El Gobierno Nacional, en cabeza de la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez Torres, y las empresas del sector eléctrico dieron a conocer las medidas que se tomaron en el marco del Pacto por la Justicia Tarifaria, un proyecto que busca aliviar los precios de la energía en el país.
Según comentó la ministra Vélez, más de 82 empresas de energía eléctrica se sumaron al Pacto, con el cual se busca generar una reducción en las tarifas a partir de noviembre de 2022. Las rebajas serían entre el 4 % y el 8 % .
«Desde diciembre de 2020 ha habido un efecto elevado en las tarifas de la energía y los colombianos se han visto muy afectados. Hemos tenido que afrontar un dilema: o pagamos la energía o los alimentos. Por eso, quisimos atender esta situación como urgencia y buscar soluciones«, comentó Vélez.
Así las cosas, la funcionaria explicó las dos primeras medidas que se tomaron en el Pacto para reducir tarifas energéticas:
– Renegociación de contratos bilaterales de compra y venta de energía entre generadores y comercializadores, lo cual generará un impacto positivo en la tarifa, a nivel nacional, en cuanto a reducción.
– El indexador, que es lo que se usa para medir los componentes que afectan la tarifa, va a ser el menor entre el Índice de Precios al Productor (IPP) y el Índice de Precios al Consumidor (IPC).
«Sobre el indexador, ya comenzamos a trabajador para tener un indicador específico para el sector«, recordó la ministra.
El Gobierno Nacional les hará seguimiento a estas dos acciones, las cuales «son el primer paso de una serie de decisiones enfocadas en la transición energética justa. Queremos la democratización de la energía y eso es uno de los pilares del Pacto de la Justicia Tarifaria«.
Irene Vélez. ministra de Minas y Energía
Archivo particular
Los participantes en el Pacto
Desde la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), insistieron en que las medidas adoptadas, en este primer paquete, buscan aliviar.
«Estamos revisando los indicadores para actualizar los componentes de la tarifa. La idea es aliviar la coyuntura, que se ha derivado del comportamiento anómalo del indicador«, comentó Jorge Alberto Valencia Marín, director de la Creg.
También dijo que se están analizando las señales de eficiencia para ser cercanos a los niveles deseados y que los usuarios paguen lo que corresponde por los servicios.
«Que la remuneración sea la adecuada y las empresas hagan inversiones y mejoren la calidad. Así, los usuarios tendrán un servicio acorde para satisfacer sus necesidades«, complementó.
La Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica (Asocodis), por su parte, afirmó que los alivios representarían un ahorro cercano a los 1,5 billones de pesos.
E hizo un llamado a los usuarios para que pongan su ‘granito de arena’: «Las facturas tienen dos componentes fundamentales: costo y consumo (multiplicación de las dos variables), por lo que pedimos un consumo eficiente y que los alivios no se pierdan con aumentos de consumo«.
Finalmente, desde la Asociacion Colombiana de Generadores de Energia Electrica (Acolgén) hicieron una petición al Gobierno: «No sería coherente, luego de todas estas acciones, gravar a las hidroeléctricas, como se propuso en un artículo de la ponencia tributaria. Eso pone en riesgo las inversiones en energías renovables. Confiamos en que se pueda corregir esta propuesta para que usuarios no lo vean reflejado«.
Entre las empresas que se unieron al Pacto por la Justicia Tarifaria están Edsa, Enel, Celsia, Emcali, Vatia, CEO, Cedenar, EPM, AES, Isagen, GEB, entre otros.
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