Redacción
La palabra ‘minga’ es de origen quechua y significa un trabajo colectivo con fines de utilidad comunitaria. Este domingo, cerca de 5.000 indígenas que marchan desde Cauca y Valle del Cauca hasta Bogotá unirán la minga a otras fuerzas que organizan un paro nacional de protesta para el próximo 21 de octubre.
El Gobierno dice que respeta las protestas, pero advierte que no permitirá alteración en el orden público. El director del Departamento Administrativo de la Presidencia, Diego Molano, revela que el Gobierno tiene pruebas de la infiltración de extremistas en la minga. Asegura Molano que, inclusive, hay instrucciones terroristas.
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El diálogo con el alto funcionario, quien asume la vocería de la Presidencia de la República, se inicia con el análisis de la marcha. Las democracias –dice– viven constantemente este tipo de manifestaciones. Tranquiliza en este caso, agrega, que la propia minga ha reconocido que el Gobierno cumplió los acuerdos, y revela que el verdadero motivo que los moviliza es político-electoral, razón por la que mantienen su agenda, indiferente de que el Presidente los escuche en Cali, Bogotá o en su mismo territorio. La movilización está garantizada por el Gobierno, pero hay que ser responsables, porque movilizarse en masa en este momento es como un huracán de contagio recorriendo el país.
¿Por qué se insiste en que la minga indígena ha sido infiltrada?
El Eln lo ha reconocido; y en el caso de las disidencias de las Farc, el comandante del Ejército y el director nacional de seguridad ciudadana de la Policía alertaron que este grupo tiene intenciones de atentar contra miembros de la minga para después culpar a la Fuerza Pública. Eso es lo que nos preocupa, que esas infiltraciones pongan en riesgo la vida de los indígenas, de nuestros soldados y policías, por eso se aplicará todo el rigor de la ley contra los violentos.
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Esa afirmación de ‘todo el rigor de la ley’, ¿qué supone?
A los violentos se les aplicará todo el peso de la ley, nuestra Fuerza Pública estará muy atenta para capturar y poner a disposición de las autoridades competentes a los que infrinjan la ley. Tras los desmanes ocurridos el 21 de noviembre pasado, capturaron y se judicializaron cinco personas.
El director nacional de seguridad ciudadana de la Policía alertaron que este grupo tiene intenciones de atentar contra miembros de la minga para después culpar a la Fuerza Pública
Si hay desórdenes, ¿la marcha campesina podría ser disuelta?
Los protocolos de seguridad establecen en qué momento interviene el Esmad, es claro que el Estado se vale de ellos cuando la marcha deja de ser pacífica y se presentan disturbios que ponen en riesgo la seguridad de los ciudadanos.
¿Se utilizará el Esmad?
Este gobierno respeta el derecho a la protesta. Ahora bien, si en la manifestación se cae en las vías de hecho y hay amagos de violencia o se perturba la tranquilidad de la ciudadanía, la Policía estará muy atenta.
Sobre la denunciada infiltración, ¿qué pruebas tiene el Gobierno?
El ministro de Defensa y el general Atehortúa han señalado que estos grupos, por orden de alias Iván Mordisco y Gentil Duarte, ordenaron a integrantes de disidencias a infiltrarse. El informe muestra cómo en el Cauca el frente sexto, disidencias también de las Farc que apoyan al grupo de la llamada ‘Segunda Marquetalia’, de ‘Iván Márquez’, están realizando esa tarea. Allí, la ficha clave es alias Jhonier, quien está liderando el autodenominado ‘Comando Coordinador del Pacífico’ y presionando reuniones entre delegados de las disidencias y las comunidades indígenas.
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Su tarea principal es tener personas claves, expertos en el manejo y fabricación de elementos y artefactos explosivos dentro de la minga indígena, para incentivar el choque contra la Fuerza Pública e incluso ejecutar actos de terrorismo en la ciudad de Bogotá. Es decir, lo que está detrás son intereses criminales para desestabilizar.
Y ante semejante situación, ¿cuáles son las razones por las que el presidente Duque se niega a dialogar con los líderes de la minga indígena?
