El jefe de la región del noreste de habla catalana e hispana también anunció que las relaciones con las autoridades centrales en España seguirán tensas hasta que Madrid lleve a cabo una investigación completa y castigue a los responsables de la supuesta vigilancia.
Una portavoz del gobierno español dijo que no había espionaje ilegal en el país.
Citizen Lab, un equipo de expertos en seguridad cibernética afiliado a la Universidad de Toronto, había revelado un día antes lo que se cree que es el grupo más grande hasta la fecha documentado forensemente de intentos de piratería con Pegasus, un programa que se infiltra silenciosamente en los teléfonos para recolectar sus datos y potencialmente espiar a sus dueños.
Al menos 65 figuras de alto perfil del campo independentista catalán, incluidos funcionarios electos, líderes de la sociedad civil, abogados y sus familiares, fueron atacados con Pegasus de NSO Group u otros programas creados por Candiru, otra empresa tecnológica israelí. El software espía de Candiru permite potencialmente a terceros hacerse pasar por el propietario del teléfono para enviar mensajes o correos electrónicos, según Citizen Lab.
Tanto NSO Group, el propietario de Pegasus, como Candiru han sido criticados por grupos de derechos mundiales por violar la privacidad de los usuarios y enfrentan demandas de algunas de las principales empresas de tecnología del mundo.
Las empresas afirman que su software solo se vende a agencias gubernamentales para atacar a delincuentes y terroristas. Sobre el supuesto espionaje a los separatistas catalanes, Citizen Lab dijo que su investigación había encontrado evidencia de “un fuerte nexo con una o más entidades dentro del gobierno español”.
“Aquí no hay espionaje, no hay espionaje si no es al amparo de la ley”, dijo el martes la vocera del gobierno, Isabel Rodríguez, durante una rueda de prensa semanal.
Consultado sobre si los servicios de inteligencia del país, conocidos como CNI, habían contratado el uso de Pegasus, Rodríguez dijo: “Hay temas que, por ser de seguridad nacional, están protegidos por ley y son material clasificado”.
Algunos de los políticos y activistas supuestamente atacados comparecieron al mismo tiempo en una rueda de prensa en el Parlamento Europeo en Bruselas, donde prometieron presentar demandas en busca de transparencia en España, pero también en Francia, Alemania, Suiza, Bélgica y Luxemburgo, donde algunos de la supuesta piratería tuvo lugar. Luxemburgo es también donde tiene su sede la filial europea de NSO Group.
Entre los oradores estaba Carles Puigdemont, un legislador de la Unión Europea y exjefe regional catalán que huyó de España en 2017 para evitar ser procesado después de que se llevara a cabo un referéndum de independencia prohibido bajo su supervisión.
“El Estado español ha organizado un complot criminal para atacar un movimiento político legítimo y democrático”, dijo Puigdemont, quien también instó a los líderes del poder ejecutivo de la UE a investigar el uso del controvertido software espía y, en sus palabras, “hacer que España rinda cuentas”. .”
La ministra de Defensa de España, Margarita Robles, que supervisa el aparato de inteligencia del país, comparecerá ante los legisladores nacionales para responder preguntas sobre el tema, dijo el gobierno.
Pere Aragonès, el actual jefe de la administración regional de Cataluña, dijo que las relaciones políticas con las autoridades centrales no podrían continuar con normalidad hasta que la coalición de izquierda a centro encabezada por Pedro Sánchez investigue a fondo el hackeo con supervisión externa. El propio teléfono de Aragonès estaba entre los que presuntamente fueron atacados por Pegasus durante su cargo anterior como vicepresidente de la región.
Casi todos los incidentes de espionaje identificados por Citizen Lab ocurrieron entre 2017 y 2020, cuando los esfuerzos por forjar un estado independiente en el noreste de España llevaron a la crisis política más profunda del país en décadas.
