“Aquí tenemos que mostrar transparencia, honestidad con los recursos del Estado”. El alcalde de Buenaventura, Eliécer Arboleda Torres, anunció así el pasado viernes que el Banco AvVillas devolvería los más de $4000 millones que habían desaparecido de las cuentas que la Administración tenía en la entidad.
Pero este lunes no hubo júbilo sino desconcierto en la sede del gobierno municipal, cuando el Mandatario y nueve personas más fueron capturadas por presuntas irregularidades con los recursos que se invirtieron en el Hospital Luis Ablanque de la Plata de ese municipio.
La reapertura de este, el centro asistencial público de Buenaventura, aparecía en letra grande en el programa de Gobierno de Eliécer Arboleda.
Sin embargo, la que se había convertido en su meta principal, lo ubicó en el lugar número cuatro del listado de alcaldes envueltos en líos de corrupción en el principal puerto sobre el Pacífico.
La Fiscalía General de la Nación, luego de una investigación que habría iniciado hace más de un año, consideró que el Mandatario, tres de sus secretarios de gabinete, dos exfuncionarios y cuatro contratistas realizaron dudosas gestiones para la presunta apropiación ilícita de recursos de las obras del centro asistencial.
La inversión
El Hospital Departamental de Buenaventura, denominado así antes de la Ley de Distrito, fue cerrado y liquidado en octubre de 2013, por una grave crisis económica, a pesar de los llamados de líderes sociales y de los trabajadores de la entidad, por lo que hasta un dolor de cabeza pasó a ser atendido en la Clínica Santa Sofía, de carácter privado.
A pesar de que durante la A dministración anterior se aprobaron recursos por $5300 millones para la reapertura del hospital, solo en agosto del 2016, el primer año del actual mandato, se iniciaron las obras en concreto e incluso se habló de aumentar los recursos.
Entonces comenzaron los trabajos de remodelación de la infraestructura y se habló también de la adquisición de equipos médicos, con el fin de que la casa de salud volviera a funcionar, por lo menos con servicios del nivel dos de atención.
El contrato se suscribió con la firma Unión Temporal MC Asociados, cuya representante legal es Carolina Moreno Caicedo, quien hace parte de los nueve capturados por el ente investigador.
Según la Fiscalía, “hubo un contrato inicial por 6730 millones de pesos y dos otrosí por valor de 1444 millones de pesos y 1850 millones”, es decir que se aprobaron más de $10000 millones para que la misma firma realizara los trabajos.
Mientras se adelantaban las obras de remodelación de la casa de salud, el 21 de octubre de 2016 un aguacero inundó la sala de urgencias, cuando aún no se había intervenido la cubierta de este.
En el proceso indagatorio, los investigadores tomaron el registro de otra inundación que habría ocurrido en la noche del 2 de octubre de 2017, tan solo unas horas después de haberse reinaugurado el hospital.
El pasado 21 de marzo otro aguacero hizo colapsar nuevamente la cubierta, pero el secretario de Infraestructura Vial, Juan Carlos González, otro de los detenidos, sostuvo que el incidente no estaba relacionado con fallas en las obras.
“Se logró identificar que es una situación ajena a las labores que estamos llevando a cabo de reemplazo de la cubierta del hospital, se hizo un recorrido y se evidenció que ya es necesario que la Gerencia haga una limpieza de cubierta para que elementos como hojarascas y demás no afecten los bajantes, porque se taponó un bajante”, explicó entonces el funcionario.
González agregó que el Alcalde entregaría un centro asistencial apto para suplir las necesidades en salud de la comunidad y que la obra y el suministro de equipos estaban casi listos para ponerse a disposición de la comunidad.
A medias
El día de la inauguración del nivel dos de atención del Luis Ablanque de la Plata se realizó un evento en el que estuvo presente la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, pero desde antes los habitantes del puerto se habían quejado por los pocos servicios que habían sido dados al servicio.
“No se inauguró nada, lo único que hicieron fue ampliar consulta externa y traer una que otra especialidad”, denunció Narcilo Rosero, líder del paro cívico.
La reapertura inició en agosto de 2017 con cuatro servicios: pediatría, cirugía general, medicina interna y ginecobstetricia y dos meses después se incluyó hospitalización, con 52 camas.
Sin embargo, el servicio de cirugía general no está en funcionamiento, por lo que la congestión en la Clínica Santa Sofía continúa.
El gerente del centro asistencial público, Silvio Jair Alegría, cree que la respuesta de atención sí está mejorando. “En Semana Santa hubo atención a 234 pacientes, que dejaron de asistir a la clínica, el 8 % estuvo en observación y el 5 % en hospitalización. Hemos ido avanzando en la prestación de servicio”.
En ese informe, entregado a principios de abril, el funcionario resaltó que los equipos especializados estaban en proceso de nacionalización en Barranquilla y que se esperaba que estuvieran en funcionamiento para después de la segunda quincena del mes.
A pesar de la millonaria inversión, que en total habría superado los $20.000 millones con los equipos especializados que todavía no están al servicio de la ciudadanía, el hospital comenzó a funcionar sin estudio de sismorresistencia.
Meses antes de que iniciara el paro cívico, el Ministerio de Salud se habría comprometido con recursos que superaban los $9000 millones para el estudio, pero no se ha realizado.
“Hace un año se acordó con el Ministro y dijeron que en un mes lo hacían y como a los dos meses giraron la plata a la Administración”, aseguró una fuente a El País.
Alcalde del Puerto no aceptó los cargos
Tras más de 10 horas de deliberación culminó ayer la audiencia de imputación de cargos al alcalde de Buenaventura, Eliécer Arboleda Torres, y los otros nueve capturados el pasado lunes por la Fiscalía General de la Nación.
Hoy, a primera hora, continuará la audiencia de medida de aseguramiento que definirá la situación legal de los detenidos.
Los delitos imputados son peculado por apropiación agravado, contrato sin el cumplimento de los requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos, y para los del sector privado uno también de falsedad en documento privado.
Cientos de personas, entre simpatizantes del Mandatario local, familiares y curiosos, estuvieron pendientes en las afueras del Consejo de la Judicatura en Buenaventura del momento en que los capturados eran retirados del lugar parte de los miembros de la Fuerza Pública encargados de su custodia.
Según se pudo establecer, ni el Alcalde del Puerto ni ninguno de los otros detenidos aceptó los cargos de los que son acusados por parte de la Fiscalía General de la Nación.
Fuente El País