El proyecto de ley estatutaria de educación en Colombia busca declarar el acceso a la educación como un derecho fundamental. Esta iniciativa, que ya superó tres de los cuatro debates que se requieren para su aprobación, hace correcto hincapié en los conceptos de inclusión y equidad, buscando beneficiar a poblaciones vulnerables como personas con discapacidad y comunidades rurales.
Para cerrar las brechas de acceso que hoy existen, la implementación de esta Ley requerirá de ajustes al Sistema General de Participaciones para que los fondos necesarios (por ejemplo para el mejoramiento de la infraestructura educativa) lleguen a las áreas más necesitadas. Esto significa que el financiamiento de la educación no solo debe ser suficiente, sino también equitativamente distribuido entre los niveles del sistema y las diferentes regiones del país.
Adicionalmente, esta nueva ley se concibe alrededor de cuatro ejes de trabajo: disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad.
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Profesores
Esto significa que la educación debe ser accesible para todos, debe cumplir con estándares de calidad y debe adaptarse a las necesidades de los estudiantes.
En el conjunto de los elementos hasta ahora mencionados se vislumbran algunos de los desafíos de este proyecto legislativo, para el que muchos estarán de acuerdo con su propósito general pero con grandes dudas acerca de cómo hacerlo realidad. Para empezar, como se ha observado en otros proyectos legislativos en trámite, la ley estatutaria de educación no tiene análisis de impacto fiscal. Esto es, no sabemos cuánto vale su implementación, ni de donde saldrán los recursos para financiarla.
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Más aún, durante el último debate en la comisión primera del Senado y ante la insuficiencia de los votos para lograr la aprobación de su ponencia, los congresistas aliados del Gobierno Nacional se vieron obligados a buscar consensos con representantes de la oposición. En este proceso se lograron cambios fundamentales que representan un desarrollo positivo y en la dirección correcta pero que también pueden ser causales del hundimiento del proyecto.
El primero de estos cambios tiene que ver con la evaluación docente, un tema que ha sido altamente polémico en el país.
Por un lado, el sindicato de maestros oficiales (FECODE) considera como uno de sus grandes logros históricos haberse logrado oponer de manera sistemática a mecanismos de evaluación de desempeño que puedan convertirse en barrera de acceso o promoción para la carrera docente de sus afiliados.
Fecode.
Por el otro, no son pocos los expertos sectoriales que citan estudios y evidencias técnicas internacionales que muestran que la calidad del sistema y sus profesores están íntimamente ligadas con procesos de evaluación que sean objetivos y estandarizados, y cuyo objeto sea la corrección y selección de docentes.
Esta discusión, dado su profundo arraigo en cada una de las partes, resulta muy difícil de conciliar y fue causante de las presiones y manifestaciones por parte de Fecode en días recientes.
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Otro de los cambios profundos que se logró por consenso durante el tercer debate en la comisión del Senado, tiene que ver con la naturaleza de la oferta en el sistema de educación nacional, en particular en lo referente a la educación superior.
En este punto es ampliamente conocida la orientación del Gobierno Nacional y su poca afinidad con la iniciativa de carácter privado. Infortunadamente, esta es una condición que se extiende al sector educativo.
Las dificultades en el sector de la salud docente se han aumentado.
En dicho contexto, el lenguaje del proyecto original de autoría del Gobierno sentaría las bases para limitar, e incluso eliminar, la oferta educativa proveniente de instituciones privadas, así sean estas sin ánimo de lucro. Los senadores de la oposición lograron mitigar este riesgo con los ajustes que se hicieron al texto conciliado.
Algo similar ocurrió en la dimensión de la autonomía universitaria, en donde la última versión del texto del proyecto de ley incluye varios apartes que pretenden protegerla de las evidentes intenciones de que el Estado asuma un rol protagónico en el gobierno de las entidades de educación superior. Esto bajo un esquema en el que se puede terminar abusando de la democracia participativa, en menoscabo de las mismas instituciones.
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Finalmente, en el texto conciliado y gracias al acuerdo que se alcanzó en su momento, se logró reivindicar la importancia de la formación técnica vocacional y otras formas de lo que localmente denominamos formación y educación para el trabajo.
Este cambio no hace nada distinto que seguir la buena práctica internacional y acatar una de las más importantes recomendaciones de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) de las Naciones Unidas.
En este punto vale la pena destacar que la ley estatutaria es tan solo el primer paso para la gran reforma al sistema de educación nacional que promueve el Gobierno.
Fecode en marchas
Dicha reforma se seguirá tramitando en leyes y decretos que serán discutidos y promulgados durante los próximos dos años. Es en este contexto que el actual debate sobre la ley estatutaria toma tanta relevancia: aquí estamos estableciendo el norte y la orientación técnica e ideológica para la verdadera reforma que se avecina.
Resulta entonces lamentable que estando a pocas horas del debate final de esta ley, y en la víspera de su hundimiento, se hayan roto los acuerdos entre Gobierno, oposición y demás sectores involucrados.
El desenlace lo determinará entonces la votación en la plenaria del Senado, en un tema que por su trascendencia histórica debió ser resultado de uno de esos acuerdos nacionales de los que tanto nos hablan pero que tan pocas veces evidenciamos.
EDUARDO BEHRENTZ
Analista.
