Redacción
Luego de la publicación de los acuerdos entre el Gobierno y las farmacéuticas Pfizer y AstraZeneca para la entrega de vacunas contra el coronavirus, el Consejo de Estado admitió que hubo un error en el manejo de la información, que había llegado al alto tribunal en medio del estudio de una tutela.
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Mediante un comunicado, el Consejo de Estado informó que en el marco de una acción de tutela contra una decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca se decretó como prueba el envío de la información «relevante» en el caso, entre esa, unos contratos que habían sido entregados al tribunal.
Cumpliendo esa decisión sobre el envío de pruebas, el tribunal remitió la información pero hizo la salvedad de que algunos de esos documentos tenían carácter reservado.
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Uno de los que tenía esa reserva era, precisamente, el contrato entre Pfizer y Fiduprevisora para la compra de las vacunas.
«Tal documento se incorporó al sistema de gestión judicial sin advertir que, al momento de realizarse dicha actuación, perdió los atributos de seguridad con los que fue enviado», expuso el Consejo de Estado.
De acuerdo con el alto tribunal, se trató de un «error involuntario» y se adelantarán las investigaciones correspondientes.
La tutela en la cual se conocieron estos documentos fue presentada por la farmacéutica que produce la vacuna Janssen ante el Consejo de Estado, y en ella pedía que los contratos no fueran revelados, como lo había ordenado hace meses el Tribunal de Cundinamarca.
Aunque en el Consejo de Estado dicha tutela fue rechazada por improcedente, los documentos enviados por el tribunal debían mantener la reserva con la que fueron enviados.
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Sin embargo, por el llamado «error involuntario», se pudieron conocer los contratos con Pfizer y AstraZeneca. Con la primera se realizó un acuerdo en febrero de este año para adquirir 9’999.990 millones de dosis por valor, cada una, de 12 dólares y con el compromiso de un pago anticipado de casi 20 millones de dólares.
Y en el caso del contrato con AstraZeneca, este fue para 9’984.000 de dosis de la vacuna, cada una por 6 dólares: “AstraZeneca suministrará las dosis totales al comprador a un precio que excluye impuestos indirectos igual a 59 millones de dólares», se lee en los documentos revelados por EL TIEMPO.
Frente al envío de esa información al Consejo de Estado, el Tribunal de Cundinamarca había sido claro: «se solicita a la secretaría general de la Alta Corporación mantener la reserva de la información remitida para las partes y terceros», dijo ese tribunal en el correo mediante el cual informó del traslado del expediente.
En ese mismo correo el Tribunal también indicó: «con antelación la Secretaría de la Corporación puso a disposición del Consejero Ponente el expediente digital del recurso de insistencia con radicado N° 2021-238 respecto del cual se suscita la presente controversia; adicionalmente, se adjunta archivo pdf con la clave de acceso: TACVACUNAS relativo a los acuerdos y contratos remitidos por la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres en el marco del recurso de insistencia referido».
EL PROCESO EN EL TRIBUNAL Y LA TUTELA RECHAZADA
Justamente este martes el Consejo de Estado negó por improcedente la tutela de la sociedad Janssen Cilag S. A., que fue apoyada por las empresas Pfizer y AstraZeneca, que buscaba tumbar un fallo del 11 de mayo de 2021 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Ese fallo ordenó al Gobierno entregarle al Instituto Internacional de Estudios Anticorrupción una copia de los contratos relacionados con la adquisición de vacunas contra el covid-19.
Aunque se rechazó el recurso en el Consejo de Estado, en estos momentos en el mismo Tribunal de Cundinamarca está en trámite un recurso de nulidad que interpuso el Ministerio de Salud en contra de la decisión tomada y que aún no ha sido resuelto.
Es decir, en este tribunal continúa vigente la discusión jurídica sobre la publicación de los contratos.
En ese sentido, frente a la negativa de la tutela en el Consejo de Estado Víctor Muñoz, director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) dijo que “el fallo (del Tribunal) no ha quedado en firme debido a que fue impugnado” e insistió en que todavía “nada nos obliga” a revelar los contratos.
En mayo, cuando el Tribunal de Cundinamarca ordenó la publicidad de los mismos, fundamentó su decisión al considerar que se trataba de derechos humanos relacionados con «el acceso a la información, libertad de pensamiento y opinión, y la participación en el ejercicio y control de poder público en una sociedad democrática», según dijo en un comunicado que publicó el 21 de mayo al respecto.
También sostuvo que las reservas que se habían invocado no aplicaban pues la etapa de negociación ya había terminado y los contratos ya se habían firmado. Así mismo, la entidad judicial manifestó que en estos documentos no había información sensible, ni relacionada con propiedad intelectual o que pusiera en peligro la salud pública.
La decisión se tomó al estudiar un recurso interpuesto por el Instituto Internacional de Estudios Anticorrupción ante la negativa de la Unidad Nacional para la Gestión de Desastres cuando solicitaron, vía derecho de petición, la información de los contratos suscritos con las farmacéuticas.
El tribunal ordenó a la Unidad entregar en tres días una copia de los contratos firmados por esa entidad y por la Fiduprevisora, en calidad de administradora de la subcuenta de covid-19, así como precisar el “modelo de contratación empleado, precio, plazo de cumplimiento de lo acordado en dichos instrumentos y certificado de disponibilidad presupuestal que respalda los recursos con los cuales el Estado colombiano adquirió las vacunas contra el covid-19”.
EL TIEMPO- JUSTICIA
