Luego de que el Gobierno, a través de la ANI, anunciara en Portafolio su plan para estructurar proyectos, mediante cooperación internacional y su apuesta ambicioso por invertir $50 billones en proyectos de 5G; Juan Martín Caicedo, presidente de la Cámara Colombiana de Infraestructura (CCI), señaló a este medio que el clima actual para invertir en infraestructura no es el mejor, además reiteró la importancia del pago del adeudo de los peajes.
¿Cómo ve el clima para invertir en infraestructura?
Infortunadamente, por estos días, no es el más halagüeño. La razón está relacionada con decisiones del Gobierno como, por ejemplo, la de congelar las tarifas de los peajes a comienzos de este año, y las cuales han enviado mensajes de incertidumbre y de inseguridad jurídica a los grandes jugadores del sector financiero nacional e internacional.
(Unilever amplía su capacidad de operación con nueva ‘megaplanta’).
Durante las últimas tres décadas, el país supo granjearse la confianza de inversionistas que vieron a Colombia como un destino sumamente atractivo para apostarle al desarrollo de infraestructura. Desandar ese camino no resulta estratégico para seguir haciendo de este sector un bastión de desarrollo y crecimiento económico.
No obstante, confiamos, en que el Gobierno dé un golpe de timón, justamente, para volver a transitar por la senda de 30 años de confianza.
¿Qué decir sobre la imagen que da el país con problemáticas como la de la concesión de Autopistas del Caribe?
Resulta preocupante, a todas luces, que intereses particulares terminen anteponiéndose al interés, no solo de la Costa Caribe, sino del país (…) No puede ser que unos pocos, pongan en jaque semejante proyecto, entre otras, por cuenta de un interés oportunista de corto plazo, que además liga con las próximas elecciones de carácter regional.
(Realizan prueba de tecnología 5G en refinería de Barrancabermeja).
¿Qué retos existen para que los inversionistas sientan confianza y coloquen su capital?
El país demostró, durante tres décadas, que la confianza se construye con dos elementos básicos: estabilidad y claridad en las reglas de juego.
Fueron, precisamente, estos dos ingredientes los que permitieron que financiadores e inversionistas de talla mundial creyeran en Colombia como destino de desarrollo en materia de infraestructura.
Ahuyentarlos, equivaldría a asestar una estocada certera al futuro y al avance de la infraestructura de transporte. Así, el reto se constituye en seguir caminando por el terreno que se trazó a lo largo de 30 años y que demostró con creces que conduce a buen puerto. ¿Valdría la pena tomar un rumbo desconocido?
(Empresas del país hacen su propia transición energética).
¿Qué otros factores podrían incidir en que los inversionistas no se interesen en Colombia?
Habría que tener muy presentes factores como las elevadas tasas de interés y los altos índices de inflación.
Se apuesta a invertir $50 billones en 5G, ¿este panorama podría interferir en esa meta?
Como usted bien lo dice, demandará recursos cercanos a los $50 billones. De ahí, entonces, la necesidad impostergable de que los ministerios de Hacienda y de Transporte generen ese clima de confianza inversionista del que hemos venido conversando.
Con el modelo concesional el país hizo en 20 o 30 años, lo que no había hecho en un siglo. Ello, estimuló el crecimiento formidable de los transportadores, que antes no tenían carreteras por donde transitar.
(MinTic y Rappi darán becas de formación en tecnología y programación).
Si bien los constructores quieren entrar en los proyectos 5G, ¿Cómo ve el ritmo de avance de los procesos licitatorios?
No podemos pasar por alto el hecho de que durante los primeros meses del año el sector decreció en casi un 15% y no cabe duda, por lo demás, de que la decisión del Gobierno de congelar las tarifas de los peajes pudo desincentivar la inversión y ahora podría frenar en seco la primera ola de la quinta generación de concesiones.
Es por todo ello que recomendamos al Gobierno contratar, prontamente, proyectos ya estructurados cuya inversión asciende a los $12 billones en capex, tales como Villeta-Guaduas, Pasto-Popayán, Puerto Gaitán-Sogamoso y el Tren la Dorada-Chiriguana.
Los proyectos actuales enfrentan problemas para conseguir financiación. ¿Por qué?
Enfrentarán problemas si las fuentes de pago para financiadores e inversionistas se siguen viendo afectadas por decisiones equivocadas como la no indexación o incremento de las tarifas de los peajes con la inflación, o el no desembolso del compromiso soberano del pago de vigencias futuras, previsto en la estructuración de los programas de concesiones viales.
(Enel hace inversiones para mejorar respuesta de servicio en Bogotá).
Deberá actualizarse a la mayor brevedad, el esquema tarifario afectado por la decisión gubernamental de comienzo de año. Así lo confirman Fedesarrollo por un lado, y la Procuraduría por el otro. Hago fe aquí de la positiva receptividad que encontramos en el ministro Bonilla y todo su equipo, para honrar los compromisos del Estado con las concesiones. Ello tranquiliza, en principio, a inversionistas y financiadores.
¿Qué debería hacer el Gobierno para afianzar la relación con los inversionistas?
El 70% del presupuesto de inversión para el sector en 2023 está comprometido en los proyectos viales de cuarta y quinta generación de concesiones.
Se requiere de seguridad jurídica, insistimos, frente a las fuentes de financiación (peajes), y poner en marcha las nuevas estructuraciones que hoy existen, incluyendo las denominadas iniciativas privadas, las cuales permitirían a la ANI mostrar elocuentes avances en puertos, aeropuertos, carreteras y ferrocarriles.
PAULA GALEANO BALAGUERA
Periodista de Portafolio