Al Congreso de la República le quedan oficialmente siete semanas para acabar la primera parte del período legislativo 2024-2025, y nuevamente se vuelven a acumular los trámites de las reformas sociales e iniciativas del Gobierno Nacional, generando con esto que la expectativa se centre en si se cumplirán los tiempos para cada uno de estos proyectos, o alguno correrá el riesgo de hundirse por falta de trámite.
Contando la ley de financiamiento, son al menos seis las apuestas de la Casa de Nariño que cursan en este momento en las comisiones y plenaria de la Cámara de Representantes y el Senado, donde la pregunta es si el capital político del presidente Petro y sus ministros es suficiente para sacarlas adelante, sobre todo teniendo en cuenta tras los roces y disgustos que surgieron con la ‘jugadita’ que se hizo durante la reforma pensional.
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Una ley para el Presupuesto
Sin lugar a dudas la más importante en el ramillete de iniciativas oficiales es la ley de financiamiento, proyecto con el que el Ministerio de Hacienda busca los $12 billones que le hacen falta en el Presupuesto General de la Nación del 2025, mediante cambios en las normas tributarias y estrategias, como adelantar el cumplimiento de la regla fiscal y la misma regla fiscal verde para impulsar proyectos sostenibles.
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Juan Pablo Gallo, presidente de la Comisión Tercera del Senado, contó que en este momento se encuentran a la espera de la designación de ponentes, tarea que esperan tener cumplida en los próximos días, al tiempo que dejó claro que es un proyecto que no le gusta mucho por los impactos que puede tener sobre la economía.
“Realmente nos preocupa muchísimo este proyecto de ley. En los últimos años, desde 1990, se han aprobado 22 reformas tributarias. Los agobiados bolsillos de los colombianos no aguantan una reforma tributaria más. Pero agregándole a esto que Colombia es uno de los países con la tasa efectiva de tributación más alta del planeta, solamente superado por algunas economías africanas y Venezuela, entre otros”, dijo Gallo.
Entre tanto, Wadith Manzur, integrante de la Comisión Tercera de la Cámara, contó que no le preocupan los tiempos, pero destacó que es necesario que antes de que arranque el debate se dé a conocer el decreto que reglamentará el Presupuesto General de la Nación del 2025, para no firmar un cheque en blanco.
“El tiempo alcanza perfectamente para la discusión de la ley de financiamiento. Es una ley que se tramita como si tuviera mensaje de urgencia, es decir, se discute en comisiones conjuntas, terceras y cuartas del Senado y la Cámara, y se tramita de manera paralela en las plenarias de Senado y de Cámara. No necesita más de cuatro semanas para poder ser aprobada y discutida en el Congreso”, acotó.
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La laboral, con mayor resistencia en Senado
Por otra parte, luego de una extensa batalla en la Cámara de Representantes, la reforma laboral se alista para su presentación en el Senado de la República, donde enfrentará una mayor resistencia, ya que los sectores afines al Gobierno son menos en esta parte del Congreso y desde la oposición se dejó claro que no permitirán un trámite exprés, como ha sucedido en otros escenarios.
De acuerdo con fuentes del Legislativo, se espera que este proyecto se presente a finales de octubre en el Senado, porque en este momento se trabaja en la estructuración del articulado y en la inclusión de las propuestas avaladas, al tiempo que se dialoga entre las partes interesadas para la escogencia de los ponentes.
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En salud, a la espera de ponencia
En el caso de la reforma de la salud, el representante a la Cámara por el Centro Democrático, Andrés Forero, destacó que en este momento el articulado está en proceso de elaboración de ponencias, en donde algunos de los congresistas están tratando de cambiar algunos puntos del texto.
“Ellos han tratado de hacer un trabajo juicioso recogiendo lo que se habló en las mesas técnicas, pero nosotros sentimos que sigue habiendo resistencias de parte del Gobierno. Vamos a ver finalmente qué terminan presentando ellos como ponencia”, apuntó.
