En manos de «actores armados» y de «desertores» quedó gran parte del dinero ‘encaletado’ y muchos de los bienes de las Farc que no habían sido entregados al Estado colombiano, según aseguró el jefe del partido político formado por la exguerrilla, Rodrigo Londoño, también conocido como Timochenko.
El líder de ese grupo habló con EL TIEMPO sobre los supuestos incumplimientos en los que, según algunos sectores, han incurrido los excombatientes y dijo que modificar aspectos del acuerdo de paz sería una «estupidez».
«Renegociar ahora, en otro contexto, es una maniobra clara para conseguir lo que soñaron y nunca fueron capaces: aniquilarnos como proyecto político y físicamente», dijo.
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¿Qué responde a los señalamientos de incumplimientos del acuerdo por parte de las Farc?
Son infundados. Algunos son temerarios y pretenden mantener un escenario de desconfianza a la construcción de paz. Nosotros cumplimos lo que está acordado porque es un compromiso con el pueblo colombiano y no por buscar aplausos. Es un compromiso con todas las víctimas; con nuestras familias, con nuestras amistades, con las comunidades, con el propio territorio que habitamos. Para responder algunas injurias, basta señalar por ejemplo que, entre otras cosas, nos comprometimos con la dejación de armas y lo hicimos; se hizo una entrega de 1.32 armas por cada exguerrillero y exguerrillera de Farc- Ep contando con la verificación de la ONU, a través del Mecanismo de Monitoreo y Verificación. Recordar que en el caso de los paramilitares fue de 0.6 armas por persona. Además, se hizo extracción de caletas y entrega de demás material de guerra.
La experiencia de Humanicemos DH debería ser reportada, porque mientras unos contaminan el país con sus ideas guerreristas otros realizan acciones para generar territorios
de paz
No solo entregamos información de ubicación de minas, sino que participamos en la descontaminación de territorios (como ejemplo están los pilotos de El Orejón, en Antioquia, y Santa Helena, en el Meta). Todo esto ha derivado en el desminado humanitario. La experiencia de Humanicemos DH debería ser reportada, porque mientras unos contaminan el país con sus ideas guerreristas otros realizan acciones para generar territorios de paz.
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En materia de cultivos de uso ilícito nos comprometimos a impulsar y participar en el PNIS, lo cual se estaba realizando desde el nivel local al nacional junto a las comunidades para realizar la sustitución voluntaria. Sin embargo, la política del gobierno actual va en contravía de la sustitución, lo que ha generado que se desate la violencia y agudice la desconfianza al gobierno en los territorios. El mito de las ‘rutas del narcotráfico’ debería dirigirse hacia algunos sectores que controlan la logística de tráfico, embarque y desembarque de drogas. Una cosa es cobrar impuesto sobre una actividad y otra ejercer la actividad.
Nos comprometimos con el esclarecimiento de la verdad y así lo estamos haciendo. Más del 80 por ciento de comparecencias ante la JEP las hemos realizado nosotros, mientras que los responsables de las fuerzas estatales no han asumido mucho ese compromiso. Participamos en la búsqueda de personas dadas por desaparecidas, en los hechos y actividades que se dan en el marco del esclarecimiento de la verdad, reconociendo la responsabilidad de nuestros actos como parte del conflicto que fuimos. Más de 40 actos de reconocimiento dan cuenta de ello (Bojayá, el Club El Nogal y los actos con los familiares de los diputados del Valle hacen parte de ello).
¿Es verdad que de 12.000 millones de pesos que reportaron solamente han entregado 2.000?
Lo documentado y entregado el 15 de agosto de 2017 a la misión de la ONU, a través del mecanismo tripartito de monitoreo y verificación, hacía claridad para la entrega de $ 2.500’000.000. Adicionalmente, presentamos información de $ 9.570’000.000 de dinero de la economía de la guerra. Esa información incluso databa de la ubicación y situación de ese dinero, que obviamente no estaba guardado en un banco o algo así, sino que estaba ‘encaletado’ en el marco de la confrontación armada. De esa información adicional se aclaró que el 54.4 por ciento había sido incautado por el Ejército ($ 2.360 millones en Putumayo y $ 2.850 millones en Caquetá) y 45.6 por ciento se lo estaban llevando desertores en Putumayo y Nariño. Es decir, están sumando peras con manzanas. Todo está en lo que se entregó en la carta y difundieron los medios en su momento.
¿Cuál es la realidad actual de los bienes que entregaron las Farc?
En primer lugar, la realidad nos está diciendo que la entrega de bienes se vio altamente afectada por la filtración y publicación del inventario de bienes a los medios de comunicación. La Revista Semana publicó todo 12 días después de que entregamos la información. Esa filtración llevó a que actores armados fueran a los territorios a hacerse de los bienes y, a su vez, que quienes los custodiaban quedaran en un escenario de riesgo e inseguridad física.
El Estado colombiano no ha adecuado la institucionalidad hacia el cumplimiento del acuerdo de paz y quiere cargar esa responsabilidad hacia nosotros. ¿Cómo se nos pide, después de la firma, garantizar la custodia ante actores armados?, para eso se debe contar con garantías efectivas de seguridad; ¿cómo vamos a dar mantenimiento y sostenimiento a los bienes mientras el Estado llega a tomar posesión de ellos? Precisamente estábamos entregando lo que nos servía como fuente de la economía de guerra y ya habíamos determinado, con antelación de la firma del acuerdo, suspender actividades que también estaban relacionadas a esa economía. Por ejemplo, aún en la existencia misma de las Farc-Ep, el 4 de julio de 2016, se derogó lo que en su momento se estableció como medidas de tributación.
