En 2019 Colombia invirtió cerca de 2% de su Producto Interno Bruto (PIB) en proyectos de energía renovable, de acuerdo con el más reciente informe de la Agencia Internacional de Energía (IEA por sus siglas en inglés).
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Pese a ser el país en vías de desarrollo con un mayor porcentaje de la matriz eléctrica con base en energías renovables, la destinación de recursos es aún significativa para estas energías.
De hecho, de acuerdo con dato de la Unidad de Planeación Minero Energética, en los próximos 5 años entrarán 15.000 megavatios (MW) de energía correspondiente a fuentes solares, eólicas e hidráulicas, con lo que la composición de la capacidad instalada pasará a ser principalmente de las fuentes solar e hídrica, desplazando a tercer lugar la generación térmica.
Esto significa que el país continúa con la senda de inversión en estas fuentes. Además, de acuerdo con el análisis de la IEA, Colombia es uno de los pocos países que ha desarrollado una taxonomía verde o carbono-intensiva.
De hecho esta fue publicada recientemente, en abril por el expresidente Iván Duque y se suma a otros esfuerzos que se han hecho desde el Ejecutivo para promover la inversión en proyectos sostenibles. Por ejemplo, Colombia cuenta con la ‘Hoja de Ruta para la Transición Energética’, así como para fuentes específicas como la generación de energía eólica offshore o la hoja de ruta para el hidrógeno verde.
Esto llevó a que a cierre de 2021 el flujo de capital hacia el país en las fuentes eólica y solar fuera de US$800 millones, que de acuerdo con la cartera de Minas y Energía significó la segunda inversión más alta de este tipo en la historia con respecto a los países de la región.
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Para los próximos dos años, el flujo se estima en US$3.500 millones de acuerdo con Germán Corredor, director de SER Colombia.
De acuerdo con el líder gremial, esto se debe a las señales que se han dado desde el Gobierno para el desarrollo, como estas hojas de ruta y otras señales como las regulatorias que permiten que sea atractiva la llegada de capital extranjero.
El objetivo del nuevo Gobierno y por medio del Ministerio de Minas y Energía es “acelerar la transición energética” para lo cual señalan que habrá una hoja de ruta nueva que se conocerá en cinco meses. Si bien la matriz eléctrica es principalmente renovable, la de consumo energético aún es predominantemente de fuentes fósiles o más contaminantes.
Por esto, algunas de las estrategias que se han contemplado son promover la electrificación del parque automotor o promover la conexión a gas natural para reducir el consumo de leña.
Para responder a esta mayor demanda se requeriría de una nueva subasta, señala Corredor. De hecho, con base en las proyecciones de la Upme (julio de 2022), en un escenario de alto consumo, desde 2024 – 2025 hay un déficit en el balance.
Sin embargo, la ministra de Energía, Irene Vélez, aseguró que antes de promover una nueva subasta, el Gobierno buscará que los proyectos retrasados empiecen a entregar energía en firme antes de salir de nuevo a ofertar.
Además señaló que el gobierno estudia otro mecanismo además de las subastas para la generación de energía renovable. “Esta es una de las herramientas que estamos examinando, pero también estamos revisando otras formas de promover las energías, como la generación distribuida”.
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El informe de la Agencia presenta como caso de estudio el modelo de competencia que tiene Colombia, que según el estudio permiten crear apoyos para la transición hacia energías renovables. De acuerdo con los IEA, este modelo permitió más transparencia en los precios de distribución.
“Tales reformas mejoraron la participación y rentabilidad del sector privado y eficiencia para servicios públicos”, dice el estudio.
Sin embargo resalta que apesar de que hay 250 compañías en el sector, 4 actores dominan cerca de 60% de los negocios, tanto de generación, transmisión, distribución y comercialización.
Afirma la IEA que las subastan también han aumentado, con respecto a otros países, Colombia va retrasada. Así mismo señala que los subsidios a los precios minoristas y la alta concentración del mercado significan un alto riesgo fiscal para el país que debe ser evaluado, concluye la Agencia.
Daniela Morales Soler