El primer presupuesto con el que tendría que trabajar Claudia López, en el arranque de su alcaldía sería de $ 21 billones. Así lo señala el proyecto de presupuesto que será radicado en las próximas horas para estudio del Concejo de Bogotá.
De acuerdo con el informe entregado por la secretaria de Hacienda, Beatriz Arbeláez, el 30 por ciento está destinado a movilidad, pues incluye la financiación de 2.500 obras contratadas en el gobierno actual y que se ejecutarán en el 2020.
(Este es el plan económico de Claudia López para Bogotá).
Entre las cifras asignadas se destacan 3,9 billones de pesos para educación y 2,7 billones de pesos para salud, que incluyen 40.000 millones de pesos en vigencias futuras para el hospital de Usme y 25.000 millones para el hospital de Bosa.
Al sector de integración social y hábitat le asignaron 1,3 billones de pesos en cada caso; a cultura, recreación y deporte, 600.000 millones, y a seguridad, 400.000 millones de pesos.
Arbeláez explicó que de los 21 billones de pesos de presupuesto del 2020, 3,8 billones corresponden a funcionamiento, incluido el servicio de la deuda, y 17,2 billones, a proyectos de inversión.
La cifra de ingresos tributarios esperados para 2020 es de 9,85 billones de pesos, que representan un crecimiento del 8,5 por ciento frente a lo esperado al cierre de 2019 (9,08 billones).
Junto con las cifras, el proyecto de presupuesto contempla algunas medidas relacionadas con el ajuste anual de los impuestos para los contribuyentes.
Una de ellas es que para calcular el aumento del impuesto, el periodo que se tenga en cuenta sea la variación del índice de precios al consumidor (IPX) de noviembre a noviembre del año anterior, con lo cual se busca “garantizar certeza jurídica y mejores beneficios para los contribuyentes”.
(Según Peñalosa, TransMilenio por la Av. 68 y el POT siguen).
El proyecto también propone estabilizar en el tiempo los topes mínimos para el impuesto predial, pues hoy solo son por cinco años, y reducir las sanciones tributarias para los estratos 1 y 2.
Se propone incluir en el presupuesto una norma que prorrogue por diez años la exención en el impuesto de delineación urbana para la vivienda de interés social de estratos 1, 2 y 3.
Para reducir el impacto en el impuesto predial a quienes hagan mutaciones físicas (construcciones) en sus predios, también se sugiere una norma que limite el crecimiento del impuesto en esos casos a máximo el 25 por ciento del año anterior en los estratos 1, 2 y 3, y de máximo el 50 por ciento en los estratos 4, 5 y 6.