Velar por el cumplimiento del contrato, por el buen uso y estado del inmueble, además de brindar asesoría y orientación al usuario son algunas responsabilidades de quienes prestan este servicio.
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Cuando de vender, comprar o arrendar un inmueble se trata, las personas tienen la opción de realizar todas las gestiones, trámites y búsquedas directamente o encargarle dichas tareas a compañías especializadas como lo son las inmobiliarias.
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Algunos optan por esta última opción, aun sabiendo que deben pagar un porcentaje, que según Manuel Alfonso Carrillo, gerente de la inmobiliaria Avacol, es, en el caso de venta del inmueble, de 3 por ciento sobre el valor de la transacción y oscila entre 6 y 8 por ciento para arrendamiento más seguro.
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“No existe una legislación que determine el monto de las comisiones que se pueden cobrar, pero para peleas legales lo más posible es que estos porcentajes sean los comunes, igualmente todo debe quedar por escrito en el contrato de corretaje y así evitar problemas” asegura Carrillo.
Escoger a una inmobiliaria puede significar una reducción en el tiempo de vender o arrendar el bien, y, de paso, se tiene mayor seguridad, ya que es su responsabilidad mostrar el inmueble, y una vez cerrado el negocio, se encarga de garantizar a los dueños el pago respectivo.
Sin embargo, su labor va mucho más allá de presentar a dos clientes y cerrar una venta bien sea de vivienda, oficinas, locales, o cualquier otra propiedad, pues las inmobiliarias tienen unas responsabilidades de ley que protegen los intereses de las dos partes.
Responsabilidades
Sus obligaciones van en dos vías, con el Estado y frente a sus clientes. En el caso del Estado, su primera tarea es solicitar la matricula inmobiliaria, lo que da la figura de legalidad y, a su vez significa tranquilidad para los arrendadores. Claramente debe estar constituida legalmente, y contribuir con el pago de los impuestos.
En cuanto a los clientes, María Clara Luque, presidenta de la Federación Colombiana de Lonjas de Propiedad Raíz (Fedelonjas) cuenta que “se debe cumplir lo pactado en el contrato de mandato con el propietario del inmueble; y lo acordado en el contrato de arrendamiento, con el arrendatario. También debe atender y asesorar a las dos partes, pues debe cumplir con el Código de Ética”.
Los contratos tienen unos parámetros de ley que se deben asegurar, y es fundamental que la inmobiliaria resuelva cualquier duda y deje claro para todas las partes, por ejemplo, temas como la comisión, los gastos que cada uno debe cubrir, a qué se comprometen antes de la entrega del bien y luego de esta, entre otros aspectos.
En el caso de los inmuebles en arriendo, es responsabilidad de las inmobiliarias velar por el cumplimiento del pago del canon al propietario, la cuota de administración al edificio, el pago de los impuestos, la valorización y los prediales.
Así como garantizar que el inmueble esté en buenas condiciones. Es decir, tiene que hacerle saber al propietario de cualquier arreglo o mejora que necesite el lugar. Si es el caso, incluso, recomendarle una remodelación para actualizarlo y así poder recibir un mejor canon de arrendamiento e incrementar la valorización de su patrimonio.
“Los inmobiliarios también tienen la obligación moral de asesorar de la mejor forma los casos específicos como los de la separación de una pareja, los temas tributarios en transacciones en venta y arriendos e incluso la asesoría financiera para elegir la mejor forma de pago y las condiciones de los créditos hipotecarios” agrega Luque.
Soluciones
En el desarrollo y cumplimiento de sus obligaciones, eventualmente, las partes pueden tener dificultades con las inmobiliarias y en vez de ser una solución en temas de tiempo y seguridad, pueden terminan siendo un problema.
Por tal motivo, las alcaldías son las encargadas de atender cualquier queja o inconformidad que las personas perjudicadas tengan con la prestación de este servicio.
Para el caso de Bogotá, la oficina de Subdirección de Investigaciones y Control de Vivienda adscrita a la Secretaría Distrital del Hábitat, es la encargada del control de vivienda. Esta entidad vigila y puede sancionar, abstener, o cerrar a las firmas o personas naturales que gestionen más de cinco inmuebles.
Leslie Martínez, subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda señala que “la queja más frecuente es el incumplimiento de los contratos, por parte de las inmobiliarias. Es más común en el mercado informal, de ahí la importancia de acercarse a empresas constituidas legalmente”.
En el 2018 esta entidad recibió 173 quejas y en los primeros tres meses del 2019 fueron sancionadas 53 inmobiliarias y 13 personas naturales.
Las personas afectadas deben enviar un correo, en el caso de los habitantes de Bogotá, al Sistema Distrital de Quejas y Soluciones, contando la situación, de tal forma que se empiece el proceso y se abra la investigación correspondiente.
JULIO CÉSAR GALEANO
