Redacción
Asegura que hay personas enterradas en esteros y zonas de baja mar. Además, denuncia complicidad de policías que “reciben dinero de las ollas de vicio”.
El obispo de Buenaventura, monseñor Rubén Daría Jaramillo, afirmó que el fenómeno de las casas de pique que se presentó hace años sigue vigente en las zonas vulnerables del puerto, donde se genera justamente la disputa de bandas por el control del tráfico de armas y drogas.
“Mucha gente manifiesta que en esos sitios están picando la gente, continúa este fenómeno terrible, y esto realmente crea miedo y zozobra, y es un mensaje que ellos quieren enviar para que no los molesten, no ingresan allí personas distintas a sus aliados y a quienes viven en esos lugares”, dijo.
Anotó que hay personas enterradas en manglares, zonas de baja mar y al lado de los esteros. “Mucha gente desaparece cuando va a estos lugares, que no son del sector”.
De acuerdo con el obispo, además de la violencia, la corrupción es otro gran problema que enfrenta Buenaventura , donde los últimos alcaldes han estado en la cárcel. Aseguró que en el fondo no se trata de falta de recursos, sino de la desviación de los mismos.
“Si lo invertimos bien, el dinero alcanza”, señaló.
Asimismo, indicó que también se presentan casos de complicidad de miembros de la fuerza pública con las bandas delincuenciales.
“En los sectores más pobres hay CAI, hay dos, tres o cinco policías, pero alrededor hay 100 o 200 bandidos, que hacen parte de estas bandas, con armas. La Policía o se vende con ellos, pero no los puede enfrentar y terminan en la complicidad y esto afecta mucho a la comunidad”, afirmó.
Puntualizó que algunos miembros de la población le han solicitado que le pida a los altos niveles de la Policía para que cambien a los uniformados.
“Sé que la gran mayoría de los policías son muy buenos, pero muchos reciben dinero de las ollas de vicio de estos delincuentes”, sostuvo.
Finalmente, dijo que Buenaventura requiere de un plan integral, que incluya inversión social, en educación, infraestructura y oportunidades de empleo, para que “cuidar la vida y dignidad de un pueblo que no merece lo situación por la que está pasando”. Para ello, es clave el diálogo entre el Gobierno nacional y distrital.
Por lo pronto, el puerto del Valle del Cauca contará con más de 1.200 miembros de la fuerza pública para combatir la violencia que mantiene en zozobra a miles de habitantes. De hecho, este miércoles habrá una gran movilización para visibilizar la crisis de la ciudad y pedir que vuelva a vivir en paz.
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