El presidente Duque siempre ha conversado con todos los colombianos, con los que marchan y con los que no marchan. El Presidente prioriza la conversación que produce resultados, por eso, el proceso de diálogo con los indígenas del Cauca permitió llevar inversiones en 2020 por 250.000 millones de pesos en educación, salud, vivienda y cultura; resultados que la misma minga reconoce públicamente.
Sí, pero ahora reclaman medidas para frenar el asesinato de líderes indígenas…
El verdadero enemigo de las comunidades indígenas es el narcotráfico.
Sí, pero ahora reclaman medidas para frenar el asesinato de líderes indígenas…
El verdadero enemigo de las comunidades indígenas es el narcotráfico.
¿Es decir?
Organizaciones del narcotráfico como las disidencias de las Farc, el Eln y el ‘clan del Golfo’ asesinan a sus líderes. El Gobierno ha combatido el fenómeno que origina esta violencia. Gracias a ello logramos revertir el crecimiento de cultivos ilícitos y reducir las hectáreas sembradas en un 9 por ciento; adicionalmente, el presidente Duque lanzó el programa de acción que hoy protege a más de 3.600 líderes sociales y 164 colectivos, con una inversión directa de 300.000 millones de pesos este año.
La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, le ha preguntado públicamente al Gobierno si no era más fácil ir a dialogar con los indígenas… ¿su opinión?
Humildemente corrijo una vez más a la alcaldesa: el gobierno Duque se ha reunido desde 2019 con la minga y sí cumplimos con más del 80 por ciento de los compromisos. Quizá por sus días de descanso la alcaldesa no se enteró que desde el domingo llegó la mitad del gabinete del Gobierno Nacional a continuar el diálogo y mostrar resultados. Ojalá su comentario no sea nuevamente para evadir la responsabilidad de control sanitario que debe activar ante aglomeraciones, porque, como ella dice, “la matemática del covid no falla”.
El verdadero enemigo de las comunidades indígenas es el narcotráfico.
¿Por qué usted anda en permanente rifirrafe con la alcaldesa?
Se trata de una legítima defensa de la verdad. No se puede permitir que un líder político engañe a los ciudadanos para ganar gracias a ‘avemarías’ ajenas.
¿Por qué cree que la alcaldesa es una crítica permanente del gobierno?
Ante la magnitud del desempleo en Bogotá, el contagio y la lentitud en la reactivación, pareciera que la alcaldesa utiliza la crítica para evadir responsabilidades y no reconocer el compromiso del presidente Duque con Bogotá, que se refleja en los más de 1.000 ventiladores entregados para las UCI de la ciudad, en los giros extraordinarios que estamos entregando a 83.862 ‘familias en acción’; 21.637 ‘jóvenes en acción’ y 49.459 adultos de Colombia Mayor; 300.000 familias de la ciudad hoy reciben ingreso solidario como aporte a su renta mínima, más de 180.000 mercados distribuidos y cerca de un millón de trabajadores beneficiados con el subsidio a la nómina y la prima que entrega el Gobierno Nacional a más de 32.000 micro, pequeñas y medianas empresas.
Pero es que la alcaldesa ha dicho que sus opiniones son como ciudadana…
En plena pandemia y ante la crisis de la ciudad por un desempleo superior al 20 por ciento y los riesgos de rebrote, no debería haber espacios para el protagonismo político. Esa distracción de la alcaldesa no le permite atender la reactivación que necesita Bogotá. Si no se concentra, eso se cobrará más vidas y empleos.
Pero no es solo la alcaldesa. El secretario de Gobierno ha dicho que las peticiones de los indígenas son ‘legítimos reclamos’… ¿No está de acuerdo con esa afirmación?
El Gobierno ha cumplido las reivindicaciones legítimas de los indígenas. A los interesados en política electoral y en juicios políticos hay que recordarles que para eso son los escenarios del Congreso y las urnas en 2022.
Los indígenas han dicho que si el presidente Duque no los recibe, procederán a tomar medidas de hecho, como el bloqueo de carreteras… ¿Qué se hará?
Habrá cero tolerancia ante hechos violentos. Ante cualquier obstrucción o bloqueo, los colombianos pueden tener la tranquilidad de que la Fuerza Pública actuará con contundencia. El país necesita retomar el rumbo de crecimiento y los bloqueos pondrían en riesgo esta oportunidad.
