Redacción
Noticias Popayán.
Material de más de 2000 casos en procesos de investigación de todo tipo, se verían afectados. Incluso, la fiscalía denuncia que se perdieron cientos de entrevistas de menores abusados y que los casos siguen en curso.
En la Unidad de Reacción Inmediata de la Fiscalía en Popayán, también funciona la sede de Medicina Legal, y ante ello, miles de casos podrían verse afectados porque reportan que se quemó, se perdió, se dañó evidencias incluso de casos de abuso contra menores, documentos, y hasta armas de fuego.
Esta sede del ente investigador sufrió dos ataques el día viernes.
Hasta allí en la tarde, llegó un grupo de personas a manifestarse. De ellos, varios jóvenes con capuchadas la agarraron a pedradas, le pintaron grafitis, alcanzaron a ingresar y hacer destrozos e intentaron incendiarla.
El Esmad llegó e intervino.
Parecía que la sede estaba a salvo, y algunos funcionarios empezaron a recoger evidencias, a revisar qué faltaba, cuando empezó el segundo ataque.
La furia se desató porque el Escuadrón Móvil Antidisturbios le lanzó la tanqueta a manifestantes de Primera Línea, que estaban en el andén de una casa lanzando piedras.
Pasadas las 6 de la tarde piedras, y elementos incendiarios fueron lanzados a la URI. El lugar se empezó a incendiar, los bombero no podían ingresar y los carros, 9, terminaron por incendiarse. El mayor riesgo era que explotaran.
Cuando ya había un daño en más de 40% de la estructura pudieron ingresar bomberos, la prioridad era enfriar los carros y camionetas.
Armas y evidencias perdidas
Este sábado el fiscal general Francisco Barbosa estuvo en Popayán, allí los funcionarios tuvieron que cumplir una jornada de limpieza, recuperación de evidencias.
Barbosa dijo que desde los armerillos se llevaron munición, que se perdieron armas de fuego.
En este sentido, el ministro Diego Molano dijo que se llevaron más de 50 armas de fuego y entre ellos, “15 fusiles”.
Estas armas, no solo eran del personal, eran también de incautaciones que estaban inventariadas, por eso ahora, deberán cruzar información con juzgados y policía para tratar de reconstruir varios procesos.
Son más de $20.000 millones en los daños en equipos y estructura.
Casos de abuso sexual y violencia
Barbosa, explicó que “estamos hablando de la perdida de información muy importante de archivo en donde reposaban las entrevistas que desde el año 2010 se habían hecho a niños violados”.
Las cámaras especializadas para las entrevistas y pruebas a los menores víctimas de violencia y abuso sexual, fueron “desvalijadas”.
“Frente al caso de la menor de edad fallecida cuya denuncia se hizo pública ayer, Fiscalía envió 2 fiscales a esta ciudad. Una de ellas experta en temas de género y con enfoque de niños, niñas y adolescentes, así como un equipo de Medicina Legal”: Fiscal Francisco Barbosa. pic.twitter.com/g2rshuTwbv
— Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) May 15, 2021
Sobre las armas de fuego, en Popayán piden dar claridad. Testigos señalan no haber vistos armas de las calles.
Lo que si quedó regado en el piso, fue parte de la marihuana que sacaron del sitio algunos manifestantes, según testigos eso sí lo sacaron manifestantes. Esa, era droga de evidencia incautada de procesos investigativos.
La Corte Suprema de Justicia también rechazó el daño y perdida de material, porque eso puede incrementar la impunidad.
Toda esa furia en parte se desató por los reclamos ante el caso de presunto que sufrió Alison, una menor aprehendida por cuatro agentes del Esmad el pasado 12 de mayo.
Sin embargo, la situación en las calles empeoró por la intervención del escuadrón de la policía y los civiles heridos, y un joven muerto.
La muerte de Alison en Popayán: aprehendida por agentes del Esmad, denunció abuso, apareció muerta en su casa y policía respondió
El fiscal dijo que lo ocurrido en la URI no fue una manifestación espontanea sino, “un acto de terrorismo”.
Anunció investigaciones por el caso de Alison, “Fiscalía envió 2 fiscales a esta ciudad. Una de ellas experta en temas de género y con enfoque de niños, niñas y adolescentes, así como un equipo de Medicina Legal”.
También, que investigarán la muerte del joven Sebastián Quintero, el viernes.
El ministro de defensa anunció “recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que permita dar con la captura de los responsables de las acciones vandálicas en la ciudad”.
