La Comisión de seguimiento, impulso y verificación de la implementación del Acuerdo de Paz asegura que la incorporación del enfoque de género en el Acuerdo Final es una forma de materializar las luchas de las mujeres frente a las desigualdades estructurales que afrontan en el sistema.
Según la Comisión, la implementación del enfoque de género ha sido fragmentada e insuficiente. Consideran que el Estado no ha tenido una comprensión integral ni transversal del tema en la política pública.
Uno de los problemas que se plantean es que cada entidad maneja su propio concepto del enfoque de género y, además, realizan acciones aisladas que no se articulan con otras acciones ni con el Acuerdo Final. Esto, a grandes rasgo, impediría que se desarrollen acciones de gran impacto.
“El enfoque de género establecido en el Acuerdo Final establece el horizonte de sentido que, en el marco de la implementación, debería conducir a romper desigualdades históricas como un eje indispensable para la construcción de paz y el fortalecimiento de la democracia”, afirmó la Comisión.
La política del Gobierno del presidente Duque frente al enfoque de género fue calificada como deficiente ante la falta de promoción de acciones para su implementación. Aseguran que aunque durante este Gobierno se instaló la Alta Instancia de Gobierno para la transversalización del enfoque de género, aún no se han dado avances en la implementación de las instituciones.
A lo anterior agregaron que las acciones que se ha realizado han sido insuficientes para afrontar las condiciones que impiden una participación equitativa tanto de mujeres como de la población LGTBI en los sectores de la economía y la política.
Otro problema que se presenta es el de la falta de recursos para la implementación del enfoque de género. Este punto concuerda con lo dicho por el secretario general sobre la Misión de Verificación de la ONU en Colombia.
En el informe más reciente de la ONU se menciona que: “La Mesa Técnica de Género del Consejo Nacional de Reincorporación ha seguido formulando recomendaciones en materia de género para los proyectos productivos, pero la falta de recursos y capacidad técnica específica a nivel local sigue siendo un desafío. De igual modo, aunque la Alta Instancia de Género y la Mesa Técnica de Género se han esforzado para promover el enfoque de género de la política nacional de reincorporación, la falta de recursos suficientes ha dificultado su implementación”.
La Comisión también se refirió sobre la reincorporación. Al respecto, consideran que el acompañamiento para hacer una reincorporación académica de las excombatientes ha sido insuficiente porque la inscripción a los programas educativos es afectada por la falta de guarderías y por la falta de apoyo para acceder al empleo.
A esto se suma la inseguridad a la que se enfrentan las excombatientes, que no cuentan con esquemas de protección, sumado a las dificultades para acceder a servicios de salud, pues dicen que: “Las mujeres excombatientes continúan preocupadas por la limitada prestación de servicios de salud reproductiva y atención preventiva conexa”.
Finalmente, la Comisión menciona los logros de las Farc, entre los que se destaca la participación política de las excombatientes debido a que varias candidatas participaron en las elecciones locales de octubre. Tras esa participación, se resalta que cuatro de los siete excombatientes que ocuparon cargos en las administraciones locales y departamentales son mujeres.
Por su parte, la Instancia Especial de Mujeres para el enfoque de Género en la Paz en el balance a tres años de la firma del acuerdo de paz asegura que en estos años no se ha avanzado mucho en materia de género. Consideran que el enfoque de género se fue desdibujando al realizar un único capítulo de género restringiendo las acciones hacia las mujeres y la población LGBTI.
A esto agregan que el enfoque de género contemplado en el Acuerdo final conlleva la incorporación de tres dimensiones esenciales:
1. La económico-social: que garantice a las mujeres la igualdad de oportunidades.
2. La cultural: que cambie las costumbres y prácticas culturales que discriminan, subordinan y violentan a las mujeres.
3. La dimensión política: que garantice la representación política.
A grandes rasgos, la Instancia resalta que en los territorios no se conoce el Acuerdo de Paz ni el Plan Marco de Implementación (PMI), pues resumen que se desconocen las competencias territoriales para la implementación, se tienen pocos recursos (humanos, económicos y técnicos), hace falta voluntad política, hay corrupción y se desconocen los enfoques de género.
En conclusión, los dos informes concuerdan en que las medidas y esfuerzos para desarrollar e implementar el enfoque de paz han sido insuficientes.
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