¿Qué peticiones de los indígenas podrían negociarse y cuáles no?
Ellos han reconocido que los compromisos en salud, vivienda, educación, vías, justicia y reparación se están cumpliendo. En el presupuesto de 2021 quedaron incluidos 296.000 millones de pesos para seguir honrando los compromisos adquiridos con las comunidades del suroccidente del Cauca. Las propuestas políticas como la negociación con el Eln, reforma de la doctrina de seguridad o reducir la presencia militar del Estado no están en discusión.
Los indígenas sostienen que son víctimas de la guerra entre los grupos dedicados al narcotráfico y que no hay presencia del Estado para protegerlos…
Las organizaciones de narcotráfico, en su lógica de terror, se han dedicado en los últimos años a imponer cultivos ilícitos en los resguardos indígenas, los parques nacionales y los consejos comunitarios. La determinación del presidente Duque es trabajar para reforzar la presencia de la Fuerza Pública en esos espacios y lograr mayor coordinación con las comunidades para acabar con esas economías ilícitas y proteger la vida en estos territorios.
Los dirigentes de la minga dicen que su marcha es un grito indígena por la pérdida de sus territorios, ahora ocupados por disidencias de las Farc y el Eln…
Ante esas amenazas, el presidente Duque fortaleció la presencia de la Fuerza Pública con la creación de la Fuerza de Despliegue Rápido, con 2.500 hombres equipados y capacitados. Lo que preocupa es que no quieren presencia de la Fuerza Pública, que es la que les puede proporcionar seguridad a los indígenas.
Con los indígenas se sentaron a dialogar varios ministros, encabezados por la titular del Interior. ¿Por qué todo terminó en fracaso?
No hay fracaso cuando se demuestra que el Gobierno le cumplió los compromisos a la minga y mantiene disposición de diálogo. Se evidenció que se trata de un movimiento político-electoral.
Y con respecto al derribamiento de estatuas de conquistadores españoles, mientras no hay una sola estatua en homenaje a miles de indígenas asesinados en la conquista, ¿cuál es su opinión?
La reivindicación de derechos e identidades no se hace a golpes. Quienes buscan transformaciones aportan, respetan las diferencias y se proyectan pensando en colectivo. Lo que no debe prosperar son los revisionismos extremos porque llegaríamos al punto de tener que cambiarle el nombre a Colombia.
Los indígenas llegarán a Bogotá para estar presentes el 21 de octubre, fecha ya escogida por las centrales obreras para realizar un paro nacional. ¿En qué quedó el cumplimento del acuerdo del paro pasado, encomendado a una comisión de la cual usted hizo parte?
El presidente Duque lanzó la conversación nacional con el propósito de escuchar a los que marcharon y a los que no marcharon. Un ejercicio que sirvió para mejorar políticas públicas y tener resultados en materia ambiental, de empleo, educación, transparencia, juventud y paz con legalidad. Sin embargo, los miembros del comité del paro se mantuvieron al margen. Ellos entregaron un pliego de 135 puntos. Esas peticiones las analizamos y encontramos que el seis por ciento eran competencia de las ramas Legislativa y Judicial, el 19 por ciento eran inviables desde el punto de vista fiscal, el 65 por ciento correspondían a acciones que el Gobierno Nacional ya estaba desarrollando, y solo el 10 por ciento podrían concretarse en nuevas acciones de gobierno mediante el ejercicio de conversación.
Pero recientemente presentaron un pliego de emergencia de siete puntos…
Sí, señor. Hacerlos realidad le costaría al país 196 billones de pesos, pues todas son propuestas irreales, populistas y desproporcionadas ante la magnitud de los efectos económicos y sociales de la pandemia. El Gobierno está concentrado en el plan de reactivación con el que destinamos 100 billones de pesos para generar más de un millón de empleos en los próximos dos años.
¿Cómo avanza el protocolo sobre el uso de la fuerza?
Con paso firme. Los colombianos pueden tener tranquilidad: para el próximo 21 de octubre, las autoridades policivas y administrativas contarán con un protocolo que garantiza la protesta pacífica, castigará y pondrá tras las rejas al vándalo.
YAMID AMAT
Especial para EL TIEMPO
