Recientemente, la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema condenó al exgobernador encargado de Vichada, Aurelio Castro Parra, como autor responsable de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales en concurso heterogéneo con el de peculado por apropiación.
Deberá pagar 78 meses (6 años y medio) de prisión, una multa de $185.158,760 y un pago de $315.325,677 por concepto de indemnización de perjuicios.
El proceso tuvo su origen, el 10 de septiembre de 2004, cuando la Fiscalía 31 Seccional de Puerto Carreño, ordenó Investigar al exgobernador encargado por presuntas irregularidades en la contratación de la prestación de servicios de salud para los municipios de La Primavera, Santa Rosalía y Cumaribo.
Parra, para el año 2003, fecha en que se desarrollaron los hechos, se desempeñaba como Secretario de Gobierno, salud y Gobernador encargado del Departamento de Vichada.
El 18 de septiembre de 2003, suscribió un contrato con Jesús María Bacca, quien era representante legal de la IPS Medicina Integral, cuyo objeto era la prestación de servicios de salud de segundo nivel y especializada a la población vulnerable de los municipios de La Primavera, Santa Rosalía y Cumaribo, por más de $417.000.000 sin verificar el cumplimiento de los requisitos legales en la fase precontractual y por el doble del valor del costo de servicios ofrecidos, los cuales ascendían a $208.500.000.
Según la acusación de la Fiscalía General, en cuanto al delito de peculado por apropiación, Parra suscribió el acuerdo de voluntades en cuantía de 417 millones de pesos, el doble de su valor permitiendo la apropiación de dineros en cuantía de $167.0005.000.
La sentencia de la corte, dice que Castro Parra, siendo también secretario de Salud encargado, avaló los estudios previos y los términos de referencia, carentes de soporte investigativo, técnico y económico, recomendó y eligió al contratista sin acreditar experiencia, capacidad física y financiera, el cual fue el único proponente pues las ofertas presentadas por otros dos contratistas eran falsas.
El documento añade que, aprobó el plan de inversión del anticipo entregado a Bacca Ocampo; fungió como supervisor y, autorizó el pago del saldo final por más de 167 millones de pesos, sin que el contratista realizara un mayor servicio del propuesto.
Según la Corte Suprema, la Fiscalía, señaló que el exgobernador no se puede excusar en otros funcionarios por cuanto las pruebas demostraron que él mismo preparó la fase previa y la cadena de irregularidades que culminaron con la suscripción del contrato y su liquidación, comportamiento doloso que no es producto de un descuido, dada su condición de profesión abogado.