entenderla como un órgano de justicia del Estado colombiano. De manera que su fracaso será del Estado y su descalabro será el descalabro de la sociedad colombiana. A la JEP la sacamos adelante todos juntos o la dejamos irse al despeñadero todos. Hay aspectos en la naturaleza de esta justicia especial que permiten pensar en un buen final y en que alcanzará sus metas: que los comparecientes obligatorios están allí por cuenta de un Acuerdo de Paz y su comparecencia no es realmente forzosa. Están allí por voluntad propia y dispuestos a reconocer responsabilidades y a que se juzguen y sancionen sus acciones. Esto es único en el mundo y un aspecto de la Jurisdicción que permite vislumbrar su éxito. Otro elemento relevante es que no es una justicia impuesta por un órgano internacional, como en el caso de los tribunales internacionales ad-hoc para la antigua Yugoeslavia o para Ruanda. En esos casos todos los procesados tuvieron que ser capturados, ninguno fue al tribunal por voluntad propia. De manera que el tipo de justicia y de procedimiento se hizo a ‘la colombiana’, sin que el modelo fuera impuesto por algún organismo o experto internacional. Este último resulta una característica de la JEP importante que ha sido objeto de curiosidad y a la vez aplausos por parte de la comunidad internacional. Otro aspecto que permite prever su éxito es que no constituye una justicia de carácter punitivista o vindicativa, sino dialógica, en la cual lo más importante es la verdad para las víctimas y su reparación. Es decir, es una justicia basada en la reconciliación, más que en la venganza.
¿Qué viene ahora para Fernando Carrillo en su vida pública?
Hemos demostrado que el diálogo y los consensos son todavía posibles en Colombia. Tengo ofertas académicas y profesionales en el exterior, pero creo que debo seguir opinando sobre lo público en Colombia, sobre todo por el tsunami social que se nos viene encima en 2021. He dicho que la única revancha posible del 2021 frente al 2020 debe estar basada en grandes acuerdos nacionales que permitan el avance de este país, como lo logramos hace 30 años, recién salidos de la adolescencia y en un momento tan crítico como el presente. Tenemos que demostrar, como generación de la Constitución de 1991, que son más importantes esos pactos y consensos basados en el diálogo social que prematuras aspiraciones presidenciales que solo profundizan la herida tan grande que la polarización y el extremismo le está causando a Colombia.
Balance en clave de cinco
Mi prioridad fue la protección de los derechos de los colombianos, con énfasis en el diálogo social. Realizamos 200 audiencias ciudadanas, 14 Mesas por la Vida y 12 contra la explotación sexual de menores y mujeres que llevaron a un gran pacto nacional para la erradicación de la trata de personas; 25 audiencias de concertación con las minorías étnicas; 10 ambientales; 6 cumbres de Diálogo Social y 30 audiencias anticorrupción y de restitución de tierras.
Se presentaron 180.304 conceptos en las diferentes jurisdicciones. Se hicieron 3617 acciones constitucionales y 514.000 participaciones para defender los derechos colectivos. En materia de conciliación extrajudicial administrativa, se realizaron 131.858 audiencias y se generó ahorros al Estado por $656.000 millones y se lograron acuerdos en el pago de cesantías a docentes, generando ahorros por $14.389 millones.
Y sancionamos responsables de faltas disciplinarias en procesos como Odebrecht, infraestructura de los Juegos Nacionales de Ibagué, la vía La Prosperidad en Magdalena, la Ruta del Sol, la Cumbre de las Américas, el cartel de la toga, corrupción al sufragante, Electricaribe, Supersalud, caso Cerro Verde, los carteles de la salud en el Caribe, las construcciones ilegales en Cartagena, la corrupción de POT y PAE, y los reembolsos ilegales por exportaciones ficticias en la DIAN. Emitimos 6500 fallos disciplinarios en primera y segunda instancia y en prevención de la corrupción le ahorramos más de $12 billones al erario.
Las víctimas y la paz encontraron un respaldo persistente, al convertirnos en garantes del cumplimiento del Acuerdo de Paz, particularmente en los territorios alejados de las grandes ciudades y nuestra razón de intervención ante la JEP -más de 1.600 actuaciones- ha sido la defensa de los derechos de nueve millones de víctimas en Colombia . Hemos incorporado el concepto de víctimas de la corrupción como una clave para luchar contra ese flagelo, por la reparación económica que debe generar el acto corrupto.
Entrego una Procuraduría innovadora, accesible, con sistemas de información interoperables, expediente electrónico, mapa de georreferenciación y herramientas de analítica para una mejor gestión misional, sobre todo para la lucha contra la corrupción. Hemos derribado murallas que le impedían a los ciudadanos llegar a la Procuraduría.
