Este es solo uno de los 15 proyectos de ley que debatirá el Congreso durante el segundo semestre.
En 10 días, y luego del periodo de vacaciones, el Congreso retomará funciones y en su agenda hay por lo menos 15 proyectos económicos que podrían impactar al sector empresarial en Colombia.
La prima legal para la canasta familiar que proponen el expresidente Álvaro Uribe y la bancada del Centro Democrático es quizá la iniciativa que más alertas tiene rendidas, pues su aplicación afectaría directamente la economía de las compañías y del Estado.
De hecho, según cálculos hechos por el Ministerio de Hacienda y los empresarios, esto le generaría un gasto adicional a la Nación de $205.000 millones cada año, en tanto que los empresarios tendrían que pagar cerca de $1,8 billones anuales.
Este proyecto fue aprobado antes del cierre de la anterior legislatura y, si bien recibió un rechazo tajante de diferentes gremios como la Andi, Fenalco y Acopi, sigue vivo y continuará su debate a partir del 20 de julio.
Efectos económicos
Su objetivo es crear un beneficio adicional para los empleados públicos y privados que devenguen hasta 3,5 salarios mínimos ($2,8 millones).
De aprobarse, en el primer año de vigencia, este se pagaría en marzo, mientras que en el segundo, se haría lo propio en septiembre. Pasados ese tiempo, el pago de la prima tendría que hacerse de manera completa en dos cuotas, cada una en los meses previamente mencionados.
Sin embargo, no es el único proyecto de ley que tiene a los empresarios pendientes del Capitolio. Otro es la prohibición a la fabricación, importación, comercialización y distribución de los plásticos de un solo uso, como pitillos o bolsas, por mencionar algunos.
En fila también está el proyecto creado por el representante Mauricio Toro, que pretende fijar un plazo para los pagos entre empresas, de tal modo que las pequeñas y medianas reciban el pago de sus facturas máximo 60 días después de ser entregadas.
En este caso, se fijarían algunas excepciones, pero también se crearían sanciones monetarias, en caso de que no se paguen a tiempo las facturas, e incluso se le darían facultades extras a la Superintendencia de Industria y Comercio para sancionar las faltas constantes.
Adicionalmente, hay una idea para obligar a las empresas que vendan comidas, bebidas y medicamentos a que incluyan el sistema braille en sus etiquetas, lo cual, según la industria, podría tener incidencia en la inflación porque encarecería el precio de los alimentos por sus empaque, según un reporte de la Andi.
En la agenda legislativa se discutirá nuevamente la disminución de aportes a salud de los pensionados, que si bien ya fue aprobada una vez, fue objetada el expresidente Juan Manuel Santos y las altas cortes la hundieron, al haber sido rechazada por el Ministerio de Hacienda debido a su elevado costo fiscal.
De otro lado, a través de otra ley, se pretenden crear planes estratégicos de seguridad vial, de tal modo que se reduzcan los accidentes en las vías del país. Esto incluiría a entidades estatales, pero también a las empresas que operen en territorio colombiano.
Licencias laborales
Las licencias laborales también están en este listado de proyectos por debatir. De hecho, según el informe de la Andi, con uno de los proyectos se crearía un ‘permiso’ laboral remunerado de cinco días, para todos los empleados que contraigan nupcias.
No obstante, no es el único de su tipo. En otro articulado se propone ampliar la licencia de paternidad remunerada al cónyuge o compañero permanente, cuando haya parto prematuro o múltiple a 15 días hábiles y establecer mecanismos de protección para que no pueda ser despedido.
En tanto, las mujeres también se verían beneficiadas con una iniciativa más, que, por su parte, pretende ampliar la licencia de maternidad hasta 24 semanas, en caso de enfermedad del recién nacido, e incluso se aumentaría el fuero que tienen las madres, es decir, el tiempo en el cual no pueden ser despedidas, después de dar a luz.
Las otras leyes que se debatirán
De acuerdo con un documento de la Andi, hay otros cinco proyectos que se debatirán desde el 20 de julio, que pueden tener un impacto, positivo o negativo, en las empresas que operan en el país.
Uno de ellos, que va para plenaria del Senado, “busca prohibir el uso, fabricación, importación o comercialización de los artículos que contengan plomo elemental en cualquiera de sus compuestos”.
Además, está la reforma constitucional que presentó el Gobierno para cambiar la distribución de las regalías, que fue aprobada en primera vuelta, y le falta la segunda, por ser un acto legislativo.
Adicionalmente, hay otro proyecto de ley que tiene como objetivo combatir las prácticas de acuerdos anticompetitivos en cualquier forma que se presente. Esto quiere decir que las personas naturales o jurídicas que hayan sido declaradas responsables por competencia desleal no podrían volver a participar en contratos con el Estado.
En cuarto lugar está una iniciativa, que va para plenaria de la Cámara de Representantes, y que pretende establecer un mecanismo para la gestión de pasivos ambientales en Colombia, de tal modo que sean protegidos.
Y en último lugar se encuentra un convenio con el gobierno italiano, para evitar la doble tributación y prevenir la evasión y la elusión fiscal con respecto a los impuestos sobre la renta de personas naturales y empresas.
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