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Envían a la cárcel a los presuntos responsables del homicidio de una persona en estación de Policía de Riohacha

En la fotografía aparece un hombre capturado, junto a personal de la Policía Nacional y del CTI. En la parte posterior de la imagen se ve un banner de la Fiscalía General de la Nación.

La Fiscalía General de la Nación obtuvo medida de aseguramiento en centro de reclusión contra de seis hombres presuntos responsables de la muerte de José David Sierra Cotes, cuando se encontraba en una celda de la estación de Policía de Riohacha (La Guajira).

Carlos Eduardo Álvarez, uno de los seis presuntos responsables de la muerte de un hombre en una estación de policía de Riohacha.

Se trata de Ángel Miguel Acosta Negrete, Luis Fernando Pacheco Osia, Víctor Alfonso Daza Montes, Darwin David Mejía Balcázar, Melbis de Jesús Peñaloza y Carlos Eduardo Álvarez Loiyo.

De acuerdo con la investigación, los hechos se registraron el pasado 2 de julio cuando Sierra Montes, al parecer, fue golpeado en diferentes partes del cuerpo presuntamente por los implicados, quienes le estarían exigiendo una suma de dinero a cambio de no atentar contra su vida.

Tras la golpiza, la víctima quedó en estado de inconsciencia por lo que fue llevado a un centro asistencial a donde llegó sin vida.

Los cinco procesados fueron imputados por los delitos de homicidio agravado y tortura.

La captura de los implicados se produjo en el corregimiento de Cotoprix, zona rural de la capital guajira y estuvo a cargo de uniformados de la Policía Nacional.

Esta información se publica por razone de interés general

La Fiscalía habla con resultados

 

 

 

EDH/CFG/DMNF/DSG

 

 

 

 

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004. 

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