Esta semana, como consecuencia del debate y las alertas que han surgido por la reforma al Sistema General de Participaciones que impulsa el Gobierno Nacional; el Congreso y los delegados del presidente Petro se sentaron a conversar, llegaron a acuerdos e introdujeron cambios en la propuesta, que fueron celebrados por el mercado, aunque se dejó claro que no son suficientes para poner en riesgo la estabilidad fiscal.
Según lo explicado por el Ministerio del Interior y los ponentes, básicamente se redujo del 46% al 39,5% el aumento en las transferencias y se amplió el plazo de transición de 10 a 12 años. Así mismo se fortaleció el candado para que dicho cambio no se pueda poner en marcha hasta que no se apruebe una ley de competencias, que deberá ser presentada al Legislativo en un plazo no mayor a seis meses.
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Con esto sobre la mesa, los debates en la plenaria del Senado han sido fuertes y allí siguen surgiendo advertencias por los efectos de la reforma, que para los analistas no debería generar un aumento mayor al 35% en la plata que gira el gobierno central a las regiones. Una de las más recientes llegó por parte del Comité Autónomo de Regla Fiscal (Carf), al que parece que todavía no le convence el tema.
En un reciente pronunciamiento, la autoridad fiscal destacó que se haya bajado el rango de incremento y que se estableciera que la senda de crecimiento de los recursos del SGP debe ser compatible con el Marco Fiscal de Mediano Plazo; para garantizar que la economía no se ponga en riesgo, principalmente en estos tiempos donde se debe gastar menos.
Trámite reforma al SGP en el Senado.
No obstante, manifestaron que si bien estas modificaciones son, en el margen, positivas, considera inconveniente la iniciativa por “que las transferencias para financiar sectores no puedan reducirse en términos nominales de un año a otro”, además de que insistieron en que “existe un mecanismo de estabilización de las transferencias del SGP a las regiones”.
“En síntesis, el Carf manifiesta que cualquier modificación de SGP que incremente la rigidez de las transferencias e imponga nuevas obligaciones de gasto al Gobierno Nacional pone en peligro el cumplimiento de la regla fiscal”, explicaron.
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Evitar las presiones
En su pronunciamiento, el Comité también tomó varias alertas que ya había mencionado en el informe presentado al Congreso para recordar que en ausencia de medidas adicionales, el Acto Legislativo que busca reformar el SGP implica un aumento de la deuda pública a niveles de no retorno (por encima del límite de 71% del PIB) y un incumplimiento de la Regla Fiscal.
“Esto comprometería la capacidad que tiene el Gobierno para honrar sus obligaciones, incluso las intransferibles. La situación fiscal actual, sin reforma al SGP, es ya retadora. Cumplir con la Regla Fiscal en 2024 y 2025 requiere lograr las metas de recaudo tributario y, en caso de que no se cumplan, medidas para recortar el gasto público. Además, el 83% del gasto es inflexible”, sentenciaron.
Debido a esto, explican que sin la reforma, estas transferencias se incrementarán desde 4,2% del PIB en 2024 hasta 5,7% del PIB en 2035, el máximo nivel histórico. Esto representa un esfuerzo fiscal superior a una reforma tributaria promedio; mientras que si se aprueba el proyecto, aumentarían hasta 8,2% del PIB, generando lo que para ellos es un incremento insostenible.
1) En ausencia de medidas adicionales, el PAL que busca reformar las transferencias del SGP implica un aumento de la deuda pública a niveles de no retorno (por encima del límite de 71% del PIB) y un incumplimiento de la Regla Fiscal. pic.twitter.com/R81UfEPSHF
— Comité Autónomo de la Regla Fiscal (@CARFColombia) October 30, 2024
“Compensar ese aumento implicaría ingresos adicionales equivalentes a tres reformas tributarias. Como porcentaje de los Ingresos Corrientes de la Nación, ya se prevé que el SGP represente 30,8% en 2027, es decir, 10,8pp más que lo observado en 2023. Con este proyecto, el gasto de intereses se incrementaría en lo equivalente a una reforma tributaria promedio entre 2027 y 2035, restando espacio para la inversión pública y el gasto social, advirtieron.
El Comité de Regla Fiscal reconoció que reducir la transferencia como porcentaje de los Ingresos Corrientes de la Nación en 10 puntos porcentuales y ampliar el horizonte de la transición de 10 a 20 años o trasladar competencias por 1% del PIB, disminuye las presiones fiscales; pero recuerda que el déficit y la deuda seguirían siendo superiores al escenario base que es el consistente con el cumplimiento de la regla.
Pesos colombianos
Estos expertos criticaron que la discusión de esta reforma iniciara por el final, ya que lo primero que se debió revisar, en su concepto, es cuáles son las competencias que el Gobierno Nacional puede transferir a las entidades territoriales, cuál es su capacidad de ejecución y cuáles son las necesidades de gasto sectorial.
“Postergar esa discusión impide una evaluación holística de los riesgos fiscales y de la propuesta de reorganización del Estado y mantiene una incertidumbre que preocupa de cara a las evaluaciones del riesgo país por parte de acreedores y agencias calificadoras”, concluyeron.
Mientras tanto, el Senado seguirá debatiendo si da luz verde o no al proyecto, aunque todo parece apuntar a que tras el acuerdo alcanzado, no habrá mayores contratiempos en el desarrollo de los debates que hacen falta y todo quedará listo pronto para que sea debatido en la Cámara de Representantes.