Desde la Fiscalía, específicamente durante el periodo de Néstor Humberto Martínez, se generaron ‘falsos positivos’, como los casos de Supercundi y Surtifruver, que han afectado a personas que no tenían relación alguna con las otrora Farc-Ep y se sembró un discurso de desconfianza frente a la entrega de bienes para tapar las falencias como las que se enunciaron anteriormente de la institucionalidad del Estado.
Los bienes susceptibles de depreciación (vehículos, maquinaria, inmuebles, etc.) siguen perdiendo valor con cada día que pase y afectando la monetización. Esto se debe a demoras institucionales, bien sea de índole administrativo (por ejemplo, en la coordinación que deben tener distintas entidades para la verificación del estado de los inmuebles) o presupuestales de las entidades (por ejemplo, no contar dentro de sus presupuestos con los recursos para el desplazamiento para la recepción de bienes).
Se aclaró que el 54,4 % (del dinero) había sido incautado por el Ejército ($ 2.360 millones en Putumayo y $ 2.850 millones en Caquetá) y 45,6 % se lo estaban llevando desertores
¿Qué ha pasado con los menores de edad que estaba en las Farc?
En la actualidad todos son mayores de edad. Pero, sea el momento de aclarar algunas cosas: en primer lugar, esto inició con la salida voluntaria de 13 menores en medio de las negociaciones. Luego entregamos un listado con 137 personas (incluyendo a los primeros 13). Ellos llegaron a Lugares Transitorios de Acogida (LTA), donde quedaban bajo responsabilidad de las entidades competentes y 124 se acogieron al Programa de Camino Diferencial de Vida (PCVD). Posteriormente, el mecanismo tripartito para la plena identificación, al determinar la fecha de nacimiento, identificó 280 menores más desvinculados de Farc-Ep.
Esto no representa un incumplimiento de nuestra parte ya que siempre estuvieron dentro de los listados entregados al Gobierno, y quien es responsable para certificar la fecha de nacimiento de una persona es la Registraduría. Ahora bien, si vamos a ver qué ha pasado con todos ellos, eso habría que oficializarlo con las instituciones y ellos mismos.
Habría que ver si les han brindado todas las garantías de la reincorporación, si tienen seguridad social, educación, sin son padres/madres, si sus entornos garantizaron y garantizan protección, si no han sido estigmatizados, si han sido victimizados, si han sido presionados por funcionarios a cambio de supuestos beneficios, en fin, habría que ver si las condiciones por las que ellos fueron impulsados a vincularse a la insurgencia han cambiado.
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¿Cómo califica la labor que ha realizado la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)?
Lo primero que hay que decir es que la justicia transicional es un tema nuevo, donde todos estamos aprendiendo. En segundo lugar, que la JEP, desde que nació con el acuerdo de paz, ha recibido solo ataques e intimidaciones, ningún estimulo por parte del Estado, cero solidaridad. Tercero, en lo que tiene que ver con nosotros, a la JEP le falta mucho por cumplir con lo acordado en La Habana. Sin embargo, esperamos que resuelvan el tema de las amnistías para el grueso de los firmantes de la paz, el asunto de nuestros prisioneros y que la JEP imponga la seguridad jurídica para todos nosotros.
En lo que tiene que ver con nosotros, a la JEP le falta mucho por cumplir con lo acordado en La Habana
¿Qué opinión le merece que los señalamientos de incumplimientos vengan por parte del uribismo?
Desafortunadamente esa colectividad no ha entendido que este país reclama cambios profundos. No somos el partido Farc los que nos beneficiaríamos con estos, es todo el país, y sobre todo los excluidos de siempre. Los invitaría a que se sumen a este esfuerzo de paz. Nunca es tarde, en cambio sí lo puede dejar a uno el tren de la historia.
¿Cree que hay algunos aspectos del acuerdo que deberían modificarse ante las nuevas realidades políticas del país?
Si aplicamos el sentido común, ahí como dijo alguien en estos días, eso es una estupidez. Fue un acuerdo entre un grupo insurgente y un Estado que estaban enfrentados militarmente. El acuerdo refleja la correlación de fuerzas que existían en esa confrontación. Fue una negociación en un contexto concreto. Renegociar ahora, en otro contexto, es una maniobra clara para conseguir lo que soñaron y nunca fueron capaces: aniquilarnos como proyecto político y físicamente. Pero en aras de la discusión, digamos que sí, claro que hay aspectos que deberían modificarse. Por ejemplo, el modelo de desarrollo, que en esta pandemia quedó demostrado su fracaso.
Las relaciones de subordinación con Estados Unidos, que ahora nos obliga a sumarnos al bloqueo después de todo lo que nos han ayudado para construir la paz. Y que el matar por pensar distinto, por disentir, se eleve a delito de lesa humanidad.
JUAN FRANCISCO VALBUENA G.
REDACCIÓN POLÍTICA