El Ministerio de Salud interpuso una demanda de acción popular contra 21 Entidades Promotoras de Salud (EPS) por el incumplimiento financiero y riesgo en seguridad social en salud.
Según lo descrito en el litigio por la cartera, la acción se solicitó para la protección de los derechos e intereses colectivos que, como consecuencia del incumplimiento de algunas de las obligaciones de las EPS y de las cajas de compensación familiar, “se encuentran actualmente vulnerados y/o amenazados”.
La situación se presentó con el argumento de que estas entidades estarían incumpliendo con el flujo de las reservas técnicas, es decir, el patrimonio de cada compañía, pues “cuentan con autorización para operar programas de salud, relacionadas con la constitución e inversión de reservas técnicas que deben realizar a fin de proteger los gastos futuros y con ellos garantizar los pagos para la eficiente y eficaz prestación del servicio de salud”.
Además, agregaron que el proceso judicial se relaciona con el incumplimiento de las obligaciones de que tratan los artículos 2.5.2.2.1.9 y 2.5.2.2.1.10 del Decreto 780 de 2016.
Si bien los motivos están expuestos en la demanda, actores del sector aseguraron que no se entienden los argumentos reales para someter a estas entidades a un proceso judicial.
Fuentes cercanas a este medio aseguraron que “no se entienden las motivaciones del Ministerio, así estén escritas en las demanda, porque ni ellos mismos tienen clara la razón por las que someten a estas entidades al litigio”.
Cabe detallar que Portafolio consultó al Ministerio para obtener más información sobre el proceso judicial, sin embargo, no se obtuvo respuesta de la cartera.
Ahora bien, en consulta por la parte legal, la abogada Daniela Arbeláez, asociada en Holland & Knight, aseguró que todo parece indicar que el órgano máximo de la salud busca con esta acción que las EPS realicen de manera “inmediata” las gestiones e inversión necesaria para constituir las reservas técnicas exigidas conforme al Decreto 780 de 2016.
“Al respecto de las mencionadas reservas y de la relevancia que estas tienen dentro del Sistema de Salud, se puede decir que las mismas corresponden a activos cuyo objetivo es el de mantener una provisión de recursos adecuada que le permita a las EPS poder pagar a su red de prestadores, de tal forma que exista seguridad y liquidez respecto de las obligaciones de pago a su cargo”, aseguró.
Salud
Al conocer la demanda interpuesta, los gremios de las EPS anunciaron que aunque se revisaría a detalle la demanda, la principal razón de la iliquidez de patrimonio sería a causa de la crisis financiera en el sector, que persiste desde el año pasado.
De hecho, la abogada Daniela Arbeláez, explicó que si bien estas reservas se constituyen a partir de los recursos de la unidad de pago por capitación (UPC) los cuales provienen de los aportes salud de todos los colombianos, lo cierto es que se pudieron ver afectadas por otros factores.
“Uno de ellos pudo ser la falta de pago oportuna en cabeza del Adres y, por ende, la decisión de fondo respecto de esta acción popular se sujetará a demostrar sí la no constitución de dichas reservas le es efectivamente imputable o no a las EPS”, dijo.
En concordancia, los firmantes del Pacto por una Mejor Salud alertaron de las inquietudes vigentes en torno a la desfinanciación del sistema de salud y la preocupación por las decisiones definidas en los últimos días por el Ministerio con relación al incremento de la UPC para el año 2024.
“La crisis del sistema de salud es real desde hace varios meses, está afectando diariamente a miles de usuarios y de esta decisión depende esencialmente la posibilidad de corregir el rumbo. El gobierno nacional no ha sido diligente ni acertado en atender esta situación. Es deber de todos los actores, propender por el uso eficiente de los recursos y de la sostenibilidad del sistema”, concluyen.
DIANA K. RODRÍGUEZ T,
Portafolio