De igual manera, explicó que se va a presentar una ponencia negativa, porque el actual texto no resuelve los problemas del sistema de salud de Colombia, “incluso si se llega a aprobar va a entrar en vigencia en dos años, es decir que los problemas que se están viviendo en este momento y van a seguir en lo que queda del gobierno de Gustavo Petro”.
Probablemente las próximas semanas se radicarán las ponencias, por lo que es posible que las discusiones sobre la transformación del sistema de salud se inicien en las primeras semanas de noviembre en la Comisión Séptima de la Cámara.
“Hay rumores de que el Gobierno pretende dar un mensaje de urgencia, pero parece que se dieron cuenta de que con eso iban a frenar la discusión de la reforma laboral en el Senado. Parece que van a desistir de esa mala idea, porque eso iba en contravía de lo que había dicho el propio ministro Cristo”, destacó.
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Agricultura y educación
Por otra parte, en materia de agricultura, respecto a la parte de la jurisdicción agraria, Jorge Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), señaló que la seguridad jurídica es uno de los pilares de la seguridad alimentaria. En ese sentido han enviado al Congreso comunicación con proposiciones a 20 artículos de esta iniciativa.
“Es una contradicción política que un gobierno, que dice apoyar y querer implementar el proceso de paz, lo socava mediante este proyecto de ley al quitarle las garantías judiciales a varios procesos agrarios e ir en contra el decreto ley 902 de 2017, que es el corazón de la reforma agraria”, dice Bedoya.
Agrega que es una “lastima” que al igual que la reforma laboral, no exista concertación con este proyecto por parte del Gobierno. “¿Dónde queda el Acuerdo Nacional y la búsqueda de consensos? Del afán no queda sino el cansancio, más frente a un tema que definirá la seguridad jurídica para la seguridad alimentaria”, explicó.
Ahora bien, en cuanto la reforma de la educación, donde se consagraba ésta como como un derecho fundamental, la iniciativa se hundió por falta de reconocimiento por parte del Gobierno de aceptar el consenso que se había construido entre distintos actores del país.
Así lo detalló José Manuel Restrepo, rector de la Universidad EIA, quien además afirmó que ahora lo que se está discutiendo en este momento es casi que circunscribir la reforma a unos cuantos artículos para fortalecer la financiación de las universidades públicas.
Tierras.
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“Dicho de otra manera, se trata de modificar los artículos 86 y 87 de la Ley 30 del 92, para que exista la posibilidad de disponer de más recursos que garanticen un sistema más sostenible y adecuado a las necesidades de la educación superior de hoy, cosa que entre otras es urgente”, opinó.
Así mismo, explicó que la situación actual de las instituciones públicas está afectando al sistema. “Se necesita avanzar en esta dirección, que implica un costo fiscal para el país. Habría que ver si Hacienda está lista, dispuesta y tiene la capacidad o no para enfrentar esa realidad. Tristemente, como país, no fuimos capaces de dar el salto en la reforma a la educación que sí necesita Colombia”, recalcó.
Ley de Servicios Públicos, en la cancha de Presidencia
Entre tanto, desde que comenzó el Gobierno de Gustavo Petro se ha anunciado la radicación de una reforma a los servicios públicos, sobre la que Portafolio conoció en primicia que se buscaría fortalecer la Superintendencia de Servicios Públicos en cuanto a las sanciones y acciones que podría tomar la entidad.
También se crearían comunidades energéticas, un régimen tarifario y un mínimo vital de acueducto, gas y energía, entre otros puntos. Se esperaba que fuera radicada este año a principios de esta legislatura, pero hasta el momento no ha llegado el documento al Congreso de la República.
Según conoció Portafolio, el borrador inicial fue presentado por el Ministerio de Minas y Energía, para luego pasar a manos del Departamento Nacional de Planeación (DNP), con el fin de ajustar artículos.
Y a la fecha, según fuentes consultadas, ya lo tiene el presidente de la República, Gustavo Petro, en su escritorio, quien será el que apruebe el texto que sería presentado ante el Congreso de la República. Aunque aún se desconoce la fecha de la radicación, se espera que esto ocurra antes de que se finalice el Gobierno.
